Se trata de congresistas que estarían recibiendo coimas de los proyectos que ellos mismos impulsan.
De los 33 congresistas cuyas acciones investiga la Fiscalía, Antonio José Correa, segundo vicepresidente del Senado, fue el primero de esa corporación que resultó salpicado.
El alcalde del Peñol, Bolívar, puso en evidencia los aparentes hechos de corrupción en la construcción de una cancha mediante un convenio por más de $3.000 millones.
Esto fue lo que reveló: "en los proyectos de inversión de estos cupos solo la mitad se queda en la región: hay que pagarle un 12% al congresista, y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región".
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El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló cómo sería la repartición de las coimas. Estos cobros “oscilaban entre el 12% y el 25% que se apropiaron de recursos que les correspondían a sus comunidades".
Atlántico, Córdoba y Arauca están entre los departamentos donde la Fiscalía ha detectado la llamada mermelada tóxica.
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