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“Funcionarios públicos deben acatar y no atacar la justicia”: Procuraduría sobre caso contra Uribe

El organismo aseguró que “ningún servidor público está habilitado para promover o alentar” el incumplimiento de las decisiones judiciales.

alvaro uribe velez foto archivo colprensa.jpg

Luego de la orden de detención que la Corte Suprema de Justicia dictó contra el expresidente Álvaro Uribe y las reacciones que esa decisión generó , la Procuraduría General de la Nación aseguró que los “funcionarios públicos deben acatar y no atacar la justicia”.

En ese sentido, el Ministerio Público recordó que, para todas las ramas del poder público, es imperativo “acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales”.

Ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”, anotó.

Asimismo, la Procuraduría señaló que la discusión y confrontación de las decisiones judiciales deben tener lugar a través de los instrumentos que suministra el debido proceso y no en escenarios distintos.

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“La controversia de las providencias emanadas de los jueces, en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimienta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia”, afirmó.

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Vigilancia al proceso contra Uribe

Teniendo en cuenta su función constitucional para velar por las garantías procesales de los ciudadanos investigados penalmente, la Procuraduría seguirá ejerciendo vigilancia al proceso contra el senador y expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

Por lo tanto, el organismo dijo que “examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento” contra el exmandatario y lo hará “en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías”.

El Ministerio Público también exhortó a los colombianos a eliminar “la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia”.

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“A la crisis generada por la pandemia del COVID-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor”, concluyó.

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