Neymar a juicio por presunto fraude en su traspaso al Barcelona

La llegada de la estrella brasileña en 2013 procedente del Santos aportó goles y alegrías futbolísticas al Barça, pero también un vía crucis judicial para ambas partes por las artimañas financieras utilizadas en la operación.

El jugador de 24 años y su padre fueron denunciados por el fondo de inversión brasileño DIS que poseía un 40% de sus derechos deportivos cuando jugaba en el Santos y se considera perjudicado por cómo se desarrolló el traspaso.

La fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid, encargada de las grandes causas económicas, se mostró de acuerdo con DIS y pidió juzgar a Neymar y a su padre, Neymar Da Silva Santos, acusándolos de "corrupción en los negocios".

El origen de la disputa es un contrato firmado a finales de 2011 entre el jugador y su padre en nombre de la sociedad N&N, propiedad de la familia, con el FC Barcelona, que les abonó 40 millones de euros entre 2011 y 2014 para evitar que negociaran con otros clubes.

Según el escrito del fiscal, esto "altera el libre mercado del fichaje de futbolistas" y perjudica a DIS que "se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado (...) y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso".

El ministerio público también acusa del mismo delito al FC Barcelona como persona jurídica y a su presidente de entonces, el ya dimitido Sandro Rosell.
Ahora, el juez instructor deberá decidir si envía o no al jugador al tribunal. Si él y su padre fueran juzgados, se arriesgan a una multa millonaria y a una pena de prisión de entre 6 meses y dos años, que en España no se suelen cumplir si no existen antecedentes.

El fiscal también implica a la madre de Neymar, Nadine Gonçalves da Silva Santos, como partícipe a título lucrativo.

Traspaso estimado en 83 millones

Además, la causa tiene otro frente abierto en relación al precio del traspaso. En un primer momento, el Barça lo cifró en 57 millones de euros, 40 para el futbolista y 17,1 para el Santos, de los que DIS recibió 6,8.
Sin embargo, ambos clubes firmaron contratos paralelos que, según la justicia española, sirvieron para esconder el costo real de la operación que ascendería hasta los 83 millones. DIS denuncia no haber recibido su parte correspondiente.

Según el fiscal, este fondo "debe ser indemnizado en la cantidad de 3,2 millones de euros".

Por ello, también pidió juzgar a los dos clubes y sus expresidentes, Sandro Rosell y Odilio Rodrigues, por un "delito de estafa impropia".
El club catalán y su expresidente están imputados en otra causa junto al actual mandatario, Josep Maria Bartomeu, por fraude fiscal al esconder el precio real del traspaso.

Para Neymar, su salto a la élite europea supuso un enorme quebradero de cabeza judicial. En Brasil, la justicia le congeló activos por 48,3 millones de dólares por una presunta evasión de impuestos relacionada con su fichaje.
Además, el Santos, club al que llegó en 2004 con sólo 13 años y donde se convirtió en una estrella, lo denunció ante la FIFA y pidió que lo suspendieran durante seis meses.

A pesar de que su estancia en Barcelona es un éxito en lo deportivo, con numerosos títulos y un rol clave en el "tridente" del equipo junto a Messi y Luis Suárez, estos escándalos están dificultando su renovación con el club azulgrana, que quieren atar cuanto antes su continuidad después de 2018.
"Estamos sufriendo una inseguridad tributaria muy grande (...) Necesitamos que estos asuntos terminen" para renovar, reconoció su padre a finales de 2015.

En febrero, en su declaración ante el juez instructor, Neymar se defendió asegurando que él sólo firmaba los contratos que le daba su padre, sin fijarse en el contenido.

La línea de defensa es la misma empleada por Messi la semana anterior ante el tribunal de Barcelona que lo juzgó por un fraude fiscal de 4,16 millones de euros, un caso en el que aún se espera la sentencia.

La fiscalía dio por buena la versión del jugador argentino y reclamó el sobreseimiento de la causa contra Messi, aunque mantuvo las acusaciones contra el padre a quien considera responsable del fraude.