Senado de Brasil aprobó polémica reforma pensional de Jair Bolsonaro

Las mujeres deberán cumplir 62 años y los hombres 65 como edad mínima para obtener la jubilación, un requisito que antes no existía.

Esta es hasta ahora la única propuesta de calado presentada por el líder de la ultraderecha brasileña para intentar enderezar una economía que aún no supera la aguda crisis que sufrió entre 2015 y 2016.

Pese a las polémicas que generó la propuesta, resistida con uñas y dientes por sindicatos y la minoritaria oposición progresista, el proyecto fue aprobado con holgura en un Parlamento de un talante claramente liberal, alineado con las ideas económicas de Bolsonaro.

Con la reforma, el Gobierno pretende poner fin a un crónico déficit fiscal en el que identifica muchas de las trabas que impiden el definitivo despegue de la economía nacional.

Para alcanzar esa meta, el proyecto aprobado establece una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era un requisito en Brasil, y que será de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres.

También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social de 15 años para las mujeres y de 20 para los hombres que aspiren a la jubilación, entre muchas otras normas que la izquierda ha denunciado como una "eliminación de derechos" que los brasileños habían adquirido a lo largo de décadas.

La propuesta original apuntaba a un ahorro fiscal mayor, pero diversas alteraciones impuestas durante el trámite parlamentario redujeron la cifra, aunque el Gobierno considera, de todos modos, que se trata de una reforma fundamental para ordenar las cuentas públicas.

Uno de los puntos centrales de la propuesta inicial fue rechazada durante el trámite en la Cámara baja y también en el Senado. Se trata de la creación de un sistema de capitalización, similar al chileno y mediante el cual la jubilación pasaría a depender de lo que cada trabajador pudiera ahorrar a lo largo de su vida.

Aunque el Gobierno ya ha anunciado que insistirá con un nuevo proyecto en el régimen de capitalización, con la reforma aprobada continuará en vigor el actual sistema de reparto, en el que todas las contribuciones son volcadas a un fondo único gestionado por el Estado.

Asimismo, durante el trámite parlamentario fue retirado del proyecto original un artículo que hacía extensiva la reforma a los regímenes de jubilaciones diferenciados que existen en municipios y la administración pública a nivel regional.