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El ente del fútbol y el Congreso peruano mantienen un pulso sobre la obligación o no de la Federación de ese país de presentar sus cuentas financieras al Instituto Peruano del Deporte (IPD), dependiente del Ministerio de Educación.
El fantasma de una eventual suspensión de Perú en la FIFA ha emergido por segunda vez en menos de un año, como respuesta al deseo de un grupo de congresistas peruanos de derogar una polémica ley que da al órgano rector del fútbol mundial autonomía sobre la Federación Peruana por encima de cualquier norma.
Para los parlamentarios este aspecto es inconstitucional y, por lo tanto, debe ser eliminado, pero para la FIFA es una injerencia política y, por ende, un motivo para marginar al fútbol peruano de cualquier competición internacional, como le sucedió recientemente a Guatemala.
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El partido de ida de este duelo lo ganó la FIFA, pues la misma amenaza de suspender a Perú, y dejarle sin jugar el Mundial de Rusia 2018 tras haber clasificado por primera vez en 36 años, evitó que el Congewao aprobase en diciembre de 2017 la Ley General del Deporte.
Esa iniciativa legislativa fue criticada por la FIFA por sus "excesivas facultades fiscalizadoras" e "inadecuado intervencionismo" del IPD.
El Congreso, dominado por el opositor partido fujimorista Fuerza Popular, no solo retiró el proyecto de ley en mitad de la euforia colectiva por ver de regreso a Perú en una Copa del Mundo, sino que unos días después emitió una norma que daba a la FIFA plena autonomía sobre la FPF.
La Ley de Fortalecimiento de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, publicada el 15 de enero, reconoce que esta se rige por sus propios estatutos, los de la FIFA y los de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), "que priman respecto de cualquier normativa".
Esta norma solo obliga a la FPF a informar al IPD sobre su calendario de actividades, mientras que sus finanzas deben ser revisadas por auditores, pero quedan únicamente para su asamblea.
Asimismo, incluye una disposición final que permite al actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo, no convocar elecciones hasta 2020, cuando finalice el actual ciclo olímpico, mientras que algunos congresistas consideran que los comicios deberían haberse realizado en 2016.
Para la congresista independiente Paloma Noceda, autora de la frustrada Ley General del Deporte, la amenaza de la FIFA de suspender a la FPF si se deroga la norma es "puro humo" y un intento de intimidar al Parlamento.
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En cambio, para el secretario general de la FPF, Juan Matute, la situación puede llevar incluso a que la FIFA quite a Perú la sede del Mundial sub-17 que se celebrará en octubre del próximo año, la misma que le fue otorgada dos meses después de la aprobación de la polémica ley.
Este partido de vuelta entre la FIFA y el Congreso de Perú surgió a raíz de que la FPF anunciase esta semana que celebraría sus elecciones en diciembre de 2019, lo que acrecentó la presión sobre Oviedo para desvincularse de la Federación por las graves acusaciones e imputaciones afronta por sus negocios privados como empresario.
Oviedo, dueño de uno de los principales conglomerados empresariales del país, llegó a la presidencia de la FPF en diciembre de 2014 con el compromiso de renovar el fútbol peruano tras los 22 años que la Federación estuvo dominada por Manuel Burga, declarado no culpable por falta de pruebas en el escándalo de corrupción de la FIFA.
Tenía como aval haber sido presidente del Juan Áurich de Chiclayo, y haberlo convertido en campeón nacional por primera vez en su historia en 2011, y los éxitos deportivos no tardaron en llegar con un tercer puesto en la Copa América 2015 y la clasificación para el Mundial 2018.
Sin embargo, su reputación comenzó a estar en entredicho cuando se le procesó una acusación como autor mediato (con dominio del hecho) de los asesinatos de dos sindicalistas de una de sus empresas, crímenes por los que el fiscal solicita 36 años de prisión.
En el marco de ese caso, Oviedo se vio involucrado en la gran red de corrupción desvelada en julio en las altas esferas de la judicatura peruana, y en la que presuntamente había favorecido con entradas para el Mundial al juez supremo que lideraba la trama.
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