Edwin Congo, estafado en España

El Juzgado de Instrucción número 11 de Valencia juzga, por el procedimiento de la Ley del Jurado a este funcionario, A.E.P.A., para el que el Fiscal reclama 2 años y 6 meses de cárcel.

Edwin Arturo Congo Murillo fue el que mayor cantidad de dinero abonó al funcionario, unos 3.500 euros, para que gestionase la licencia de apertura de un restaurante en la calle Calixto III de Valencia.

Según la calificación del Fiscal, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el acusado es funcionario de carrera y está adscrito al servicio de Disciplina Urbanística con categoría de inspector de obras.

A pesar de encontrarse de baja laboral por enfermedad desde octubre de 2008, el acusado contactó con diversas personas que eran titulares de establecimientos en la ciudad de Valencia y que tenían problemas para obtener la licencia de apertura o adolecían de otras deficiencias administrativas.

Tras establecer contacto, se hacía pasar por inspector con potestades en locales de negocio u hostelería y se ofrecía, supuestamente, a gestionar los trámites administrativos de forma rápida y efectiva a cambio de determinadas cantidades económicas.

Según el citado escrito, el acusado, que se desplazaba en coche oficial con los anagramas del Ayuntamiento de Valencia, no realizaba ninguna gestión efectiva en el Consistorio y se apropiada de las citadas cantidades.

Se tiene constancia de que pudo cobrar alrededor de 12.000 euros a seis propietarios de establecimientos, entre los cuales figuran cuatro negocios de hostelería, un taller mecánico y una tienda de ropa.

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia abrió expediente disciplinario a este funcionario en febrero de 2009 y le suspendió provisionalmente de sus funciones.

Además, el escrito de la Fiscalía, señala que este funcionario ya fue juzgado por estafa en 2007 y condenado a dos años y ocho meses de prisión.

La Fiscalía, además de reclamar una pena de dos años y seis meses de prisión, pide indemnizaciones para los afectados, en las mismas cantidades que supuestamente abonaron al acusado.