Exdiputada será condenada por estafar a más de 240 personas con falsas viviendas de interés social

Además, un juez les revocó la detención domiciliaria a la política antioqueña Ángela María Cano Vargas, a su excompañero sentimental y a su yerno.
Los hechos que fueron considerados por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí para emitir sentido de fallo condenatorio contra Cano Vargas sucedieron en 2006.
Polémica generó la presencia de Ángela María Cano en Asamblea de... La Fiscalía informó que en ese entonces “unas 240 personas de los estratos 1, 2 y 3 invirtieron más de  3 mil millones de pesos en dos proyectos de vivienda de interés social”, ubicados en Itagüí, pero las soluciones de vivienda nunca fueron construidas.
Pruebas testimoniales, técnicas y documentales permitieron a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación establecer que Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez, excompañero de la exdiputada, “fue el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de la urbanización San Miguel y el Proyecto Santa Marta”, informó el organismo. 
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A su nombre, comunicó la fuente, eran consignadas las sumas de dinero que las familias entregaban para obtener un supuesto cupo de vivienda. Entre los montos entregados estaban un millón de pesos que, según halló el organismo judicial, eran exigidos supuestamente para firmar las escrituras de los  inmuebles, los cuales nunca existieron.
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“Para ganar su confianza, los afectados eran citados los fines de semana por los impulsadores del proyecto para la limpieza y organización de los presuntos terrenos donde se ejecutaría la obra de vivienda, que sería entregada en máximo dos años a partir del primer pago”, manifestó la Fiscalía por medio de un comunicado.
El 9 de agosto, la justicia dará a conocer la sentencia contra Cano Vargas y sus dos presuntos cómplices, quienes serán condenados por concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal.
La sentencia emitida podrá ser apelada ante un tribunal por los tres procesados.