El Tribunal Administrativo del Chocó consideró que se falló al proteger a la población, tras la masacre ocurrida el 2 de mayo de ese año.
El alto tribunal responsabiliza al Estado colombiano por la omisión en la protección de la población civil después de la masacre ocurrida hace 17 años, por eso lo condenó a indemnizar con más de 312.000 millones de pesos a 1.195 personas que resultaron desplazadas.
“Creo que se sigue demostrando y ratificando un poco todas las fallas o las faltas del servicio de seguridad que para aquella época no se brindó en el municipio de Bojayá y se generaron todas estas consecuencias”, indicó Yuber Palacios, abogado de las víctimas de Bojayá.
El representante de las víctimas también le pidió al Estado cumplimiento con el fallo del tribunal y pedir excusas públicas al pueblo de Bojayá.
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“No única y exclusivamente por el hecho del dos de mayo sino por todos los hechos victimizantes que han ocurrido con anterioridad del 2002 y después del 2002”, agregó Palacios.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, resaltó que aunque no conoce el fallo del tribunal del Chocó, la intención del gobierno es cumplirle al pueblo.
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“El gobierno sabe que hay una serie de fallos que benefician a las comunidades del Chocó y que han sido reiteradamente retrasadas en su ejecución y por eso dentro de todas las acciones está el cumplimento de todos estos fallos”, indicó Gutiérrez.
Según la Defensoría del Pueblo, actualmente hay cerca de siete mil personas de las comunidades afro e indígenas confinadas en Bojayá por la violencia provocada por el ELN y las Autodefensas Gaitanistas que se disputan los territorios dejados por las FARC en el 2017.