Más de tres mil personas de la tercera edad no cuentan con redes de apoyo familiar en Medellín

Esta población recibe atención en diferentes centros para el adulto mayor de la ciudad.

Luz Amanda tiene 70 años y llegó desde hace cinco al albergue Colonia de Belencito, debido a que se encontraba sola y es oxígeno dependiente.

“Yo tengo un hijo que él se fue para Venezuela hace muchos años, y yo perdí contacto con él por completo, no sé nada de él, y tengo tal vez primas que viven en mi pueblo, yo soy de San Roque, Antioquia, posiblemente viven por allá por mi vereda", contó Luz Amanda.

La historia de Orlando Muñoz es similar, tiene dos hermanos a quienes no ve desde hace varios años, nunca tuvo hijos y se encuentra enfermo de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), razón por la cual llegó al albergue donde además de recibir atención, dicta clases a sus compañeros de la tercera edad.

"Estoy enseñándole a mis compañeros a escribir, a hacer unas sumitas leves, a leer, es como un primero elemental cuando uno estaba en la escuela que no conocía ni las vocales allá hay adultos que están aprendiendo y son muy participativos”, expresó Orlando.

Como ellos, son más de 3000 personas las que reciben atención en los centros de larga estancia en Medellín, entre los que también se brindan apoyo de estadía nocturna.

“¿Por qué llegan estás personas allá?, porque encontramos que no tienen red de apoyo, encontramos que el hogar donde están viviendo no cuenta con las condiciones económicas y son trasladados a estos puntos, sin embargo, la alcaldía no puede determinar que esas personas estén o no en situación de abandono, esto es un delito que entra a tipificar la Fiscalía", señaló María Paula Domínguez, subsecretaria de grupos poblacionales de la Secretaría de Inclusión.

En el 2017 fue sancionada la ley 1850 que protege al adulto mayor que esté sometido a condiciones de abandono. 

En Medellín la Fiscalía llevo a cabo un proceso de judicialización el año pasado dónde se registró la primera penalizaron por este delito, que es castigado con una multa de uno a cinco salarios mínimos legales vigentes o una pena de 4 a 8 años de cárcel.