Según el fiscal general, con esta medida se pretenden evitar aplazamientos continuos de audiencias y así contrarrestar el alto porcentaje de impunidad.
Barbosa presentó en la cumbre de gobernadores una propuesta para evitar traumatismos por cuenta del ya conocido vencimiento de términos que pone en libertad a los detenidos de manera preventiva.
La medida aplicaría, principalmente, en procesos donde las víctimas sean niños, mujeres y la administración pública.
Según la Corporación Excelencia en la Justicia, de los 18.975 casos que llegaron a juicio en el 2018, 10.048 resultaron en absoluciones y 8.927, en condenas. Es decir, en un 53 % de los casos la Fiscalía no logró demostrar su hipótesis.
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Barbosa dijo que su iniciativa sería impulsada en el Congreso y advirtió que cambiaría la dinámica de justicia en el país. “Si perdemos la batalla contra el delito, Colombia estaría ad portas de la ruptura de su propio estado de derecho”, afirmó.
Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad en América Latina, según el índice global que periódicamente realiza la Universidad de las Américas Puebla, de México.
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