La solicitud fue hecha por la defensa del excongresista, ante la Procuraduría General de la Nación y en la misma solicita anular el fallo que lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos.

Las petición pretende que "se ordene al Congreso de la República, el reconocimiento y pago de todos los sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos en general que haya dejado de percibir el demandante durante el tiempo que dure su retiro del cargo, dentro del mencionado periodo, con todas sus consecuencias jurídicas y bajo el entendido de no haberse producido solución de continuidad".

El Ministerio Público consideró una falta gravísima que el senador haya intentado usar su investidura para evadir un puesto de control de la Policía, en hechos ocurridos el 13 de mayo pasado, en Barranquilla.

En su fallo, explica el Ministerio Público que Merlano no solo infringió las normas de tránsito sino que intentó evadir las correspondientes sanciones influyendo sobre los policías.

Considera la procuradora delegada para asuntos disciplinarios María Eugenia Carreño que el congresista del Partido de La U ejerció esa coacción a través del comandante de Policía de Barranquilla, general Óscar Pérez.

Dice la Procuraduría que Merlano además mintió cuando llamó a la línea 123 y alegó ser maltratado por los policías en la capital del Atlántico.

El Ministerio Público dejó en firme la sanción contra Merlano el pasado 17 de octubre, en fallo de segunda instancia.