Sobrecostos en contratos para afrontar emergencia del coronavirus superan los $400.000 millones

Así lo aseguraron los entes de control que tienen en la mira a 272 alcaldías y 26 gobernaciones que habrían malversado recursos para enfrentar la pandemia.

Uno de los contratos sobre los que tienen mayores reparos es el firmado por la Gobernación del Valle del Cauca para la adquisición de insumos médicos con la empresa Medical Farmacy “por un valor superior a los 15 mil millones de pesos para atender la emergencia”, indicó el procurador general, Fernando Carrillo. 

Añadió que “la investigación se realiza por presuntos sobrecostos e irregularidades en la celebración y ejecución del contrato que fue, además, adjudicado de manera directa tras la declaratoria de la urgencia manifiesta”. 

Por otra parte, la Fiscalía analizó 3.000 contratos y decidió llamar a imputación a diez alcaldes, dos de ellos ya fueron capturados. 

El ente investigador también citó a interrogatorio a los gobernadores de San Andrés, Arauca y Guaviare.

Con estos mandatarios regionales, ya son 14 los gobernadores indagados penalmente por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la emergencia. 

Francisco Barbosa, fiscal general, afirmó que esto “no es un proceso de linchamiento a funcionarios, es un proceso de moralización de la acción pública” y señaló que “la gente tiene que entender que ser funcionario público implica unos deberes de honrar a la ciudadanía”.  

Adicionalmente, fueron llamados a interrogatorio los alcaldes de Acacías, Meta; Girón, Santander; Sincelejo, Sucre. También serán imputados 23 contratistas e intermediarios.

A la fecha se han contratado 3,1 billones de pesos en medio de la emergencia: 2,1 billones en compras de insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos y otro billón en contratos de prestación de servicios. 

Asimismo, el contralor general, Felipe Córdoba, aseguró que se sospechan sobrecostos en “contratos por alrededor de 420 mil millones de pesos”. 

Según Córdoba, en virtud de las alertas de los entes de control fueron cancelados contratos por alrededor de 3.200 millones.

El contralor también puntualizó que la entidad a su cargo ha logrado reversar cerca de 70 mil millones de pesos en créditos de Finagro, préstamos destinados a campesinos y que han sido duramente cuestionados por presuntas irregularidades.