Centro Democrático le responde a la ONU y dice que no es “obstáculo para la paz”

Entre tanto, este miércoles será votado el proyecto del código de la JEP en medio del disenso por un artículo propuesto por el uribismo.

Una lluvia de impedimentos aprobados ambientaron el debate del código de la JEP, fueron en total 27, que reconfiguraron el quórum decisorio en 36 votos.

Con ese escenario, se aprobó el informe de la ponencia.

Fue entonces cuando Roy Barreras lanzó, lo que él llama, un pase gol al gobierno a través de una proposición.

"Que acoja y apruebe el texto de Cámara, sin modificaciones, de manera que evitemos la conciliación. Está sobre la mesa, ruego que la ponga a consideración, tenemos los votos de manera que podamos resolver de una vez este limbo de la JEP", señaló.

Pero el gobierno pidió retirar la proposición con el fin de intentar por última vez llegar a un acuerdo con el Centro Democrático.

"Y si no logramos acuerdo, como yo creo que no lo vamos a lograr, en los artículos sobre extradición y en los artículos sobre el congelamiento de la comparecencia de los miembros de la fuerza pública que ese desacuerdo quede consignado en el informe y que sean ustedes democráticamente quienes diriman ese desacuerdo", señaló Guillermo Rivera, ministro del Interior.

La discordia está en un artículo nuevo en el que el Centro Democrático busca que se congele, mientras adelantan una reforma constitucional, los procesos en contra de los militares en la JEP y la restricción en participación política de quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.

“Esa reforma tiene diferentes formas o procedimientos para hacerse, una a través del Congreso y otra a través del referendo. Son las alternativas que la propia constitución ofrece", indicó la senadora Paloma Valencia.

ONU exhorta al Congreso a reglamentar la JEP

Horas antes se presentó un cruce de comunicados entre el Centro Democrático y Naciones Unidas. El partido rechazó que la ONU calificara sus observaciones al proyecto como "obstáculos en el proceso de paz".

La ONU exhortó este martes al Congreso de Colombia a que apruebe la reglamentación del sistema de justicia surgido del pacto de paz con las FARC para juzgar a responsables de los crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado.

"La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia hace un llamado a las instituciones del Estado competentes y a las fuerzas políticas para que remuevan los obstáculos que siguen impidiendo que el proceso de paz de Colombia cumpla con su compromiso con la justicia y el derecho de las víctimas", indicó el organismo en un comunicado.

Aunque la Justicia Especial para la Paz (JEP) comenzó a operar a mediados de marzo, aún falta que el Congreso, en el que el oficialismo ha perdido las mayorías, apruebe las reglas de procedimiento que otorgan "seguridad jurídica" a las decisiones de los magistrados.

"Es hora de que las víctimas puedan beneficiarse sin más demora de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz sobre la rendición de cuentas de las personas que se someten a la JEP", agregó la ONU.

La JEP, que en principio operará por diez años, fijará las penas para los exguerrilleros y militares responsables de graves y masivas violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Suscrito a finales de 2016, el pacto que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.

La JEP revisará las confesiones de culpabilidad y, si concuerdan con las investigaciones judiciales, impondrá condenas alternas que irán de los cinco a los ocho años y que podrían, por ejemplo, obligar a un exguerrillero a ayudar durante este tiempo a una comunidad afectada por sus acciones.

Aquellos que mientan o no confiesen todos sus delitos podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.