“El 30 este alcalde sale por esa puerta y deja de ser alcalde”: Petro

Gustavo Petro dijo que calculaba que para el 29 de enero el fallo de la Procuraduría General llegaría a la Presidencia para que el mandatario Juan Manuel Santos emita un decreto ratificando la decisión, un decreto que aseguró no creía que se demorara mucho en firmar.

Dado que hay varias acciones judiciales en tribunales locales contra el dictamen de la Procuraduría, y a la vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los tiempos y la suerte del alcalde son inciertos.

Sin embargo, los abogados del alcalde han instado a que la CIDH emita esas medidas cautelares lo más pronto posible, pues en caso de que se emita antes el decreto ya no habrá nada más que hacer.

Con su destitución del cargo no solo "quieren vulnerar los derechos de un alcalde elegido, sino la democracia misma... Se está definiendo si este país es una democracia o no", dijo Petro desde un balcón de la sede de la alcaldía, ubicada frente a la Plaza de Bolívar, donde se congregaron cientos de personas.

"Estamos en la semana del desenlace... El 30 este alcalde sale por esa puerta y deja de ser alcalde", indicó para agregar de inmediato que lo único que detendría tal decisión era la justicia y las manifestaciones.

"Lo único que va a detener que el alcalde y lo que representa salga por esa puerta... es la justicia y la multitud y no nos queda sino una semana", añadió. "No nos podemos cansar... Y entonces las multitudes tienen que salir en Bogotá en esta semana definitiva".

Petro, un exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), mantiene una batalla legal desde que el pasado 13 de enero la Procuraduría General ratificó un fallo del 9 de diciembre para destituirlo del cargo y prohibirle hacer política por 15 años debido a faltas administrativas contra la libre empresa y competencia al decretar un cambio en el sistema de recolección de basuras de la ciudad en diciembre del 2012, cuando la ciudad se vio desbordada por los desechos durante tres días.

En el laberinto de normas del sistema jurídico colombiano, el fallo de procurador general, Alejandro Ordóñez, ha sido demandado por los abogados y simpatizantes de Petro ante tribunales locales, mientras que el alcalde también ha pedido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, con sede en Washington, para que suspenda el dictamen.

Petro, quien asumió el cargo primero de enero del 2012 y hasta el 21 de diciembre del 2015, dijo en su discurso de hora y media que no se aferraba al cargo ni se "atrincheraría" en la alcaldía, sino que estaba defendiendo el voto popular en la ciudad más importante del país, con ocho millones de habitantes.

En la plaza se mantiene desde fines del año pasado, en unas carpas improvisadas, cerca de un centenar de personas, entre vendedores ambulantes, desplazados y algunos indigentes.

El número de carpas ha ido creciendo hasta unas 36 actualmente, que, según las autoridades del distrito, serán retiradas. A pesar de contar inicialmente con el visto bueno de la alcaldía, ahora las autoridades también han considerado que se ha invertido en limpiar la plaza de pintadas y basuras y por tanto serían retiradas, pero no ha especificado la fecha ni el monto que se ha gastado.

"Nosotros estamos aquí desde el 9 de diciembre de 2013 y no sabemos hasta cuándo vamos a permanecer aquí, mejor dicho la fecha no la tenemos especificada y estamos en el proceso de construcción de país", dijo Martín Andrés Mosquera, de 26 años, y uno de los voceros de lo que llaman "Aldea de Paz Bacatá" o el grupo de carpas. Indicó que tienen sus propios reclamos -como defender la economía popular o de pequeños vendedores-, aunque algunos de ellos también apoyan a Petro.