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A través de una notificación, que es recurrible, la Audiencia desestima la petición de los Núñez, condenados por uno de los mayores casos de corrupción destapados en Cataluña, al considerar que no se evidencian motivos de "equidad o justicia" que puedan llevar a su indulto y porque está convencida de que el Estado no otorgará "indulto alguno" por casos de corrupción.
La Audiencia de Barcelona condenó en julio de 2011 a seis años de cárcel al ex presidente azulgrana (1978-2000) y constructor José Luis Núñez Clemente y a su hijo Josep Luís Núñez Navarro por sobornar a inspectores de Hacienda para que hicieran la vista gorda en sus revisiones y eludir así el pago de impuestos de los beneficios obtenidos por el grupo constructor que administran, el grupo Núñez y Navarro.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rebajó en enero pasado la condena hasta los dos años y dos meses de prisión, alegando las dilaciones indebidas en la macrocausa judicial, ante lo que Núñez y su hijo solicitaron un indulto y reclamaron que, mientras tanto, se suspendiera su ingreso en prisión.
Al igual que la fiscalía y la abogacía del Estado, la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición de los Núñez de suspender su ingreso en prisión, en un auto en el que subraya las "gravísimas" conductas por las que fueron condenados.
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La Audiencia alega que se tiene que tener en cuenta el contexto en el que los Núñez cometieron su delito, en el marco del conocido como el 'caso Hacienda', "uno, si no el de mayor relevancia de corrupción conocido en la historia judicial de Cataluña".
Además, remarca que, dado el actual posicionamiento del Gobierno, de "tolerancia cero" respecto a los delitos referidos a la corrupción, las expectativas de concesión del indulto total o parcial para los Núñez "resultan francamente aún menos halagüeñas".
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Los Núñez, según recuerda la Audiencia, "aceptaron un diseño financiero contrario a las normas tributarias, del que obtenían un ahorro fiscal indebido y muy suculento, que obligaba a desarrollar una serie de operaciones mercantiles diseñadas y materializadas principalmente para producir ese ahorro fiscal".
Para la Audiencia, el ejercicio de gracia del indulto solo resulta justificado "de forma excepcional y como remedio a situaciones consideradas de 'injusticia notoria', para referirse a aquellos casos en que la ejecución de la pena dejaría de cumplir la función de resocialización que constitucionalmente tiene encomendada".
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