El tema se remonta a cuando el actual funcionario representó en calidad de abogado a un grupo de ciudadanos en milllonarias demandas contra el Distrito, por la caída del relleno de Doña Juana que provocó una emergencia ambiental en 1997.

Por este hecho, el 24 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Nación con el pago de 1.600 millones de pesos de indemnización de los ciudadanos que sufrieron las consecuencias del desastre y hace poco el Consejo de Estado emitió un fallo en contra del Distrito por un valor superior a los 227 mil millones de pesos.

Constituye para el Ministerio Público una falta gravísima que Asprilla haya mantenido esa calidad de apoderado pese haber ocupado una curul en el Concejo de Bogotá, y de haber asumido como director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -Uaesp- y posteriormente como secretario de Gobierno de la Alcaldia de Gustavo Petro.