La víctima denunció y la Sijín realizó un operativo cuando los uniformados iban a recibir cinco millones de pesos. Les dieron casa por cárcel.
Hasta un local ubicado en la localidad de Usaquén llegaron los dos funcionarios, según la Fiscalía, para reclamar la suma que habían pactado con el comerciante para no imponer un comparendo ambiental.
Aunque no aceptaron los cargos, Samir Andrés García y Jesús Arias Zabaleta fueron enviados a detención domiciliaria por el delito de concusión.
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