Estudiantes presos en Venezuela sufren tratos crueles, denuncian familias

Amnistía Internacional denunció que continúan impunes las violaciones de derechos humanos en las protestas ocurridas en Venezuela el año pasado y señaló que el sistema judicial de este país es objeto de interferencias por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Estas son algunas de las conclusiones del informe "Venezuela, los rostros de la impunidad", que la organización presentó en Madrid.
El estudio, realizado entre febrero y julio de 2014, documenta 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos durante las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Venezuela entre febrero y julio del año pasado, 27 de ellas todavía a la espera de juicio.
El informe hace referencia también a la detención, el pasado 19 de febrero, de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, "en circunstancias que sugieren que su detención está políticamente motivada", según la organización.
Entre los detenidos a la espera de juicio, Amnistía Internacional ha documentado cinco casos y "ha podido constatar que están detenidos arbitrariamente", entre ellos Leopoldo López, líder del grupo opositor Voluntad Popular, Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal (Táchira), y Rosmit Mantilla, activista LGBTI.
La investigadora sobre Venezuela, Nuria García, que trabajó en el informe, afirmó que han constatado que "la Fiscalía no ha presentado evidencias" contra ellos.
Respecto a la detención de Ledezma, afirmó que "teniendo en cuenta los antecedentes", "preocupa que su detención sea por motivos políticos".
AI afirmó en su informe que, "lejos de mostrar su compromiso con el respeto a los derechos humanos", el Ejecutivo de Maduro emitió en enero de este año una orden por la que hace competentes a las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, dijo que debe hacerse que las instituciones del Estado de Venezuela tengan" una clara orientación hacia la independencia y la imparcialidad".
En el ámbito internacional, sostuvo que "cualquier gobierno o institución que establezca interlocución con el gobierno de Venezuela debe poner el respeto a los derechos humanos en el centro de la agenda, incluyendo en esta agenda el que no haya impunidad ante los graves abusos de derechos humanos que han tenido lugar".
Afirmó que es importante que "Venezuela vuelva al ámbito internacional de la Corte Interamericana y que acepte las visitas del inspector de Naciones Unidas y que las víctimas tengan acceso sin represalias a estos sistemas de vigilancia”.
El informe recomendó que "se libere sin demora a las personas detenidas", que "las autoridades garanticen "el derecho a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos a la justicia y a una reparación adecuada" y que las autoridades se abstengan "de hacer uso de las Fuerzas Armadas en el control del orden público".
Amnistía Internacional advirtió que con la falta de compromiso con los derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas en los sucesos que se documentan, se corre "el riesgo de volver a producirse, en especial en un contexto de creciente descontento social".