El proyecto, que tanto malestar ha despertado en la comunidad internacional, fue aprobado por 12 votos a favor y 3 en contra.

El senador Juan Manuel Galán (Partido Liberal), uno de los ponentes, explicó que el proyecto es importante y hace parte de toda una reforma a la justicia penal militar, al sistema y reglas de juego para el juzgamiento de miembros de la fuerza pública y de policía.

"Aquí no se pretende reformar la Constitución para que el fuero sea interpretado como instrumento de impunidad. No se trata de encubrir criminales, simplemente por ser miembros de fuerza pública. Es una garantía institucional", explicó el congresista.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que la iniciativa permitirá ejercer la labor constitucional que tienen las fuerzas militares.

"Soldados y Policías derraman sangre en todo el territorio y lo hacen para enfrentar terroristas y narcos. Eso lo hacen sobre la certeza que cuando utilizan fuerza, lo hace de manera legítima, y están cobijados por un marco legal jurídico", dijo el ministro.

Qué propone el Fuero Militar

El proyecto amplía la lista de delitos excluidos de la justicia penal militar de tres a siete: Además de genocidio, lesa humanidad y desaparición forzada, se agregaron, tortura, violencia sexual, ejecución extrajudicial (falsos positivos), y el desplazamiento forzado.

También se adicionó en esta ponencia que el Tribunal de Garantías sea el juez de competencia, para dar celeridad y agilidad a las investigaciones. Este Tribunal estará integrado por ocho magistrados, de los cuales cuatro serán miembros de la Fuerza Pública en retiro, escogidos de ternas que envíe el presidente de la República.

El resto de integrantes, dos serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, y dos por la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno.

Se conforma una comisión técnica, como órgano consultivo, pero en caso de duda, determine la competencia.

Se crea un fondo para la defensa de militares, es especial de soldados y policías, que no tienen buenos salarios, y les congelan los sueldos cuando son investigados y tienen medida de aseguramiento.

En cualquier caso, el Tribunal de cierre del proceso, por alguna casación, será la Corte Suprema de Justicia.

Marco Jurídico

Cuando la conducta de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario.

Faculta por tres meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el Acto Legislativo.