El rugby francés se encuentra sumido en una profunda crisis a ocho meses del Mundial que debe organizar, después de que el presidente de la Federación, Bernard Laporte, se niegue a dimitir pese a haber sido condenado por corrupción.
La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, se reunió este jueves con Laporte, a quien exige la dimisión.
El presidente de la Federación Francesa de Rugby (FFR), que clama su inocencia, se niega a hacerlo, aunque ante las presiones decidió una retirada parcial de las funciones hasta que se decida sobre la apelación que ha presentado.
Una solución que no convence al Gobierno, que considera que aunque desde esa posición puede seguir influyendo en las decisiones.
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Por eso, Oudéa-Castéra exigió "garantías necesarias para comprobar que su retirada es efectiva" y que la persona que sea elegida como presidente delegado cuente con "la validación democrática de los clubes, según un proceso irreprochable y un calendario preciso y rápido".
En otras palabras, el Gobierno quiere apartar de toda decisión ejecutiva a Laporte, condenado el pasado 13 de diciembre a dos años de cárcel exentos de cumplimiento, 75.000 euros de multa y dos años de inhabilitación con todo cargo relacionado con el rugby.
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El presidente de la FFR, figura central del rugby francés, antiguo seleccionador e, incluso, secretario de Estado de Deportes entre 2007 y 2009, con el presidente Nicolas Sarkozy, fue condenado por cinco delitos relacionados con la corrupción.
Según la sentencia, Laporte favoreció al Montpellier, cuyo presidente había firmado contratos de patrocinio con la selección francesa de rugby.
El presidente de la FFR rechazó las acusaciones, pese a los testimonios durante el proceso en su contra, y anunció un recurso.
Hasta que este se produzca la sentencia queda en suspenso, pero él aceptó, ante las presiones, dejar sus funciones en suspenso. También abandonó la vicepresidencia de la Federación Internacional de Rugby.
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Algo insuficiente para el Gobierno, que no quiere que la imagen del rugby francés se vea manchada por este escándalo durante el Mundial que organizará el año próximo.
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El Gobierno cuenta con un arma suplementaria, la retirada de la 'delegación pública' a la FFR, algo que, con la cercanía del Mundial, sería una bomba atómica.
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