Envían a prisión a cinco ex funcionarios del DAS por “chuzadas”

La jurista ordenó prisión provisional para los cinco ex funcionarios del DAS al confirmar su responsabilidad en las escuchas, seguimientos e infiltraciones que hicieron contra personalidades de la vida pública colombiana.

La jueza aceptó las conclusiones del fiscal del caso, Misael Ramírez, tras una audiencia de más de ocho horas que finalizó en la madrugada del domingo.

El fiscal argumentó que los ex cinco funcionarios constituían un grupo que, dentro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se encargaba de desarrollar esas labores de inteligencia por orden del Gobierno de Álvaro Uribe.

De esta forma, la jueza ordenó una "medida de aseguramiento de detención carcelaria" (detención preventiva sin beneficio de excarcelación) para estas personas, quienes, a su juicio, son un peligro para la sociedad y en libertad podrían interferir en el curso de la investigación.

Consideró que los cinco implicados "se aprovecharon de la calidad de mando" y expidieron órdenes escritas y verbales, por lo que calificó su decisión de encarcelarlos como "necesaria, adecuada y razonable para proteger a la sociedad".

La titular del juzgado 18 de Bogotá, cuya identidad no ha sido revelada, destinó a Tabares y Lagos, ex directores de inteligencia, a una guarnición militar de la Armada y dispuso que Rodríguez, ex directora operativa, y los funcionarios Murillo y Ospina, sean trasladados a la Escuela del DAS de Aquinindia.

Los abogados de los acusados, que se declararon este sábado inocentes, apelaron la decisión judicial y recurrirán al Tribunal Superior de Bogotá.

Pesa sobre ellos la acusación de los delitos de concierto para delinquir, prevaricación por acción y abuso de autoridad agravado.

En este nuevo capítulo del escándalo, conocido en Colombia como el de las "chuzadas" (escuchas), trascendió gracias al testimonio de un ex funcionario que el servicio de inteligencia cumplió órdenes procedentes de la sede del Ejecutivo, el Palacio de Nariño.

También se reveló que, aparte de escuchas y seguimientos, se hicieron infiltraciones de reuniones entre magistrados, se elaboraron perfiles de jueces y se calificó de "objetivos políticos" a la senadora Piedad Córdoba y al ahora candidato presidencial por el Polo Democrático, Gustavo Petro.

El DAS se encuentra en tela de juicio desde 2004, cuando los medios de comunicación ventilaron las actividades ilegales cometidas por el organismo, que depende directamente de la Presidencia.

Entre las víctimas de los seguimientos y escuchas ilegales están el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; la premio Nobel de Paz iraní Shirin Ebadi; funcionarios de las Naciones Unidas; magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema; ex comisionados de paz o el actual embajador ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

Bogotá