Investigará general Nicacio Martínez para establecer si existen irregularidades en las directrices impartidas a los militares para mejorar sus resultados.
"La Procuraduría General de la Nación abrió indagación al comandante del Ejército Nacional y otros funcionarios por establecer, por presuntas irregularidades en las directrices dadas a los militares para mejorar los resultados en las operaciones", señaló el organismo en un comunicado.
La entidad detalló que con la indagación se busca "determinar la existencia de supuestas irregularidades" denunciadas por el diario neoyorquino.
El pasado 18 de mayo el NYT afirmó en un artículo que el Ejército ordenó a las tropas duplicar el número de rebeldes muertos en las operaciones militares, lo que podría poner en riesgo la vida de civiles, reencarnando los "falsos positivos".
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De esa forma se conocen las ejecuciones extrajudiciales en el país, que tuvieron su auge en la década pasada, cuando militares asesinaban a civiles que luego vestían como guerrilleros para ser presentados como muertos en combate para obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.
Para corroborar la denuncia, la Procuraduría decidió practicar pruebas "con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria" e identificar a los supuestos responsables.
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El artículo derivó en una polémica que despertó las alarmas de la comunidad internacional, entre ellos el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Ante la polémica, el presidente colombiano, Iván Duque, creó el pasado 24 de mayo una comisión con tres juristas que analizarán los procedimientos de las operaciones militares para asegurarse que en su desarrollo se respeten los derechos humanos.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó al respecto que no existe riesgo de que "civiles inocentes" mueran durante las operaciones militares, mientras que Martínez informó que la directriz denunciada sería cambiada porque considera que hubo "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la institución.
La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que involucran a unos 1.500 militares.
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De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo firmado con las FARC el 24 de noviembre de 2016.
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