El alto tribunal enfatizó que ni la emergencia por el coronavirus permite otorgar esa función a los delegados del Ministerio Público.
La decisión se dio al fallar una tutela que interpuso un abogado de familia en representación de un grupo de menores de edad que está en proceso de adopción.
En ese mismo fallo, el alto tribunal reiteró su preocupación por la decisión del Gobierno de otorgarle ese tipo de funciones a los procuradores de familia.
De acuerdo con la Corte, ni siquiera la emergencia derivada por el COVID-19 permite otorgar esa función a los delegados de la Procuraduría.
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El ejecutivo había entregado a los procuradores de familia esa facultad de estudiar el proceso de adopción de esos 25 menores que tienen estancada la definición de su futuro por la suspensión de los términos judiciales que ordenó la judicatura por cuenta de la emergencia.
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