Actualizado: hace 2 horas.
11:37 AM - 23 de Junio de 2010
Por: Efe

En su resolución, con fecha del 26 de mayo y publicada este miércoles en su página de internet, la Corte señaló que Colombia violó los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, a la honra, dignidad, libertad de pensamiento y de expresión, libre asociación y derechos políticos de Cepeda.
"La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales", indicó el fallo.
Los jueces agregaron que esto "constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales".
"El planeamiento y ejecución extrajudicial del senador Cepeda, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP" (Partido Unión Patriótica, izquierda), agregó.
La Corte determinó que los agentes estatales "no sólo faltaron gravemente a sus deberes", sino que utilizaron su investidura oficial y recursos del Estado "para cometer las violaciones".
Además, afirmó que en lugar de que el Estado funcionara como garantía de protección a la víctima "se verificó una instrumentalización del poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que debieron respetar y garantizar".
Ante esto, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano conducir "eficazmente las investigaciones internas en curso y, de ser el caso, las que llegasen a abrirse para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la ejecución extrajudicial del senador Cepeda".
También ordenó protección y atención médica y psicológica a los familiares de Cepeda, así como prevenir que se desplacen o salgan del país a consecuencia de amenazas, hostigamiento o persecución.
El Estado también debe hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar y difundir una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Cepeda.
La Corte también ordenó el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial que en total suman 380.000 dólares a favor de los familiares del senador.
La audiencia ante el alto tribunal por este caso se llevó a cabo el pasado 27 de enero en su sede en Costa Rica, donde la parte demandante afirmó que el asesinato de Cepeda se enmarcó dentro de un plan para eliminar a la UP, que también incluyó la ejecución de "miles" de miembros y seguidores de la agrupación.
Ese día los representantes del Estado pidieron perdón a las víctimas por los hechos y reconocieron la responsabilidad internacional, pero negaron que el crimen haya sido parte de una política de Estado.
Las resoluciones de la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) son inapelables y de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo continental.
Habla hijo de Cepeda
Iván Cepeda consideró este fallo como "una condena internacional que va a abrir paso para que otras condenas se produzcan. Es un reconocimiento y una manifestación clara de que ese crimen tiene carácter de lesa humanidad".
"Es el primer caso de un político colombiano, en este caso un congresista, el primero de la UP" (partido Unión Patriótica), que sufrió en la década de los años ochenta y parte de la de los noventa el asesinato de "entre 3000 y 5000" de sus miembros, recordó este miércoles Cepeda.
Se trata -agregó- de "un triunfo en medio de múltiples adversidades y persecuciones, en un hecho que catalogaría de histórico, pues por primera vez se dice claramente en el concierto internacional que a los miembros de la UP los exterminaron (...) desde el interior del Estado".
Para Cepeda, en la condena "se hacen afirmaciones muy fuertes", pues la CorteIDH "señala que hubo una estructura organizada para el crimen" con participación de "miembros de la fuerza pública y miembros de los grupos paramilitares".
Fue, remarcó, "un crimen complejo en el que el Estado no garantizó la seguridad".
Iván Cepeda lidera el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y en las elecciones legislativas del 14 de marzo pasado ganó un escaño en la Cámara de Representantes, que asumirá el próximo 20 de julio, cuando se inicia un nuevo período en la legislatura colombiana.
Movice y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) destacaron en Bogotá en un comunicado, que se trata de la primera sentencia de la Corte relativa al homicidio de un líder de oposición en Colombia en la que además se aborda el exterminio de la UP.
En esa medida, añadieron esas organizaciones, "el fallo constituye una contribución a la construcción de la memoria y esclarecimiento histórico de la comisión de crímenes de Estado en Colombia".
Los familiares de Cepeda Vargas, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el mismo CCAJAR formularon un llamado al Estado colombiano "para que el espíritu de esta sentencia se proyecte en la adopción de garantías de no repetición".
Asimismo, abogaron por "la consolidación de un régimen en el que la libertad de expresión, la opinión crítica, la defensa de los derechos humanos y la oposición gocen de protección, plenas garantías para su ejercicio y sean concebidos como una contribución a la democracia y a la consolidación del Estado de derecho en Colombia".
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