En un comunicado divulgado este martes, la Procuraduría alega que la transmisión de los partidos y el montaje de las estructuras de telecomunicaciones, con un costo de unos 1.200 millones de reales (545 millones de dólares), no tienen interés público ni tendrían por qué ser costeados por el Gobierno, como pretende la FIFA.
Los recursos entablados ante tribunales de Brasilia buscan impedir que esos gastos sean costados con recursos públicos por el Gobierno brasileño o por las administraciones regionales y municipales, según informó el Ministerio Público.
Los procuradores alegan que tales gastos tienen que ser asumidos por la FIFA debido a que no tienen interés público, no dejarán ningún legado para la población brasileña y son exclusivos para transmitir por televisión un evento privado.
"¿Hay interés público en el pago de estos servicios si la FIFA es la única propietaria de los derechos de transmisión del evento y los comercializa a precios millonarios?", indaga la Procuraduría en uno de sus recursos.
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La entidad alega que las estructuras provisionales para ofrecer servicios de transmisión desde los estadios exigen la instalación de plataformas, cercas, pasarelas, iluminación, cables, muebles y divisorias que serán desmontados tras el Mundial que Brasil organizará en 2014 y no quedarán como legado.
Según los cálculos de los procuradores, Brasil gastó 229,7 millones de reales (unos 105 millones de dólares) en las estructuras provisionales que fueron usadas en los seis estadios en que se disputaron partidos de la Copa Confederaciones, que ya fueron desmontadas.
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Agregan que ese costo podrá ascender a 1.000 millones de reales (unos 454,5 millones de dólares) para los 12 estadios en los que serán disputados partidos del Mundial.
Los costos de transmisión por televisión, por su parte, pueden sumar 130 millones de reales (unos 59 millones de dólares).
Según la Procuraduría, Brasil se comprometió con la FIFA a asumir los gastos de infraestructura exigidos para el Mundial y que quedarán como legado para el país, como sistemas de transporte, redes de comunicación y obras en puertos y aeropuertos.
"En ese caso en particular (de la transmisión televisiva), aunque las inversiones hayan sido idealizadas, incentivadas u optimizadas en relación al Mundial, ellas no generarán mejorías para el país ni sus ciudadanos", según el comunicado.
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Según la Procuraduría, FIFA exigió que los gobiernos federales y regionales brasileños asumiesen el costo de las estructuras provisionales de telecomunicaciones tres meses antes de anunciar las ciudades que serán sede del Mundial.
"Se trata por lo tanto de un término aditivo en los contratos impuesto por la FIFA sin cualquier posibilidad de discusión por parte de los signatarios", asegura la nota.
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Para la Procuraduría, el Gobierno brasileño inicialmente se había negado a pagar los costos de transmisión de televisión del Mundial, pero que terminó cediendo a las presiones de la FIFA en enero de este año.