El fiscal general de El Salvador, Luis Antonio Martínez, declaró a la prensa que "están en investigación jugadores, directivos y personas del exterior", y señaló que en las indagaciones se han detectado "mafias internacionales".
En coincidencia con la prensa y otros sectores, el presidente del país, Mauricio Funes, pidió que también se investigue a dirigentes porque, señaló, no sólo futbolistas podrían estar involucrados en sobornos para hacer que la selección perdiera y favorecer así a grupos de apostadores internacionales.
"Lamento que hasta ahorita la atención se ha centrado en los jugadores y no se ha pensado en quiénes compraron la voluntad de los jugadores, quiénes facilitaron la relación de los jugadores con estos apostadores; alguien lo tiene que haber facilitado", afirmó el mandatario a los periodistas.
"Estoy casi convencido que no sólo (hay jugadores involucrados) en este asunto, sino que también tienen que haber directivos o dirigentes del fútbol nacional", y "a ellos también hay que investigarlos", aseveró Funes.
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Para Lisandro Pohl, presidente del Alianza, actuallíder del torneo Apertura, la responsabilidad de los dirigentes es no haber hecho nada ante las versiones sobre venta de partidos que circulan desde hace varios años en el fútbol salvadoreño.
"La responsabilidad recae en los miembros de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Tuvieron conocimiento de esto y nunca actuaron", manifestó Pohl en una entrevista publicada por La Prensa Gráfica.
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El dirigente también lamentó que "todo se ha desembocado solamente en jugadores y se están obviando responsabilidades más altas".
"Hemos llegado al punto más negro de nuestra historia en fútbol", sentenció Pohl.
En 2004 ya hubo una importante señal de que algo andaba mal, pues un combinado salvadoreño se presentó en Zimbabue como si fuera la selección nacional, sin aval oficial, pero sin que hubiera una sanción por ello, según varios medios y comentaristas deportivos.
La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) suspendió el miércoles a los 22 jugadores por al menos 30 días en espera del fin de sus investigaciones, en las que colabora la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero la FGR lleva también su propia investigación y como parte de ella se incautó de computadoras, teléfonos móviles y otros aparatos al allanar con la Policía las casas de 11 de los 22 jugadores suspendidos, entre miércoles y jueves.
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Las autoridades investigarán esas pertenencias de los futbolistas en busca de comunicaciones con otras personas relacionadas con los sobornos, cuentas bancarias y otra información.
"Nuestra investigación está desligada de la Fesfut, la nuestra es de carácter penal", advirtió el fiscal general, que reiteró que algunos delitos que podrían configurarse contra quienes resulten responsables son lavado de dinero y de activos.
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Según el presidente de la Fesfut, Carlos Méndez, las investigaciones de ese organismo abarcan cuatro partidos disputados por la selección entre 2010 y 2012 (tres amistosos y uno oficial), pero la prensa deportiva ha denunciado más juegos.
Méndez afirmó que la actual Fesfut no está involucrada en los amaños y que prueba de ello es que es precisamente la que abrió las investigaciones.
La Fesfut pidió en 2011, cuando estalló el escándalo, que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) investigara las denuncias, pero este organismo no ha informado de los resultados.
El escándalo ya ha tenido consecuencias graves para algunos jugadores suspendidos, pues el Alianza y el FAS (Futbolistas Asociados Santanecos) ya despidieron a los suyos (tres cada equipo).
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Además, algunas empresas que patrocinan a la selección salvadoreña han mostrado inquietud por el futuro de ese apoyo, según la prensa deportiva.
En 2011, la mayoría de miembros de un comité de apoyo a la selección, formado por empresarios locales, renunció tras conocerse las primeras denuncias de venta de partidos.
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Antes de suspender jugadores, la Fesfut decidió que la selección mayor no jugará mientras no se esclarezca el escándalo.