Exigen perseguir a verdaderos responsables de deforestación y no a quienes talan uno o dos árboles

Pese a los anuncios del Gobierno para frenar esta problemática en el país, Dejusticia aseguró que autoridades nunca llegan a quienes llevan a cabo grandes talas.
En regiones como la Amazonía, donde se encuentra el Parque Nacional y Natural de la Serranía de Chiribiquete el horror de la deforestación quedó captado en impactantes imágenes.
El pasado 25 de abril en Cachicamo, vereda de San José del Guaviare se realizó un operativo ejecutado por el Ejército que logró la captura de 14 personas que fueron trasladas y procesadas por, supuestamente, haber invadido y deforestado parte de esa zona protegida.
Tras estas detenciones el centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia, aseguró que con este tipo de acciones se está viendo un trato desigual y arbitrario para poblaciones específicas, como en este caso de campesinos.
"Las acciones judiciales y militares son necesarias, pero pueden resultar ineficaces si solo se concentra en las cadenas más débiles de la deforestación, que son campesinos empobrecidos, mientras las partes más fuertes de la deforestación son los acaparadores de tierras, agentes de la concentración de tierra y agentes de la corrupción en estas localidades que no les pasa nada", explicó Carlos Olaya, investigador de Dejusticia.
El investigador asegura que el pasado 4 de mayo, una comisión de verificación compuesta por ONG y organizaciones campesinas de la región, visitó el lugar y publicó un informe donde muestra que las fincas intervenidas estaban en el borde del Parque Nacional de Chiribiquete y eran habitadas por campesinos, antes que la zona hiciera parte del área protegida.
"Nos preocupa que hay muchas arbitrariedades según ese informe, se dejó a estos campesinos a la deriva, se les transportó desde donde tenían su residencia hasta San José del Guaviare y se les proceso, sin ninguna asesoría legal y quedaron a la deriva, no tienen medios permanentes, ni viviendas residentes", aseveró Olaya.
La Fiscalía confirmó que en el operativo fueron capturadas 10 personas, de las cuales siete quedaron en libertad, pero con la obligación de presentarse mensualmente ante el juez que les adelanta los procesos.