Las imponentes montañas que se despliegan en las afueras de Bogotá albergan a centenares de colombianos que se vieron obligados a dejar sus tierras y huir con lo que tenían puesto para salvar sus vidas. Ellos son las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.
Doña Rosa es una paisa que nació en un pueblito enclavado en las montañas del Quindío. Cuando era niña le tocó vivir la violencia de los años 50 o la violencia bipartidista, como la conocen los historiadores.
“Para salvar las vidas nos tocó salir corriendo debajo de una mata de café frondosa y meternos y escuchar movimientos que no fueran a llegar a esa mata de café (..) y otro estaba afuera, que no fuéramos a hacer ruido y los niños todos hacíamos caso”, relata.
La niña de los años cincuenta empezaba a vivir la tragedia del desplazamiento forzado, dejaron todo atrás, su finca, sus pertenencias, su vida tranquila.
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“Salimos con lo que teníamos, la ropa que teníamos encima. Dijo Luis Hernando: ‘Ya llegó papá, salgamos así, vámonos no sacamos nada ‘. Se quedaron cuadros y nosotros teníamos alcancías detrás de los cuadros. Había cositas bonitas que eran de la familia (…) la sola vida favorecimos”, agrega.
Lo que vino después fue padecer la pobreza en una tierra ajena, una ciudad distante que los rechazaba.
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“Mucha humillación porque en ese tiempo no había quien le colaborara a un desplazado. Eso era el desprecio más miserable, mucho desprecio porque uno no tenía nada. Desprotegidos totalmente hasta de la misma familia, porque aquí había familia”.
Ha corrido mucha agua debajo del puente desde los años cincuenta. La violencia política fue sofocada por un acuerdo bipartidista conocido como el Frente Nacional, pero la desigualdad social y la concentración de la tierra, males que nunca fueron curados, serían la semilla de nuevas guerras y desplazamientos.
Los años 90 marcaron otro periodo de violencia en Colombia con el fortalecimiento de las guerrillas -que surgieron en los años sesenta- y también de los grupos paramilitares. Miles de campesinos huyeron de nuevo a las grandes ciudades condenados a la pobreza, afirma Marco Romero, director de la Consultoria para los derechos humanos y el desplazamiento (Codhes).
“Los desplazados son los más vulnerables entre los vulnerables, porque mientras la pobreza estaba en ese entonces en el 33%, la pobreza del desplazamiento estaba en el 95% y la pobreza extrema estaba en el 84%. Entonces la gente sufrió un empobrecimiento drástico por el hecho del desarraigo”, indica Romero.
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Hace veinte años, las montañas del suroccidente de Bogotá y límites con Soacha empezaron a ser habitadas por población víctima del conflicto armado. El país vivía un nuevo desplazamiento distinto al de los años 50. Hoy la zona es un inmenso complejo urbano donde sus pobladores debieron reinventarse sus vidas y seguir adelante, lejos de su tierra.
El barrio La isla es un enclave de desplazados afro que llegaron del Chocó y el litoral pacifico huyendo del conflicto armado en los años 90. En medio de muchas dificultades, empezaron una nueva vida en las frías montañas del altiplano.
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Pero ni el frío más inclemente ha podido apagar el calor del abosao chocoano, ritmo que los afros del Pacifico llevan marcado en la sangre como una impronta de su cultura, de su raza y de un legado que no quieren olvidar.
“Somos personas que salimos desplazadas de nuestros territorios, entonces teníamos una preocupación que fue no dejar perder nuestra cultura. Cuando llegamos acá empezamos a formar la escuela para que los jóvenes no perdieran esa cultura tan maravillosa que nosotros tenemos”, dice Deissy Córdoba, gestora cultural.
Marino Córdoba es el vivo ejemplo de la superación de esa generación de desplazados que no se quedó esperando las ayudas del Estado y, lejos de su natal Riosucio, empezó a trabajar por su comunidad. Hoy es el director de la Asociación nacional de afrodescendientes desplazados, ganador de varios premios nacionales e internacionales por la defensa de los derechos humanos.
“Hoy hemos hecho otro estudio que nos muestra que el 99% de estos jóvenes nacieron aquí o llegaron muy pequeños; pero el 99% nacieron acá de familias víctimas del conflicto armado. Lo que vemos es que esas familias requieren apoyo, nosotros hemos planteado oportunidades para esos jóvenes para que estudien, para que trabajen”, explica el líder social.
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A pesar de las dificultades no se rinden. Yarley Moreno y su amiga se la rebuscan haciendo los típicos pasteles chocoanos que sirven de sustento a sus familias.
En el norte de Colombia hubo otros desplazados que no salieron de sus tierras y se quedaron para resistir en forma pacífica el embate de los violentos. Es el municipio de María la baja, en los Montes de María, Bolívar.
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El trazado de la población muestra un organizado desarrollo urbano, el vuelo de pájaro deja ver a Rosas de Mampuján o Manpujancito como es conocido por la gente. El rincón donde se agruparon las víctimas de una masacre ejecutada por que en el año 2000 provoco el desplazamiento de más de 300 familias.
En medio de la emergencia humanitaria surgieron líderes sociales como Gabriel Pulido, nervio de la comunidad y luchador incansable. Con dificultad han logrado cambios importantes en la vida de sus comunidades, viviendas propias, calles bien trazadas, proyectos de recreación para los jóvenes, centros de salud para la gente.
Acercarse al Estado no ha sido fácil.
“Interlocutar y relacionarse con el Estado es muy dificultoso porque a pesar de que existen normas que les permitirían a los desplazados asistir a sus derechos parece que no hay un Estado con la capacidad para dar respuestas a las necesidades que tiene la población”, señala Gabriel.
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Los cantos de Leonardo julio son una denuncia al abandono en que se encuentran otras víctimas de los Montes de Maria: la gente de San José del Playón, un pueblo que muere de sed cuando tiene encima un inmenso embalse que surte de agua a inmensas plantaciones de palma de aceite.
“Somos más de 2.500 familias que tiene este corregimiento y no tenemos acceso al agua potable. Aquí hay prioridad para una mata de palma y no para seres humanos”, dice Leonardo Julio.
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En medio de las necesidades, un grupo de jóvenes hijos de desplazados lidera un proyecto productivo que genera empleo y busca ser motor de desarrollo para su gente.
Justo es reconocer que hubo un conjunto de leyes que sacaron adelante los derechos de los desplazados, pero al mismo tiempo también hubo incumplimientos. Por eso, la Corte Constitucional ha intervenido, cuenta Marco Romero de Codhes.
“Tenemos que salir de un país que acuerda cosas y no las cumple, que vota leyes y no las cumple, que reconoce derechos de papel después de luchas larguísimas, pero luego en la política concreta no se materializan”, agrega Romero.
Víctimas del desplazamiento de todos los tiempos, son colombianos como usted o como yo que se vieron obligados a empezar de nuevo y lo están logrando.
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Así en muchos casos el Estado no los escuche.
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