Las graves violaciones de los derechos humanos incluyeron, además, detenciones ilegales, tortura y censura, precisó el organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian” el actuar del Gobierno durante un mes de protestas, “caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados”, indicó la comisionada Antonia Urrejola, relatora país de Nicaragua.
La comisionada detalló que el resultado del uso de la fuerza aparte de provocar "decenas de muertos y centenares de personas heridas", generó "detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras formas de amedrentamiento".
De acuerdo a la información obtenida por la CIDH, desde el comienzo de la crisis sociopolítica, "hubo, al menos, 76 personas muertas y 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas", además de un total de 438 detenciones.
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"La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha", aseguró.
El ente se refirió al "uso desproporcionado de la fuerza" que permiten concluir "que la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones", y comentó que "varios testimonios hablan del uso de francotiradores".
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"Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales", aseveró la comisionada para añadir que "Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas".
La comisión observó en su trabajo la falta de "estándares forenses" en los casos de muertos y heridos en los hospitales y el Instituto de Medicina Legal "que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz".
De igual modo, "la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes".
"En algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia", lamentó Urrejola.
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Otra de sus denuncias fue el "ambiente de intimidación" contra los opositores, las "amenazas de muerte", la "vigilancia" y el "hostigamiento en redes sociales".
De acuerdo a las denuncias recabadas, la CIDH comentó que se habría negado atención médica de urgencia a los heridos.
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"Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información", sentenció.
La Comisión instó al Estado de Nicaragua a implementar un total de 15 recomendaciones.
Entre esas medidas, está el cese inmediato de la represión, el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia o la garantía de la vida, integridad y seguridad de todas las personas.
Otras de las recomendaciones son las garantías para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH, medidas para investigar juzgar y sancionar a los responsables de la violencia o que los operativos de seguridad en las protestas y manifestaciones cumplan los protocolos de actuación.
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Además, solicitó el desmantelamiento de los grupos parapoliciales, el respeto de la independencia de los medios de comunicación, la no censura, y la exhortación a las autoridades de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes.
La Comisión solicitó sistematizar la información de los atendidos en los hospitales, la investigación de las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, la ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y la apertura al escrutinio internacional.
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Finalmente, la comisión reclamó "la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional" y "un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones" mediante un calendario de nuevas visitas.
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