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La sentencia confirma el fallo del Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia dictada en mayo, aunque estima en parte el recurso de apelación presentado por el abogado de Migliaccio respecto a la responsabilidad personal subsidiaria de un año de prisión por cada uno de los delitos.
Migliaccio, que ejerció también la representación de otras figuras de la selección francesa como Laurent Blanc o Joselyn Angloma, se mudó a España en 1997 y tres años después se instaló en una urbanización de la localidad valenciana de Paterna.
Las favorables circunstancias del mercado de futbolistas durante esa etapa, gracias a la libre circulación de jugadores europeos propiciada por la ‘ley Bosman' y el éxito de una generación de futbolistas franceses a los que representaba, dieron un importante impulso a su carrera.
De esta forma, con el propósito de evadir los impuestos que afectaban a sus crecientes ingresos, el acusado resolvió desviarlos a la República de Panamá, territorio clasificado como ‘paraíso fiscal', según la sentencia.
Ya en Panamá, a través de una empresa especializada, integró su actividad profesional en ISLC, una sociedad ficticia con domicilio fiscal en Londres pero sin sede real.
Además, suscribió un acuerdo con la entidad Coleman International, que junto a ISLC, creó una asociación denominada The Coleman Group, lo que le propició un soporte jurídico para ejercer su actividad.
Según el fiscal, Migliaccio aparentaba trabajar como agente de la ISLC, de la cual cobraba un sueldo en forma de comisiones por las operaciones que cerraba con éxito. Dichas comisiones representaban el 5 % real de sus ingresos. El resto, obtenido también mediante su intervención en fichajes y en contratos de derechos de imagen, fue a parar a las cuentas que tenía abiertas en paraísos fiscales, eludiendo así al sistema tributario español.
Mediante este procedimiento, el acusado obtuvo unos ingresos de 3,2 millones de euros en el año 2000, de los cuales únicamente declaró 91.561, mientras que en el 2001 obtuvo 2,9 millones y declaró 347.735 euros.
El juzgado de lo Penal le declaró autor de dos delitos contra la Hacienda Pública, con una pena de dos años y medio de prisión por cada uno de ellos y una multa total de 9,2 millones de euros, además de tener que pagar al fisco español la cantidad que defraudó por impuestos.
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