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Grecia aprobó una ley para mejorar la seguridad en los estadios

El Parlamento griego espera por medio de esta norma poner fin a la violencia y la corrupción en el fútbol.

La ley obliga a los equipos a colocar cámaras de seguridad en los campos e instalar la entrada electrónica, que permite conocer la identidad del comprador y su ubicación en la grada.

Los equipos cuyos estadios no cumplan estas dos condiciones tendrán que jugar sus partidos a puerta cerrada a partir de la temporada próxima.

Además la ley introduce el derecho del ministro de Deportes a suspender jornadas o decretar la celebración de partidos a puerta cerrada en caso disturbios graves, así como imponer multas a los clubes responsables, que van desde 10.000 euros a un millón.

Asimismo, la ley estipula que las comisiones disciplinarias de la Federación Griego de Dopaje (EPO) estarán compuestas por jueces profesionales nombrados a partir de una lista preparada por la fiscalía.

Hasta ahora se encargaban jueces retirados, algunos de los cuales se encuentran bajo sospecha de manipulación de resultados de partidos.

La Justicia griega investiga actualmente a unas 50 personas entre miembros de comisiones disciplinarias, consejo de administración de EPO, árbitros y presidentes de equipos por participación y dirección de organización criminal.

La ley fue aprobada tras cinco semanas de negociación entre el ministro adjunto de Deportes, Stavros Kondonís, y la UEFA, que certificó que el texto cumple con los requisitos tanto de este organismo como de la FIFA, y evita así la suspensión de la EPO, que tendrá que cambiar sus estatutos para que hacerlos completamente conformes a los requisitos de ambas organizaciones.

En un primer momento, EPO se opuso al borrador de ley presentado por el Ejecutivo, al considerar que restaba autonomía a la federación, por lo que pidió la intervención de la UEFA y la FIFA.

Las dos federaciones compartieron esta crítica y amenazaron al Gobierno con expulsar a todos los equipos griegos y a la selección de los campeonatos internacionales, pero tras varias semanas de negociación aceptaron el compromiso presentado por el ministro. 

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