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El estadio Maracaná sigue rodeado de problemas

El gobierno de Río de Janeiro anunció este viernes que no demolerá las instalaciones deportivas aledañas al Maracaná, lo que creó un problema legal con la empresa que tiene la gestión del estadio.

El gobernador de Río, Sergio Cabral, anunció que se mantendrán en pie el estadio de atletismo Celio de Barros y el parque acuático Julio de Lamare, en cuyo lugar se iban a construir aparcamientos de vehículos para el Mundial de fútbol de 2014.

La conservación de las instalaciones deportivas era una exigencia de las federaciones brasileñas de Atletismo y Natación, además de los vecinos del barrio de Maracaná y de parte de la sociedad carioca, que incluyó esta cuestión en la larga lista de reivindicaciones de las manifestaciones de los últimos meses.

El cambio de opinión causó automáticamente un problema con la empresa Complexo Maracanã Entretenimento, que el pasado junio ganó en una licitación el derecho de gestionar el estadio en los próximos 35 años.

La compañía gestora paga un precio considerado muy bajo por la administración del estadio (181,5 millones de reales o 79 millones de dólares anuales) porque, en compensación, se tuvo que hacer cargo de las obras de demolición de los citados estadios y la construcción de los estacionamientos y otras instalaciones.

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En un comunicado, la empresa dijo que "está analizando el nuevo escenario" y se comprometió a presentar una alternativa en un plazo de 20 días para que el contrato de concesión siga siendo viable.

El gobierno de Río cambió de opinión esta semana incluso en relación al antiguo Museo del Indio, un edificio prácticamente en ruinas vecino al Maracaná donde vivían decenas de indios de varias etnias.

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Primero se abandonó la idea de derribar el edificio y ahora el gobernador aceptó estudiar el posible regreso de los indios al edificio, que fueron expulsados por la policía con vistas a construir un museo olímpico.

En las últimas semanas, grupos de manifestantes están realizando protestas con frecuencia casi diarias a las puertas de la casa de Cabral o en las sedes del gobierno regional por la cuestión del Maracaná, contra la corrupción y una larga lista de reivindicaciones.

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