En una entrevista en la emisora RAC-1, Gay de Liébana atribuyó la querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona a la "estrategia fiscal" de los asesores del jugador, porque "la velocidad con que se inventa, se modifica y se arregla la normativa fiscal ha sido más rápida que la velocidad con que se modificó la estrategia fiscal de Leo Messi".
"Me sorprende que el montaje de los abogados, que son buenos, haya acabado en querella", señaló el economista en referencia al bufete de abogados Juárez Veciana, los letrados que asesoran al delantero azulgrana.
Según Gay de Liébana, "con Cristiano Ronaldo no pasaría nada porque él no es residente y por tanto tributa en España por lo que cobra y genera aquí, pero Messi es residente (en Gavà) y tiene que tributarlo todo en España y al tipo máximo del 56%".
"Se puede evitar ir a juicio, aunque cuando se llega a esta situación generalmente es porque se han agotado todas las vías de diálogo", señaló el experto, que advirtió que hay riesgo de que Messi vaya a la cárcel. "Pero no creo que vaya a prisión porque antes se puede liquidar y regularizar la situación".
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El economista recordó que no es el primer jugador del FC Barcelona al que inspeccionan y que los profesionales de primer nivel del deporte de élite "son contribuyentes fuera de lo que es normal, son máquinas de hacer dinero".
Por otra parte, el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, recordó que "la justicia y las obligaciones tributarias deben ser iguales para todos" al ser cuestionado por el caso del jugador del Barcelona Lionel Messi y su padre Jorge Horacio.
No obstante, Soria indicó este jueves en una entrevista a Radio Nacional de España (RNE) que debe ser "el juez quien determine" y se mostró "seguro de que si tiene que pagar pagará y sino tiene que pagar de acuerdo a la decisión del juez pues no".
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La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona presentó el miércoles una querella contra el futbolista argentino y contra su padre, a los que acusa de tres delitos contra la Hacienda Pública por haber defraudado presuntamente más de 4 millones de euros en sus declaraciones de IRPF de 2007, 2008 y 2009.