"Es un paso trascendental porque en 70 años que tiene el fútbol colombiano, esos tribunales privados han vulnerado impunemente los derechos de trabajadores, han juzgado, han sancionado y ahora un juez decide que ante una diferencia contractual, la justicia colombiana ordinaria es la que debe llevar el caso", indicó Carlos González Puche , representante de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales.
En la decisión se dejó en claro que los tribunales deportivos no pueden estar por encima de la Constitución colombiana.
El pleito se produjo ante la salida del jugador de Boyacá Chicó, club que asegura que el jugador tenía un contrato vigente. Ante esta situación el equipo ‘ajedrezado' pide $ 600 millones como indemnización.
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