Fiscalía ordenó inspección judicial a Procuraduría por caso Petro

El fiscal Eduardo Montealegre manifestó desde el Club El Nogal que se verificará la decisión de Alejandro Ordóñez de destituir e inhabilitar al alcalde Gustavo Petro por 15 años por la implementación del nuevo sistema de recolección de basuras en diciembre de 2012. <>
Por ello, informó, se ordenó la inspección judicial al ente disciplinario para establecer "qué tipo de pruebas se practicaron y qué argumentos tuvo la Procuraduría para imponer la decisión" que ha generado polémica no solo en capital en la capital colombiana.
Una comisión de la Fiscalía hizo una inspección en el Ministerio Público, específicamente en la oficina del procurador delegado Juan Carlos Novoa. 
Desde el 18 de diciembre de 2012 y durante varios días, Bogotá estuvo inundada de basuras por las dificultades para que entrara en vigor el nuevo sistema.
El alcalde Petro no renovó el contrato de cuatro operadores privados y puso la tarea en manos de un operador público, que acabó necesitando la ayuda de las anteriores empresas.
Miles de personas se han congregado en los últimos dos días en la Plaza de Bolívar para apoyar a Petro, quien convocó a participar el viernes en "la mayor movilización popular en la historia de Bogotá".
Ante este anuncio, la Personería Distrital advirtió que el burgomaestre no puede usar las vías de hecho para pronunciarse frente al fallo.
Reacciones ante el fallo
El representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, pidió una cita al procurador para hablar de la jurisprudencia existente a nivel internacional sobre funcionarios elegidos democráticamente.
"En este caso podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él", agregó.
El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, pidió a la ONU que se mantenga al margen: "Que pidan una audiencia no le veo ningún problema, pero que se inmiscuyan en las decisiones de orden disciplinario sí le veo problema", afirmó.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, propuso el lunes revisar las competencias de la Procuraduría para la destitución de cargos públicos elegidos por voto popular.
Las protestas y la petición de la ONU se sumaron a la incertidumbre y a los movimientos de distintos políticos que mueven fichas para la batalla por la Alcaldía que quedará vacante si no se revierte la decisión del procurador.
¿Candidatos a la vista?
Y es que de avanzar el proceso contra Petro, quien ha pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se convocarían elecciones entre febrero y marzo.
Entre los que han expresado públicamente su interés por el cargo están el exalcalde Antanas Mockus, quien disputó la Presidencia con Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010, y Antonio Navarro, aliado de Petro y quien fue durante algunos meses su secretario de Gobierno.
Y muchas voces apuntan a Francisco Santos, quien fue vicepresidente durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), como el más interesado en llegar a la Alcaldía, aunque pidió "serenidad" en "un momento institucional y no electoral".
Mientras tanto, Petro, que sigue gobernando desde su despacho, expidió varios decretos de última hora como el que establece un subsidio de transporte a la población de más bajos recursos o el que ubica las primeras estaciones del metro.
Y desde La Habana, la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que negocia la paz con el Gobierno acusó al procurador de asestar "otro grave golpe contra el proceso de paz".
"De un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente", denunció la delegación sobre la destitución de Petro, un exguerrillero del M-19.