En los Montes de María, donde violentos están reclutando exguerrilleros y jóvenes, defensores quieren encarar a sus asesinos.
"El posconflicto en este territorio ha sido más esperanza que realidades", afirma Edgardo Flórez, coordinador de la mesa de víctimas de El Carmen de Bolívar.
Él es veedor de los acuerdos de paz en la zona, representa a las víctimas y pone la máxima alerta sobre la arremetida de nuevos grupos armados.
Ha soportado varias amenazas que buscan callarlo, como a otros 70 líderes desde noviembre del 2019, incluidos los del corregimiento de El Salado.
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"Existen estructuras que se agrupan en grupos no mayores a 18, 20 personas, que después se dividen y que están caminando los territorios", reveló Flórez.
"Están operando en los mismos sectores donde antes operaban los mismos grupos, utilizan los mismos corredores, utilizan las mismas fincas, solo que esta vez no están haciendo las cosas, como asesinatos y tierras arrasadas, esta vez están siendo un poco más estratégicos, más políticos", contó sobre la forma de delinquir de estas bandas, que llegan con el arma al cinto.
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Los campesinos de seis veredas dicen que llegaron a sus fincas con una nueva propuesta agrícola: una sustitución de cultivos a la inversa “para que dejen el cultivo tradicional o que vayan cambiando de alguna manera ese cultivo tradicional, yuca, por ejemplo, que es rentable en unos tiempos, en otros no, y les están planteando, según las informaciones que les dan los campesinos, que se cambien a otros cultivos, ilícitos”.
Sumado a esto, hay propuestas de reclutamiento ya sea para los menores o desmovilizados como ‘Nayibe’, reclutada en 1996 siendo niña y que permaneció 11 años en las filas del frente 35 de las FARC.
“Con el proyecto de la paz uno dice todo cambió, todo nos favorece, pero hemos visto que nuevamente nos ha tocado huir. Amenazas, reclutas o te mueres es la ideología de ellos”, afirmó la mujer.
Bernardo Mercado, que representa a 114 juntas comunales en el Carmen de Bolívar, sostuvo que los violentos quieren ese terreno porque “hay un corredor vial de narcotráfico. Ese corredor existe del Carmen de Bolívar, pasa por toda la alta montaña y Macayepo, pasa por Sucre y al sector de Cartagena. Es un corredor que existe en nuestro territorio”.
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Los líderes de esta región no cuentan con esquemas de seguridad propios, solo con un grupo de 28 policías que los cuidan y protegen. Por eso están pensando en una estrategia.
"Si es factible con Naciones Unidas, con la Cruz Roja Internacional, de llegarle a ese grupo, ya que no tenemos el apoyo del Estado, y decirles ¿por qué nos quieren matar? ¿Por qué nos quieren silenciar? Nosotros queremos ser libres también”, comentó Mercado.
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A cambio, han considerado en quedarse “callados para que nos respeten la vida. Nos toca”, expresó.
“Hoy estamos peor”
La Defensoría del Pueblo y su sistema de alertas tempranas suman 588 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en todo el país desde la firma del acuerdo de paz a enero de este año.
"No se entiende que un país haya hecho la paz, que hayamos logrado que más de 13 mil ciudadanos colombianos hayan dejado las armas y todavía tengamos este nivel de asesinatos", manifestó Carlos Negret, defensor del pueblo.
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Los líderes de las minorías étnicas, cuyos territorios han sido campos de guerra, hicieron su propio corte de cuentas al proceso de paz.
“Yo diría que hoy estamos peor, porque estamos frente a unas amenazas donde se pueden repetir hechos graves como la masacre de Bojayá”, aseguró Mariano Córdoba, de Afrodes .
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“Usted toma todo el Baudó. Esa zona se convirtió en una zona de narcotráfico, pero también de confrontación armada entre paramilitares y el ELN. No tenemos tranquilidad, yo que creo que hoy estamos llegando a una situación peor que ayer (…) El problema ayer era que sabíamos que existía un solo grupo armado, estaban las FARC, hoy no sabemos quiénes son los que mandan”, agregó.
Según Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, se han registrado “hasta esta fecha 216 asesinatos de líderes indígenas, 150 de ellos durante el gobierno del presidente Duque”.
“Todavía no es una guerra, pero sí estamos en un ciclo de violencia que va hacia allá. Por lo menos es lo que nosotros estamos visualizando con todo el rearme de las insurgencias, de las disidencias, pero también de los grupos paramilitares que están llegando nuevamente a los territorios”, recalcó.
El defensor del pueblo, por su parte, dice que las alertas tempranas para detener este conteo sistemático de muertes “son efectivas, lo que no es efectivo es la respuesta de los gobiernos”.
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La razón, cree, es porque “el Ministerio del Interior tiene muy poquitas personas en esa área, que es la que atiende como contraparte las alertas tempranas”.
Mientras los líderes sociales piden un mayor esfuerzo del Estado, el defensor del pueblo hace otra solicitud: "Al proceso de paz hay que tenerle paciencia, la única esperanza para Colombia es hacer un proceso de paz, es un proceso a 15 años, habrá dificultades, pero los colombianos tenemos que tener la habilidad de superar las dificultades como las hemos superado en otras épocas".
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