Ni a la Fiscalía ni al Gobierno les cuadran cuentas de bienes entregados por las FARC

Para el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa, la antigua guerrilla no ha sido transparente en este proceso.
“Primero, no han actuado transparentemente y, segundo, nunca creyeron que el Estado colombiano les iba a investigar las propiedades que para ellos sí tienen mucho valor; creyeron que como venían ocupando un terreno baldío o como tenían esto a nombre de testaferros no íbamos a llegar a investigar”, señala el superintendente Jairo Mesa.
Según el superintendente de Notariado y Registro, la FARC es dueña real de 900 mil hectáreas, es decir, 9 mil kilómetros cuadrados de tierra. Algo así como todo el departamento del Quindío o toda la sabana de Bogotá.
“Estamos hablando de 900 mil hectáreas con diferente valor, uno le puede poner en promedio un  millón de pesos a cada hectárea, o sea que ahí tenemos casi un billón de pesos que pueden costar estos bienes”, agrega Mesa.
La tesis del alto funcionario es que la FARC está ocultando su fortuna. Con una gravedad: de los 698 predios ofrecidos por ellos para indemnizar a las víctimas, el Estado solo ha podido identificar 25: 11 inmuebles ubicados en Caquetá, 5 en Bogotá, 3 en Arauca, 2 en el Meta, uno en el chocó y uno en el Magdalena.
Todos esos bienes juntos apenas suman 66.540 hectáreas. ¿Y las 833 mil hectáreas restantes, qué?, se preguntó un investigador.
Para respaldar semejante denuncia el superintendente se apoya en una milimétrica investigación de cuatro años, adelantada en conjunto con el Ejército y la Fiscalía.
Tras cruzar registros públicos, testimonios de desmovilizados, la trazabilidad de los predios y las maniobras de supuestos testaferros, el gobierno de Iván Duque tiene por fin la radiografía de la fortuna en tierras de la FARC.
“Acumularon, ocuparon baldíos de la nación, despojaron tierra, ocuparon parques naturales, deforestaron todos estos parques, sembraron coca en esos parques naturales con resoluciones falsas del Incora y del Incoder, todas estas irregularidades ya las pusimos en conocimiento de la Fiscalía”, explica el funcionario.
El fiscal Néstor Humberto Martínez ha sido uno de los más ácidos críticos del inventario de predios que le hizo llegar la FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz, no solo por la vaguedad de la información, sino porque la antigua guerrilla considera que los 3.753 kilómetros de vías que construyó a lo largo y ancho del país para sus actividades ilícitas deben considerarse como parte de la reparación prometida.
En carta enviada a la JEP, el fiscal se opuso a esta petición y además señaló:
"La Fiscalía ha iniciado la extinción del derecho de dominio de activos de las FARC equivalentes a un poco más de un billón setecientos mil millones de pesos".
Noticias Caracol tuvo acceso a dos investigaciones que constituyen la columna vertebral de las fortunas escondidas de dos de los máximos líderes de la FARC. Se trata de Henry Castellanos Garzón, más conocido como ‘Romaña’, y Hernán Darío Velásquez, ‘el Paisa’. Y aunque hoy nadie sabe dónde están y muchos temen que hayan vuelto a sus andanzas, las autoridades sí saben dónde está parte de su riqueza.
Por ejemplo, a supuestos testaferros de ‘Romaña’ ya les incautaron 32 inmuebles ubicados en la retaguardia estratégica que durante años construyó como jefe del frente 40. Es decir, en los municipios de Mesetas, La Uribe, San Juan de Arama y La Macarena en el Meta, así como en Villavicencio y Fusagasugá.
En total, 16 predios no reportados por la FARC, ubicados en Boyacá, Huila, Guaviare, Arauca y Meta, ya están en proceso de extinción de dominio.
Este noticiero obtuvo el registro documental de estos inmuebles. La misma investigación encontró que un solo inmueble ocupado por las FARC, y que comprende los departamentos de Vichada, Guaviare y el Meta, tiene una extensión de 290.241 hectáreas.
En la otra orilla, la FARC tiene una versión muy distinta.
El líder de esa organización política, Pastor Alape, dice que es ridículo que les atribuyan un supuesto ‘conejo’ a la reparación a las víctimas.
Según Alape, aquí no hay marrullas ni torcidos para esconder riquezas. Al contrario, sostiene, siempre han contado la verdad:
“Siempre le hemos dicho al país: entregamos todo lo que disponíamos para la reparación, absolutamente todo. Nosotros no nos quedamos con ni un pedazo de tierra, ni un peso”, dice Alape.
De acuerdo con documentos oficiales aportados por la FARC, ellos entregaron bienes inmuebles que suman 241 mil hectáreas, 292 medios de transporte, 20.724 cabezas de ganado vacuno, 597 de ganado equino, 3.753 kilómetros de infraestructura vial, caletas, inversiones, enseres, armamento y 327 mil gramos de oro.
Un patrimonio de guerra, según ellos, que equivale a 963.241 millones de pesos. Cifras que distan mucho de las que tiene el gobierno.
“Las FARC no eran una organización legal y por tanto no podía tener ni títulos ni ningún tipo de registro. Hay algunas tierras que se compraron por milicianos u otras personas que tenían sus títulos. Todo eso se puso a disposición del gobierno”, dice el líder de esa exguerrilla.
Alape concluyó que no cree que los líderes de esa organización, sobre los cuales no volvió a saberse nada, reincidan en armas.
La controversia sobre los predios reales de la FARC la tendrá que resolver la jurisdicción especial para la paz.