No hubo desapariciones forzadas en la Toma del Palacio de Justicia, según la Fiscalía

Con ese argumento el ente investigador le responderá a la CIDH, que está en Colombia para hacer seguimiento a una sentencia contra el Estado.
Cinco años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por la recuperación del Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por guerrilleros del M-19 y le ordenara buscar a 11 personas que eran consideradas desaparecidos forzosamente tras haber salido con vida, la Fiscalía General de la Nación controvierte la sentencia internacional contra la Nación.
Respecto al tema, el fiscal investigador designado a este sangriento capítulo de Colombia, Jorge Ricardo Sarmiento, aseveró que “los hallazgos que Medicina Legal junto con la Fiscalía ha alcanzado en los últimos cinco años nos permiten afirmar que no fueron casos de desapariciones forzadas, fueron casos de malas identificaciones o de cuerpos mezcladas. Es decir, estas 11 personas que supuestamente habían sido desaparecidas realmente habían sido mal entregadas o mal identificadas en el año 1985".

La respuesta oficial de Colombia, hallada responsable no solo de la supuesta desaparición, sino de tortura, se centra en las fallas al identificar y entregar los restos a los familiares de las víctimas entre las que hay magistrados y empleados de la cafetería.
"Cuando ocurren los hechos del Palacio de Justicia, 56 cuerpos fueron a parar a cementerios de diferentes partes del país y 38 fueron a parar a la fosa común del Cementerio del Sur. En la mayoría de los casos hemos encontrado que los cuerpos precisamente que fueron entregados en cementerios de diferentes partes del país, hemos encontrado muchos de los desaparecidos de Palacio de Justicia. De esos desaparecidos alguno que se entregó como ´Pepito Pérez’ pues terminó siendo Manuel Gómez", detalló el fiscal Jairo Humberto Oróstegui.
Las fallas científicas y de investigación, que 34 años después de que el M-19 se tomara a sangre y fuego el Palacio de Justicia, es reconocida por Medicina Legal. En esa época “hacíamos identificaciones con huellas dactilares, pero estos cuerpos no todos tenían huellas”, dice la directora Claudia Adriana García.
Por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia hay nueve líneas de investigación activas en contra de 14 militares de la época que fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía, que revela que perdió la competencia para tomar decisiones judiciales con la entrada en vigencia de la JEP.
De la sentencia de la CIDH aún quedan por identificar seis víctimas, cuyos restos pueden, según las pesquisas de la Fiscalía, estar en manos de la familia equivocada.
La última esperanza para encontrar la verdad está en manos de Medicina Legal. A través de un sofisticado aparato que promete científicamente, a través de una técnica llamada secuenciación de última generación de material genético, identificar los restos que por el paso del tiempo y las altas temperaturas no han sido posible identificar.
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