El exmandatario, que abandonó la delegación diplomática en Lima, dijo que se pondrá "a disposición de todas las investigaciones" que le siguen en su país.
El exgobernante rechazó que exista alguna "prueba o depósito" que lo vincule "a ningún hecho delictivo", y dijo que las informaciones propagadas en los últimos días sobre presuntos actos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht "son solo rumores y especulaciones, que jamás tendrán comprobación por ser totalmente falsas".
"Declaro que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido ese paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones", apuntó García en la carta leída a periodistas por su secretario, Ricardo Pineda.
Alan García es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en un caso de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
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El expresidente esgrimió la Convención sobre el Asilo Diplomático de 1954, a pesar de que esta establece que la medida de protección no procede cuando ya existe un proceso o una imputación en marcha en el fuero judicial por delitos comunes.
Al momento de anunciar su decisión, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, enfatizó que en Perú "funcionan libremente los tres poderes del Estado", con lo que concedió, de manera simbólica, el certificado de "democracia" internacional al que aludió el ministro de Justicia y Derechos Humanos peruano, Vicente Zeballos.
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La semana pasada, Zeballos aseguró que García había puesto a Uruguay en "una circunstancia bastante delicada", al tener que fijar una posición internacional sobre la democracia en Perú.
El ministro remarcó que, al contrario de lo que afirma García, en su país existe un estado de derecho sin interferencia de poderes y con libertades absolutas, al punto que funcionarios de Estado como la actual vicepresidenta Mercedes Aráoz también afrontan imputaciones de la Fiscalía.
Y es que el Gobierno peruano se tomó muy a mal que García denuncie una judicialización de la política, como si detrás de los procesos que afrontan varios expresidentes por corrupción hubiese una intromisión del Ejecutivo.
Al respecto, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, señaló que las investigaciones judiciales contra García "no constituyen persecución política" y se refieren a asuntos económicos y administrativos vinculados a sus dos gestiones como presidente, de 1985-1990 y 2006-2011.
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La medida fue tomada con beneplácito por las autoridades peruanas, que tras el pedido de asilo enviaron un informe de más de mil páginas para justificar que el exgobernante no es perseguido por sus ideas, sino que afronta investigaciones por presunta corrupción.
Para el canciller peruano, Néstor Popolizio, la decisión del presidente Vázquez ratifica a nivel internacional "que en Perú existe democracia, división de poderes, estado de derecho y debido proceso".
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"Creo que esta decisión preserva el buen estado de las relaciones bilaterales", agregó en alusión a las opiniones de sectores políticos y sociales que incluso indicaban que Perú debía romper relaciones diplomáticas con Uruguay si se concedía el asilo.
Esto debido a que, una eventual medida a favor del pedido también podía ser usada por otros políticos y altas autoridades que son investigadas por presunta corrupción como un argumento para cuestionar la independencia de los poderes del Estado en Perú.
De esa manera, aún sin quererlo y de una manera indirecta, el gobierno de Tabaré Vázquez le ha dado un aval internacional a la dura y difícil lucha que ha emprendido Perú para investigar las denuncias de corrupción que alcanzan a gran cantidad de personajes políticos y autoridades.
Ahora toda la ciudadanía espera que se ratifique lo que afirmó el presidente Martín Vizcarra: que en su país "nadie tiene corona" y que la democracia "garantiza la independencia de poderes y el debido proceso".
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En contexto:
Alan García pidió asilo en embajada uruguaya en Perú en el marco del caso Odebrecht
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