La Corte consideró que, pese a su trayectoria laboral, formación y el hecho de haber ocupado uno de los más altos cargos de la Fiscalía, el acusado cometió delitos con plena conciencia.
Tras un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exfiscal Alfredo Bettín por retardar formulación de imputación contra Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca.
La corte resolvió condenar a Bettín “en condiciones civiles y personales conocidas en el proceso como autor responsable del delito de prevaricato por omisión con la sanción del delito de abuso de autoridad por acto arbitrario injusto”.
La condena implica una multa de segundo grado, “la pérdida del cargo público para el cual fue nombrado, y que desempañaba hasta la fecha de la comisión de los hechos, y la inhabilidad por 450 días para desempeñar cualquier cargo público u oficial”.
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De acuerdo con Ariel Augusto Torres Rojas, presidente de la Sala Especial de Primera Instancia, los actos cometidos por Bettín son de total gravedad en cuanto afectan de manera directa “el bien jurídico de la administración pública y la imagen de la administración de justicia".
#SentenciaAnticipada. Tras #Preacuerdo con @FiscaliaCol, #SalaDePrimeraInstancia de @CorteSupremaJ condenó a exfiscal Alfredo Bettín por retardar formulación de imputación contra exgobernador del @GobValle. Bettín será testigo en procesos penales del caso. https://t.co/Ra9IGUlzN9 pic.twitter.com/kukfdPy0eg
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) February 19, 2020
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“La intensidad del dolo con la que actúa el acusado es bien marcada debido a que su trayectoria laborar de 37 años en la Rama Judicial, su formación académica y el hecho de ejercer uno de los más altos cargos de la Fiscalía lo hacían conocedor de la gravedad de su comportamiento”, dijo.
Según indicó Torres Rojas, esto no obstó para que con plena conciencia y voluntad, Bettín cometiera el delito.
La imputación respecto de la cual el exfiscal aceptó cargos está relacionada con que, en su momento, le fue asignado a su despacho el proceso contra Juan Carlos Abadía Campo por presuntas irregularidades cometidas en el trámite del Convenio de Cooperación de Interés Público.
El mismo estaba suscrito entre el departamento - Secretaría de Educación del Valle - y la Fundación Calimío, cuyo objeto fue la dotación cofinanciada de bibliotecas escolares en el departamento, por un valor $1.072 millones.
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