La JEP avanza en sus pesquisas para establecer la verdad sobre falsos positivos

Magistrados han desempolvado archivos y han escuchado a testigos amenazados y a militares. Todo para desentrañar la muerte de 2.248 colombianos.

La Jurisdicción Especial para la Paz avanza en sus pesquisas para desentrañar la verdad de los mal llamados falsos positivos en colombia.

Noticias Caracol conoció que ya ha escuchado las versiones voluntarias de 80 militares activos y retirados que van desde soldados hasta coroneles y que han desmenuzado, en descarnados testimonios de hasta ocho horas, los roles ilegales que muchos de ellos tuvieron en el capítulo de las ejecuciones extrajudiciales.

Versiones recogidas por los despachos de los magistrados Catalina Díaz, Óscar Parra y Alejandro Ramelli en ciudades como Medellín, Cali, Villavicencio, Valledupar y Yopal.

Para armar el rompecabezas, los investigadores cruzaron reportes judiciales, informes de las víctimas, alertas de Naciones Unidas o de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y directivas cuestionadas del alto mando militar.

Sobre todo en el periodo entre 2002 y 2008, cuando los números se desbordaron. También desempolvaron versiones de exjefes paramilitares en Justicia y Paz, se priorizaron regiones en donde ese fenómeno fue crítico, como Antioquia y el Meta y, todo eso junto, derivó en que varios altos oficiales, generales incluidos, tendrán muy seguramente que dar explicaciones.

Pero allanar el camino de la verdad no ha sido fácil. Varios militares han sido amenazados y sus familias están en máximo riesgo.

Este noticiero pudo establecer que al menos cuatro testigos que han venido contando lo ocurrido con sus superiores han sufrido de seguimientos y atentados concretos. De hecho, sus estudios de seguridad arrojaron que tienen un riesgo extraordinario de muerte.

A ellos y a algunos abogados que los representan, la JEP les decretó medidas cautelares. A dos de estos comparecientes la Unidad Nacional de Protección les brindó tres meses de protección, un auxilio económico para trasladarse de su residencia, un botón de pánico y un celular.

Pero en otros dos casos la UNP sigue valorando si puede prestar protección a testigos de falsos positivos o si es la Fiscalía la que debe hacerlo. ¿Quiénes quieren silenciar estas verdades?, se preguntan en la JEP.

Entre tanto, los números sobre los falsos positivos ponen en contexto la magnitud de la tragedia. Según la Fiscalía, se han identificado 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. Por estos hechos han sido procesadas 5.626 personas, de las cuales 3.826 son soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles que oficiaron en su mayoría como reclutadores.

Detrás de cada cifra sobre este capítulo de violencia hay una historia y un drama.

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