Desde el año 2017 las poblaciones de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao luchan porque se cumpla la sentencia T302 de la Corte Constitucional.
En este documento, el alto tribunal declaró el estado de cosas inconstitucionales ante la vulneración de derechos fundamentales del pueblo wayú.
El Gobierno leyó un reporte ante los magistrados del tribunal superior de Riohacha donde detalló los avances del Estado en La Guajira.
Para Custodio Valbuena, representante de la zona norte del departamento, “en esta audiencia solo estuvimos escuchando los informes estadísticos”.
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Elimenes Zambrano, representante territorial de la zona norte extrema de la Alta Guajira, sostuvo que sobre los avances gubernamentales “el acceso de agua apenas está en proyección, los dos pozos en el corregimiento de Castilletes, zona fronteriza, y Punta Espada; en tema de educación y alimentación escolar, básicamente, no se ha ampliado la cobertura”.
Matilde López Arpushana, líder wayú, sostuvo que “las respuestas de las entidades nacionales han sido de forma generalizada y no se están teniendo en cuenta las pequeñas parcialidades, teniendo en cuenta que en La Guajira hay muchas comunidades indígenas”.
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En una de sus intervenciones, la Defensoría del Pueblo enfatizó en que aún hay vulneración de la salud en estos territorios.
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