ONU eleva a 3000 las ejecuciones extrajudiciales en Colombia

El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, reconoció que "en 2010 se confirmó una drástica disminución", pero detectó un retroceso en materia judicial por la falta de colaboración de la Justicia militar.

"Hasta la fecha conocemos un universo de 2.500 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero de acuerdo a los datos existentes sobre casos y víctimas estimamos que más de 3.000 personas pudieron ser víctimas", afirmó Salazar.

Y "el 89 por ciento de todos los casos que conocemos se produjo en ese lapso, de 2004 a 2008", agregó, en alusión a la mitad del mandato de Uribe, quien gobernó entre 2002-2010.

El representante de la ONU se refirió así al escándalo de los "falsos positivos", como se denominan en Colombia a los civiles asesinados por el Ejército y presentados como muertos en combate para justificar éxitos en la confrontación armada.

Salazar aclaró asimismo que "las sentencias dictadas hasta la fecha confirman que las denuncias no eran falsas como habían sostenido algunos políticos y militares", sino que por el contrario estos crímenes se cometieron de forma sistemática.

Y expresó la preocupación del organismo por la lentitud, cada año más acentuada, en el traslado de estos casos desde la justicia militar a la ordinaria: "en 2008 se trasladaron 414 casos, en 2009 otros 267 casos y hasta agosto de 2010 fueron 102".

Además observó que "las destituciones y traslados de algunos jueces penales militares podrían estar motivadas por su colaboración con la justicia ordinaria".

Bandas criminales, principales impulsoras del terror en Colombia

Las nuevas bandas criminales fueron las principales impulsoras del terror en Colombia y provocaron un incremento del 40 por ciento de las masacres en 2010, según la ONU, que, al tiempo, destacó avances en las políticas de derechos humanos desde que Juan Manuel Santos asumió la Presidencia.

El representante en Colombia de la ONU, Christian Salazar, dijo que estos grupos, denominados bandas criminales o "bacrim" por el Gobierno, cometieron "homicidios, amenazas, extorsiones y actos de violencia sexual, y provocaron desplazamientos forzados individuales y colectivos".

Salazar consideró "particularmente preocupante" el aumento del 40 por ciento de las masacres el año pasado, la mayoría a manos de estas bandas.

Para el funcionario, estas organizaciones, nacidas a partir de la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tienen "elementos de continuidad" con los antiguos paramilitares.

"Muchos mandos medios de las AUC tomaron posiciones clave en estos nuevos grupos", dijo, al expresar que alrededor del 50 por ciento de los actuales jefes provienen de los escuadrones de la muerte.

Aclaró que sus víctimas son líderes sociales, defensores de los derechos humanos, funcionarios públicos, indígenas y aquellos que simplemente se niegan a colaborar o solicitan la restitución de las que tierras que les habían usurpado.

Asimismo, alertó del uso de niños y adolescentes en actividades delictivas, incluido el sicariato, y también por la violencia sexual contra las mujeres en este contexto de conflicto.

Reforma al DAS por falta de control

La ONU exhortó hoy al Gobierno colombiano a hacer reformas urgentes en su agencia de inteligencia porque, dice, "existe un peligro" derivado del "vacío de control democrático", tras afirmar que en 2010 se siguieron presentando denuncias sobre seguimiento ilegal a organizaciones civiles.

El organismo concluyó que la información que ha recibido le permite "confirmar la existencia de un patrón de escuchas, seguimientos y hostigamientos sistemáticos realizados por funcionarios del DAS, bajo órdenes de sus superiores, a quienes informaban de los resultados".

Asimismo, advierte de que el avance de las investigaciones parece indicar que los grupos de la central implicados, entre ellos el de Observación Nacional e Internacional (Goni), "fueron estructuras formalmente constituidas al interior de la institución".

"Estos hechos, como los denunciados en 2009, siguen en la impunidad", aclaró la ONU.

Salazar apuntó a que el Gobierno y demás instituciones colombianas, como la Procuraduría y el Congreso, deben "avanzar en un centro de control de datos y en establecer un mecanismo de depuración de archivos".

Además exhortó al Gobierno a que "las investigaciones avancen para condenar a los responsables del DAS por sus crímenes".

El Alto Comisionado se refirió al escándalo que salió a la luz en 2009 por el cual se determinó que el DAS había hecho espionaje ilegal a magistrados, opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.

La trama es investigada por la Fiscalía, la Procuraduría y el comité de la Cámara de Representantes responsable de indagar la conducta del jefe del Estado.

Varios antiguos cargos medios del DAS han admitido que la campaña de espionaje fue ordenada desde la Casa de Nariño, la sede del Ejecutivo colombiano, durante los dos gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Entre los implicados en las investigaciones están cuatro exdirectores del DAS, incluida María del Pilar Hurtado, que a finales del año pasado recibió asilo político en Panamá, lo mismo que antiguos colaboradores cercanos de Uribe.

Hurtado y el también abogado Bernardo Moreno, que ejerció como secretario general de Uribe, fueron sancionados a finales del año pasado por la Procuraduría General, que los destituyó de manera retroactiva y los inhabilitó para cargos públicos por 18 años.

Bogotá