Cadena humana pidió salida de Ortega mientras sigue tensión en Nicaragua

Miles se tomaron de la mano en una concurrida avenida de Managua para exigir el cese de la violencia, que deja más de 220 muertos en 75 días de protestas.

Con banderas de Nicaragua -blanca y azul-, los manifestantes se apostaron en la vía entre las rotondas Rubén Darío y la Jean Paul Genie, separadas por 3,5 km. Muchos eran empleados de negocios situados a lo largo de la carretera que conduce a la ciudad de Masaya (sur).

"El pueblo se ha levantado y le decimos a Ortega que se vaya, que renuncie, el pueblo no le tiene miedo", dijo un joven de 27 años, con una bandera en su mano.

Los manifestantes acusan a Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo de desatar una feroz represión contra las protestas y de instaurar el nepotismo y una dictadura en Nicaragua.

En una carta pública, el hermano del presidente y exjefe del Ejército de Nicaragua, general retirado Humberto Ortega, le pidió aceptar un adelanto de las elecciones de 2021 a 2019, y desactivar a los grupos armados ilegales.

"Adelantar constitucionalmente las elecciones para el año entrante dice sí a la paz", subrayó Huberto Ortega en la misiva, que envió a la mesa de diálogo que, bajo mediación de la Iglesia católica, siguen el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El diálogo está estancado porque Ortega, cuyo tercer periodo consecutivo concluye en enero de 2022, aún no responde a esa propuesta que le hizo la Iglesia hace un mes sobre el adelanto de comicios.

En otro punto de la capital, cientos de simpatizantes del gobierno, en su mayoría empleados púbicos, realizaron una caminata "roja y negra", colores del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que terminó con un concierto en la Avenida Bolívar.

"Ni un paso atrás", "se queda, el comandante (Ortega) se queda", coreaban los sandinistas a manera de respuesta al llamado de los opositores.

"Una cacería"

La violencia no cesa en Nicaragua. Las fuerzas policiales y grupos armados ilegales continúan desmontando barricadas de adoquines levantadas por los manifestantes.

En La Trinidad, en el norteño departamento de Estelí, 125 km al norte de Managua, policías y paramilitares mantuvieron por muchas horas bajo asedio la parroquia, donde unos 50 fieles se refugiaron desde que fuerzas el gobierno incursionaron el martes, con saldo de al menos un muerto.

La policía tiene el control del municipio. "Los antimotines andan patrullando las calles, la ciudad ha regresado poco a poco a la normalidad, pero hay mucha zozobra", dijo el sacerdote Eugenio Rodríguez, desde Estelí.

"Hay una cacería de manifestantes desde ayer (martes) en La Trinidad por parte de policías y paramilitares", denunció por teléfono Meyling Gutiérrez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí.

En la rebelde ciudad de Masaya, 30 km al sur de Managua, la vivienda del dirigente estudiantil de las protestas, Yubrank Suazo, fue quemada la madrugada de este miércoles.

"Este acto odioso, del cual es víctima mi familia, me afianza en mi lucha por conquistar una mejor Nicaragua", declaró Suazo, tras responsabilizar del hecho a grupos afines a Ortega.

"Una sociedad terrorista"

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el Cenidh y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.

Además, más de 1.500 personas han resultado heridas y unos 500 fueron detenidos -muchos ya liberados-, según los grupos de derechos humanos.

"Pareciera que estuviéramos en una sociedad terrorista", declaró a la prensa monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (norte), al referirse a los "crímenes de que se acusan a los muchachos".

"Uno queda sorprendido", manifestó Álvarez, también moderador en el diálogo, tras reunirse con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante la grave situación del país, la CIDH instaló en Managua un grupo de expertos internacionales de reconocida trayectoria.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajará por seis meses prorrogables para investigar los hechos de violencia y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según la CIDH.

El gobierno acusa a los manifestantes de "delincuentes" y pretender con sus demandas y manifestaciones dar un golpe de Estado.

Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década luego de que una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde 2007 ha sido reelegido presidente por tres períodos consecutivos.

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