Las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta de denuncia para casos de maltrato animal en Colombia y el mundo. Videos sin censura han dejado en evidencia a maltratadores de animales que, en el peor de los casos, son dueños o trabajadores de guarderías o fundaciones caninas que deberían velar por el bienestar de estos animales.Según la ley colombiana, el maltrato animal está tipificado como un delito y puede dar penas de prisión de 12 a 36 meses a quien cause la muerte o lesiones a animales. Séptimo Día conoció las denuncias de varias personas contra lugares que supuestamente velan por el bienestar de mascotas y animales rescatados, pero cuyas condiciones supondrían realmente maltrato para estos.Denuncian maltrato en fundación de animalesA través de videos, animalistas y voluntarios han denunciado a la fundación Rufo Salvando Vidas, la cual tiene sede en Suba, en el norte de Bogotá, y asegura ser un espacio en el que se rescatan perros y se promueve el apadrinamiento y adopción de estos, por el aparente mal estado en el que viven los animales dentro de su predio. Uno de los videos más llamativo en las plataformas digitales muestra el momento en el que, aparentemente, un perro se está "comiendo" a otro que murió en el lugar.El video en cuestión fue publicado por Julio Triviño, un hombre que aseguró haber evidenciado el mal estado en el que viven los perros que están en la fundación. "El video se realizó porque acompañé a mi hijo a unas de las canchas de fútbol que está ubicada cerca a esta fundación y lo graba un papá que estuvo ahí en un partido. Cuando lo publiqué la señora trata de explicarme por qué el perro se comió al otro perro. Dice que colgaron un perro porque se había muerto una noche antes y el otro lo alcanzó. Entonces sí hay un problema administrativo", explicó.La señora a la que se refiere Triviño es Andrea Clavijo, quien es la representante de la fundación y, según datos de los denunciantes y de las redes sociales del lugar, tiene en su poder a más de 100 caninos, entre ellos algunos con discapacidades. La mujer, ante las cámaras de Séptimo Día, negó las acusaciones que surgieron por el video de Triviño y las que surgieron hace un año cuando varios voluntarios acudieron al lugar en medio de una inundación que sufrieron en sus instalaciones, ubicadas cerca de un complejo deportivo.Las otras denuncias las realizaron Camilo Jaramillo, Paola Andrea Pinzón y Sandra Silvera Ortíz, quienes acudieron como voluntarios y aseguraron encontrarse con un panorama desolador. Los voluntarios aseguraron que al llegar notaron que muchos de los caninos estaban "desnutridos y deshidratados" y otros que al parecer pasaban "encadenados las 24 horas del día". Sandra Silvera detalló que "como era un terreno fangoso, llevamos materiales para meter tubería y estibas para que los animales no estuvieran en el barro, pero lo que nos encontramos fue animales tomando agua de sus heces, animales cuyas uñas estaban destruidas por los hongos. Vimos que no había alimento, pese a que la semana anterior habíamos llevado dos toneladas".También señalaron que vieron a Andrea Clavijo golpear a uno de los caninos mientras estaba allí. "Esas son mentiras, ellos hicieron un video y se dan cuenta que los perros se iban a agarrar, yo me agaché y le di [una palmada] en la boca a la perra, no le hice más", señaló la representante de la fundación y agregó que en el lugar tampoco hay espacio para almacenar tanta comida, por lo que en esa ocasión decidieron llevarla hasta la casa de otro voluntario.Por su parte, la voluntaria Paola Andrea Pinzón señaló que ese día se conmovió particularmente por el estado de desnutrición en el que encontró a Valeria, una perra criolla a la que decidió adoptar y Sandra Silvera agregó que otros perros en mal estado fueron trasladados a otros hogares y recibieron atención veterinaria. Pero Clavijo negó que los voluntarios hayan sacado animales en mal estado de su fundación. "Lo que se llevaron fue perros de raza porque los vieron bonitos, gordos y en buen estado", aseguró.¿Qué hacen las autoridades con estos casos?En Bogotá, la autoridad para estos casos es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Séptimo Día llevó ante el director Antonio Hernández las denuncias contra la fundación Rufo Salvando Vidas para establecer si tenían conocimiento sobre esta situación. Hernández indicó que las quejas que han recibido al respecto "tienen que ver con el espacio no es el más adecuado, son muchos animales y muchos presentan un estado de salud que no es el mejor".El director del IDPYBA detalló que tras las denuncias fueron a la fundación para verificar la situación y, en ese momento, "encontramos seis animales que ella entregó porque se dio cuenta que no tenía las condiciones ni las capacidades para brindarles protección. [Esto] puede representarse como maltrato". A pesar de esto, la fundación sigue operando y manteniendo a decenas de perros en su poder en condiciones que no son las más apropiadas para garantizar su bienestar.Andrea Padilla, senadora reconocida por su activismo animal explicó que "maltrato animal es toda conducta que vulnere el bienestar de un ser sintiente, no solamente es el golpe, es el maltrato por acción, también por negligencia, el hacinamiento también es maltrato". Agregó que, en este tipo de situaciones, lo que se debe hacer es "intervenir con una oferta social y apoyar a esta persona. La Alcaldía debería hacerse responsable".Sin embargo, Antonio Hernández explicó que el motivo por el que como autoridades no le han quitado los animales a la fundación Rufo Salvando Vidas es "porque nosotros consideramos que de nada sirve quitar animales cuando están en un lugar en el cual tienen resguardo, alimentación y cuidado. Lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de este tipo de lugares. Si una persona de estas maltrata, no genera condiciones seguras para el animal, tenemos que intervenir".Los voluntarios y animalistas siguen esperando que sus denuncian tengan un efecto definitivo para garantizar la mejora de condiciones de los animales que permanecen en la fundación Rufo Salvando Vidas, mientras esta sigue operando y recibiendo donaciones.
El propósito de vida de Jaqueline Rivera, diseñadora y madre de dos hijos, cambió en febrero de 2018, cuando Camilo Rodríguez acabó con la vida de su hija Tamara Rivera, de tan solo 18 años, y escapó de las autoridades. Jaqueline le prometió a su hija, el mismo día que se llevó a cabo su funeral, que no descansaría hasta encontrar a su feminicida y llevarlo a responder por su crimen, además le aseguro que lo haría en menos de un año.La tarea no era sencilla, al hombre parecía que se lo había tragado la tierra. Pero aunque ella desconocía su paradero, no se rindió y pasó meses siguiéndole el rastro con publicaciones en redes sociales, hablando con personas que lo habían visto y recopilando información sobre su nuevo estilo de vida. Y lo logró, en enero de 2019, gracias a toda la labor de inteligencia que ella realizó sin conocimiento alguno, pero con el poder del amor maternal, llevó a las autoridades a detenerlo en otro país.Jaqueline Rivera no confiaba en el novio de su hija"Ella era muy alegre, súper espontánea, de esas personas que todo lo resuelve, decía 'yo puedo, yo lo hago'. Esa niña llena de energía soñaba con aprender muchos idiomas y viajar por el mundo". Así recuerda Jaqueline a su hija Tamara o 'Tammy', una joven a la que se le acabaron los sueños con sus 18 años recién cumplidos, luego de que el hombre con el que había sostenido una tormentosa relación la asesinara en su casa en Cali.El responsable fue Camilo Rodríguez, un hombre seis años mayor que Tamara que se dedicaba a manejar Uber en la ciudad y se había ganado la confianza de la joven hasta el punto de empezar una relación amorosa. Cuando Tamara se lo presentó a su mamá, ella le dijo que no le daba confianza, algo extraño porque Jaqueline asegura que "a mí no me cae mal nadie". Sin embargo, sus dudas no hicieron mayor peso y el noviazgo continuó, pero a los cuatro meses notó que algo estaba mal con su hija. Jaqueline Rivera confirmó sus sospechas, Camilo maltrataba a Tamara, y por eso la llevó a interponer una denuncia. A pesar del proceso legal iniciado, Tamara decidió volver con él y con el tiempo también regresaron los golpes, en total lo demandaron por agresión y violencia de género tres veces. Camilo no solo maltrataba y manipulaba a Tamara, quien sentía que no podía salir de esa relación, sino que también llamaba a Jaqueline para amenazarla por haberlo denunciado.Así ocurrió hasta que, finalmente, Tammy decidió dar por terminada definitivamente su relación con Camilo. Ante el temor de que el hombre regresara a la vida de su hija, Jaqueline tomó la decisión de cambiarse de casa y, en medio de eso, recibieron una noticia que les dio alivio. Camilo llamó a su hija para despedirse. "Le dice: 'Me voy para Bogotá, lo siento, la embarré contigo y no puedo estar acá', y se fue en enero"; pero todo era una farsa.Unas semanas después, el 22 de febrero de 2018, cuando se suponía que Camilo Rodríguez ya no estaba viviendo en Cali, Tamara le avisó a su mamá que saldría a la calle a hacer una diligencia, pero nunca más regreso. "Yo sentí que se me oprimía el pecho, había algo que me decía que algo pasó", recordó Jaqueline Rivera ese día, cuando salió corriendo en busca de su hija presintiendo que lo peor había pasado."Cuando llegué metí la llave y esa reja se abrió, miré al piso y encontré la pulsera de ella. Corrí al patio, miré por la ventana y la vi en el suelo. La toqué y estaba fría, eso es duro porque usted queda como en una burbuja, yo salí corriendo a un CAI cerca y les grité: 'mi hija está muerta, Camilo la mató'", detalló.Así fue la cacería del feminicida de su hijaLa muerte de Tamara Rivera en Cali empezó a ser investigada por las autoridades en Cali, con Camilo Rodríguez como principal sospechoso ante los señalamientos de la madre de la víctima. Sin embargo, se desconocía el paradero del sujeto que semanas atrás les había dicho que se mudaría a Bogotá. Días más tarde se llevó a cabo el funeral de la joven y su mamá decidió convertirse en una especie de investigadora judicial, para honrar la vida de su hija. "Le hice una promesa y le dije que se la iba a cumplir. Que yo iba a encontrar a Camilo y que lo iba a encontrar antes de un año, costara lo que me costara. Y se volvió mi obsesión. Aprendí a saber cómo escribía, a saber cómo se expresaba. Empecé a analizarlo cuadro a cuadro".En medio de su dolor, y mientras pensaba cómo iniciar su búsqueda, Camilo Rodríguez tuvo la sangre fría de llamarla y hacerle parecer que él no estaba enterado de la muerte de Tamara. Por recomendación de los investigadores, Jaqueline tuvo que hacer de tripas corazón y hablar con él como si nada hubiera pasado. "Me dice: 'Hace rato no hablo con Tammy ¿ella dónde estará? Tammy no me contesta y me parece muy raro, y yo estoy preocupado porque ella ha estado saliendo con un tipo que es medio raro y a mí me da miedo que le haga algo'".Indignada y destrozada, la madre de Tamara decidió acudir a las redes sociales para pedir ayuda para dar con el paradero de Camilo. Como pudo consiguió fotos recientes de él y de cada uno de sus tatuajes, sus datos personales y detalló en una publicación que ese hombre era el asesino de su hija. Como sucede con este tipo de denuncias en plataformas digitales, rápidamente se hizo viral y algunas personas le aseguraron haberlo visto en Bogotá. El mismo Camilo volvió a comunicarse con ella ante la viralidad de la publicación. "Yo publiqué su foto, sus datos, le explicaba a la gente que ese sujeto asesinó a mi hija. Me llamó y me dijo: 'me voy a entregar a la Fiscalía de Bogotá, yo cometí un error y pienso pagarlo'. Luego empieza a insultarme". Pero Camilo nunca se entregó y desapareció del panorama otra vez; sin embargo, la voluntad, terquedad y el amor de Jaqueline por su hija era más perseverante.Jaqueline no paraba de publicar la información de Camilo y enviársela a personas en Bogotá, último lugar en el que lo habían visto. Por varios meses su búsqueda no daba resultados, pero nunca desfalleció. "En la noche hacía redes sociales, en el día trabajaba. No bajé la guardia en ningún momento" y para ese entonces sufrió un accidente en su moto, lo que la incapacitó un tiempo en su casa con "todo el tiempo del mundo" para continuar con su cacería."Un día de la nada llegó el mensaje que estaba esperando. Alguien me escribe que él salió hacia Ecuador con unos migrantes venezolanos". Al darse cuenta que Camilo ya había salido del país, Jaqueline no se detuvo, trasladó su búsqueda y empezó a enviar la información a personas en ese país, específicamente en las ciudades más cercanas a la frontera. Tras algunas semanas de silencio, finalmente recibió un nuevo mensaje de una persona que le aseguró haberlo visto en un parque en Lago Agrio, en la frontera ecuatoriana, pero no sabía si Camilo seguía allí o había cruzado la frontera hacia Perú.En medio de su labor de persecución a través de las redes sociales, en varias ocasiones la publicación de Jaqueline llamó tanto la atención que el mismo Camilo se comunicaba con ella a través de perfiles falsos. "Varias veces me encontré con que hizo perfiles con otros nombres y me escribía para sacarme información de cómo iba el proceso. Yo aprendí a ver él cómo se expresa, cómo habla, cómo escribe y yo lo identificaba. Yo le decía: 'Camilo, ya no le dé más vueltas a esto, o usted se entrega o yo lo encuentro'".Fue por eso que cuando recibió en su buzón de mensajes una foto en primer plano de Camilo Rodríguez, preguntándole si ese era el hombre que ella buscaba, sospechó de inmediato. Por fortuna, en esta ocasión quien estaba del otro lado del chat era un policía peruano que le confirmó sus sospechas, Camilo solo había estado de paso en Lago Agrio, Ecuador, y ahora estaba en Chiclayo, Perú. Para que ella confiara en él, le explicó cómo había conseguido esa foto del colombiano. "Me dijo: 'Yo soy policía aquí en Perú, mi tía tiene un restaurante y él viene a desayunar acá'. Entonces lo que él dejó su celular en la vitrina y cuando Camilo se sentó a pedir, él le tomó la foto".Jaqueline, que se había convertido en la sombra de Camilo, ahora tenía unos ojos en el Perú que estaban atentos a los movimientos de Rodríguez. De esta manera se enteró que Camilo se había establecido en el Perú con otra identidad, la de Johan Sebastián Mena Gutiérrez, y que, además, ya tenía una nueva pareja, mujer a la que también estaba maltratando y cuya familia ya lo había denunciado. "Logré averiguar dónde vivía, dónde trabajaba, a qué hora entraba a trabajar, dónde desayunaba, dónde almorzaba, dónde cenaba, me convertí en su sombra".Entonces la mujer se comunicó con la estación de Policía en Chiclayo y le envió al capitán Saavedra toda la información que tenía de Camilo, pero se encontró con un problema cuando el oficial le preguntó si el sujeto tenía circular roja de Interpol. Esto significó un nuevo retraso para su plan, pues a Camilo solo lo estaban buscando en Colombia. Jaqueline no había llegado tan lejos para nada, por lo que gracias a un investigador privado, consiguió que en diciembre de ese año se emitiera la circular roja contra Camilo, tuvo que esperar 45 días.Así las cosas, el 18 de enero recibió la mejor noticia: el operativo se había llevado a cabo y Camilo Rodríguez había sido capturado en Chiclayo. En ese momento lo detuvieron por falsedad en documento público y le informaron que la justicia colombiana lo exigía para que pagara por el feminicidio de Tamara Rivera. Jaqueline le había cumplido a su hija la promesa que le había hecho en su tumba, pero todavía no podía cantar victoria, pues faltaba el proceso de extradición.Debido a la burocracia entre ambos países, tardaron 10 meses en enviar a Camilo Rodríguez de Perú a Colombia. Pero una vez estuvo en territorio nacional, la justicia colombiana lo condenó a 375 meses en prisión, 35 años que actualmente apaga en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.Aunque el dolor por la pérdida de su hija sigue intacto y nada podría ayudarla a recuperarla, hoy en día Jaqueline Rivera vive tranquila por haberle cumplido a su hija de 18 años la promesa que le hizo el día de su funeral y haber conseguido justicia para que ella no se convirtiera en una cifra más de impunidad.
Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
Tres militares fallecieron como consecuencia del ataque con drones cargados con explosivos perpetrado contra un batallón del Ejército colombiano en el municipio de Ocaña, en el departamento Norte de Santander. El atentado fue perpetrado el viernes por la noche por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln), que atacó la unidad militar de El Trapiche.Los militares asesinados fueron identificados como el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. El Ministerio de Defensa Nacional expresó sus condolencias y anunció que se fortalecerá la ofensiva contra el Eln en Norte de Santander.Esa cartera informó que, como primera medida, se determinó la reestructuración, reorganización y activación de la campaña militar y policial ‘Esparta’, que tendrá su sede en Ocaña y permitirá articular las capacidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para enfrentar a las estructuras criminales que delinquen en esta región del país.De otro lado, se ordenó fortalecer el bloqueo y la contención de los corredores empleados por los grupos armados ilegales para movilizar integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña. Entre las medidas también está la activación en ese municipio del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (CICOT), encargado de articular, de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, las capacidades y la información de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los demás organismos del Estado.“Su propósito será anticipar amenazas, identificar a los responsables y orientar las operaciones de la Fuerza Pública contra las estructuras del Eln, los grupos armados organizados residuales y las demás organizaciones criminales que pretendan afectar a la población civil y a la Fuerza Pública”, señaló Mindefensa.Adicionalmente, se anunció que entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial (CIJUT), que fortalecerá la coordinación entre la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación, especialmente en los procesos de investigación y judicialización. Esta articulación permitirá llevar ante la justicia a los responsables de los ataques y avanzar en la desarticulación de las redes de apoyo de las organizaciones criminales.¿Qué dijo el presidente De la Espriella?El presidente Abelardo de la Espriella, tras las muertes de los soldados, manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y mandó un deseo de pronta recuperación a los heridos. También hizo un llamado al Eln: “Le digo con absoluta claridad: por cada policía o soldado que asesinen, haré caer sobre ustedes todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado”.El mandatario señaló que la fuerza pública los va a perseguir, encontrar y combatir sin descanso. “Se van a arrepentir de cada colombiano que asesinen. Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de Policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal”, anotó.Finalmente, el presidente De la Espriella anotó que acabará con el cáncer del narcoterrorismo “que durante décadas ha desangrado al Catatumbo y a Colombia”.NOTICIAS CARACOL
Colombia pidió a Rusia y Ucrania que cesen la contratación de connacionales para integrar sus Fuerzas Armadas y faciliten el regreso de quienes ya participan en esos ejércitos, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería señaló que Colombia "no apoya, incentiva ni autoriza" la participación de sus ciudadanos en conflictos armados internacionales y exhortó a los dos países a detener el reclutamiento de colombianos para prestar servicios militares en el exterior.De acuerdo con la información, el Ministerio de Relaciones Exteriores registra hasta la fecha 863 solicitudes de asistencia consular relacionadas con colombianos en Ucrania y otras 890 vinculadas con connacionales en Rusia. Las solicitudes corresponden a distintas situaciones, entre ellas ciudadanos fallecidos cuyos restos fueron repatriados o sepultados en el exterior por decisión de sus familias; casos en proceso de repatriación; personas declaradas desaparecidas en combate por las autoridades competentes, y otras reportadas como desaparecidas por sus familiares sin confirmación oficial.La Cancillería aseguró que identificó a personas que difunden ofertas laborales engañosas y facilitan el traslado de colombianos hacia territorios involucrados en el conflicto, por lo que presentó 21 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación.El Gobierno informó que creó un protocolo de atención preventiva en las sedes de expedición de pasaportes para identificar a usuarios que manifiesten su intención de viajar a otros países con el propósito de prestar servicio militar en conflictos internacionales.El pedido de Colombia se suma al de otros países de América Latina y África para que cese el reclutamiento de sus ciudadanos para combatir en las filas del ejército ruso y ucraniano en medio de la guerra que comenzó en 2022.La contratación de extranjeros para combatir en Ucrania es una de las formas que tiene el Kremlin de contrarrestar la acuciante falta de hombres en el frente y el gran número de bajas.Asimismo, organizaciones de derechos humanos han denunciado que Rusia cuenta con una red de contratación de personas de sectores vulnerables en diferentes continentes, a las que atraen con ofertas de trabajo, becas o promesas de ciudadanía. EFE
El presidente Abelardo de la Espriella hizo una dura advertencia a los gobernadores y alcaldes, en especial al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante la cumbre de gobernadores en Mompox, Bolívar, recalcando que ninguna autoridad local está autorizada para adelantar acercamientos o diálogos de paz con grupos ilegales sin el aval del Gobierno nacional. Mientras hablaba de los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público, recalcando que “tienen que ser verdaderamente operativos, espacios de decisión, asignación de responsabilidades y seguimiento, no simples comités de evaluaciones de informes”, manifestó que quería hacer una “advertencia muy clara”.“Quiero ser muy claro y quiero ser especialmente claro con usted, señor gobernador de Nariño, está advertido”, expresó el jefe de Estado al informar las acciones que se emprenderán si su gobierno se entera de posibles acuerdos de paz. (Lea también: Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas)“Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”De la Espriella fue enfático en decir que “ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia, no voy a tolerar bajo ninguna circunstancia que mientras nuestros soldados y policías arriesgan sus vidas para enfrentar esos bandidos, alguna autoridad intente hacer pactos por debajo de la mesa con los enemigos de la patria”.Agregó que la “política integral de seguridad se medirá por resultados que la gente pueda sentir; no me interesa aumentar el número de operaciones si los ciudadanos siguen pagando extorsiones o si un grupo terrorista continúa ejerciendo control criminal sobre una región”.Las palabras de De la Espriella hacia el gobernador de Nariño se dieron luego de que el mandatario local manifestara en una entrevista radial que “no podemos pasar de la paz total a la guerra total” y agregara que, “como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”. Además, recordó el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, de las disidencias de las Farc, que según Escobar “se desarmaron, se eliminaron 14 toneladas de explosivos, hay unos acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito de más de 20.000, pero está en la cosa pacífica”.No obstante, el Gobierno De la Espriella dio por terminadas las mesas de diálogo con ese grupo, así como con el Estado Mayor de Bloques y Frente y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Tras esta decisión gubernamental, la Fiscalía General de la Nación informó que reactivaba las órdenes de captura contra algunos integrantes de esas bandas criminales. (Lea también: Fiscalía reactivó órdenes de captura contra negociadores de paz, entre ellos alias Calarcá)NOTICIAS CARACOL
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este viernes, antes de entrar en un interrogatorio en la Fiscalía para responder por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, que acudía a la diligencia para defenderse de las acusaciones y reiterar que "no ha sido asesino". "Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino", manifestó Uribe a los medios antes de entrar a la sede de la Fiscalía para la indagatoria, en la que deberá responder por los señalamientos que lo vinculan con esos hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997). Durante su intervención, el exmandatario sostuvo que la acusación forma parte de lo que calificó como una serie de señalamientos promovidos por "sus adversarios políticos" y recordó otras acusaciones que, según dijo, ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.La Fiscalía investiga la posible responsabilidad de Uribe, por acción u omisión, en las masacres perpetradas en zonas rurales del municipio de Ituango, donde grupos paramilitares asesinaron a campesinos en 1996 y 1997.El expediente también incluye el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998, después de denunciar ante distintas autoridades, entre ellas Uribe antes de terminar su periodo de gobernador, la actuación de grupos paramilitares en Ituango y su presunta connivencia con miembros de la fuerza pública.Uribe rechazó nuevamente los señalamientos que lo vinculan con el paramilitarismo y aseguró que durante su gobierno se redujeron el narcotráfico y las organizaciones paramilitares.El expresidente también mencionó al exmandatario Gustavo Petro (2002-2006), de quien dijo que su Gobierno fue combatido por el uribismo "mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos", pero aseguró que, pese a sus diferencias políticas, defiende para él las mismas garantías constitucionales que reclama para sí."Frente a él, como frente a cualquier ciudadano acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mí reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del diente por diente o del ojo por ojo", expresó.Finalmente, Uribe vinculó su comparecencia con el proceso judicial que terminó en la condena de su hermano Santiago Uribe, a quien en junio la Corte Suprema de Justicia ratificó una pena de 28 años y tres meses de prisión por la creación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, al que se atribuyen unos 525 homicidios cometidos por sicarios que actuaban bajo sus órdenes en el departamento de Antioquia.EFE
Un juzgado de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares a que suspendan operaciones aéreas ofensivas contra grupos guerrilleros si se tiene "información cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de menores de edad.Ower Jimmy Borda fue la persona que efectuó la acción de tutela buscando que el Gobierno nacional y las autoridades no puedan efectuar estos bombardeos contra grupos guerrilleros en caso de la presencia de menores de edad. Borda habló para Noticias Caracol En Vivo y explicó las razones de fondo de la tutela."El objetivo es que realmente el Estado revise todos los protocolos que se deben seguir e ir más allá para que se proteja la vida de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas y que son víctimas del conflicto armado actualmente en Colombia. Que son usados por estos grupos alzados en armas para protegerse y que en muchas oportunidades están en la mayoría de los campamentos que ellos usan", comenzó explicando Borda, quien en la tutela se presenta como "agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados".Borda destacó la inteligencia de la Fuerza Pública en los temas operativos, pero enfatiza que el Ejecutivo debe apoyar más para determinar si hay o no menores de edad. "Antes que estarla presionando indebidamente para que ellos puedan desarrollar más todo lo que es la planeación e inteligencia", indicó. El accionante agregó que el objetivo de la tutela es para que las Fuerzas Militares "donde puede haber niños, que se abstenga de accionar operaciones, hasta tanto puedan desarrollar lo pertinente para poder rescatarlos. o hacer lo que deban hacer en su momento de manera alternativa".Agregó que constituye un grave error por parte del Ejecutivo hacer presiones indebidas para lograr y mostrar resultados en operaciones. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la orden del juzgado, asegurando que aunque acatan y respetan los fallos de la justicia, también deben ser objeto de crítica."Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información 'cierta, objetiva o razonablemente verificable' sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, 'razonablemente verificable'? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos", aseguró el jefe de la cartera.Lara enfatizó en que "los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo".Sobre la pregunta a que si no poder bombardear a grupos criminales por la presencia de menores de edad significaría un aumento en el reclutamiento forzado, Borda asegura que la tutela busca el efecto contrario. "Lo que busca es que se replantee toda las estrategias que tiene el Estado, que se replanteen y que sea más efectivo para que se pueda mitigar y ojalá disminuir todo el reclutamiento que hacen estos grupos sobre los niños. Ahí es donde está fallando el Estado", dijo.La acción de tutela y la orden del juzgado llega luego de que se confirmara el asesinato de tres menores de edad en un bombardeo contra las disidencias de alias Calarcá en el departamento del Guaviare el pasado 27 de agosto. En ese momento, sobre los tres menores de edad, el Gobierno nacional afirmó: "Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan".MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegará a Colombia en la segunda semana de septiembre para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, según fuentes del Gobierno de Donald Trump. El encuentro se daría en Barranquilla y se prevé que la cita se dé el miércoles 9.Según ha trascendido, la reunión de Rubio no será solo con el jefe de Estado colombiano, también con otros miembros del gabinete para abordar temas diplomáticos y económicos. En este último, no se descarta que se toque de nuevo la petición de suspender temporalmente los aranceles a Colombia, lo que ya había solicitado De la Espriella al funcionario estadounidense a través de una conversación telefónica.Dicho diálogo ocurrió a mediados de agosto, poco después del terremoto en Colombia que dejó más de 300 muertos y provocó daños graves en varias poblaciones del país. De la Espriella informó en esa ocasión que “tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”.Otros asuntos de interés para EE. UU. y ColombiaSe ha informado que en el encuentro se avanzaría sobre asuntos diplomáticos bilaterales y cooperación militar, en la que ha habido avances tras la visita de Francis Donovan, comandante del Comando Sur al país. "La dedicación de las fuerzas colombianas con las que estuvimos esta semana es inigualable. Al forjar un frente unificado, desarticularemos las operaciones narcoterroristas, desmantelaremos su liderazgo y eliminaremos sus redes violentas que amenazan nuestra seguridad y soberanía compartidas", expresó Donovan en la cuenta de X del Southcom al terminar a finales de agosto su viaje al país, en el que estuvo en el Fuerte Militar de Tolemaida, el mayor del país, ubicado en el departamento del Tolima, para conocer "de primera mano las capacidades de la Aviación del Ejército"."Fortalecer y recuperar estas capacidades es una prioridad para garantizar una Fuerza con mayor movilidad, alcance y respuesta. Seguimos trabajando de manera monolítica por la seguridad de Colombia", expresó, por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Erik Rodríguez, en X. Durante su visita al país, Donovan se entrevistó con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, en Tumaco, zona de frontera con Ecuador, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico. El encuentro en el departamento de Nariño, tuvo lugar un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde se reunió con la nueva cúpula militar colombiana, designada por el presidente De la Espriella, cuyo Gobierno busca estrechar la relación de seguridad con Washington, después del distanciamiento durante el mandato del expresidente Gustavo Petro (2022-2026). Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional. En ese sentido, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) destacó que "la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental avanzan con una velocidad y determinación sin precedentes". (Lea también: ¿Qué significa que Colombia se sume al 'Escudo de las Américas' de EE. UU. y permita operativos?)NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AFENCIA EFE
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles el primer cambio en su gabinete luego de confirmar la renuncia de la ministra de Educación, Viviane Morales, quien se va del cargo al aducir asuntos familiares. En su lugar, De la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos Castañeda, de quien destacó "su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores". Hoyos Castañeda fue procuradora delegada para la familia y la niñez durante la administración de Alejandro Ordóñez (2009-2016) en ese organismo. En ese periodo la Procuraduría enfrentó fuertes críticas por defender una agenda conservadora que también se oponía a la denominada "ideología de género", la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio y la adopción entre parejas del mismo sexo, entre otros.¿Quién es la nueva ministra de Educación?Ilva Myriam Hoyos Castañeda es abogada de profesión y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra de España. En su hoja de vida se destaca que ha adelantado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. También fue Ddcana de la Facultad de Derecho y Directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. La nueva ministra de Educación también ha sido conjuez del Consejo de Estado y asesora del Pontificio Consejo para la Familia, el CELAM, la Conferencia Episcopal de Colombia. De igual forma, participó como laica experta en la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Brasil, y auditora en el Primer Sínodo de la Familia, en Ciudad del Vaticano.Hoyos Castañeda ha publicado varios libros sobre la dignidad del ser humano, los derechos humanos y sus implicaciones en el derecho civil, el derecho constitucional y el derecho comparado. Se ha desempeñado como docente en las universidades del Rosario, la Gran Colombia, ESAP, los Andes, Santo Tomás, Externado (Bogotá, Colombia); así como en las universidades de Salamanca (Zaragoza, Navarra, España), la Católica de Chile y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.¿Por qué salió Viviane Morales?Morales, quien asumió la cartera de Educación el pasado 7 de agosto, le presentó a De la Espriella una carta con su renuncia en la que argumenta que "una situación familiar inesperada" reclama su presencia y toda su atención de manera inmediata, sin aportar más detalles. De la Espriella también hizo pública la misiva donde le notifica a Morales que acepta su renuncia a partir del próximo lunes 7 de septiembre, justo un mes después de su investidura en la que acto seguido posesionó a su gabinete ministerial en Cali."Como Presidente de la República, acepto tu dimisión. Lo hago con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado", se lee en la carta de De la Espriella a Morales.La saliente jefa de cartera llegó al cargo en medio de fuertes críticas por sus convicciones religiosas, lo que encendió las alarmas en el mayor gremio de la educación en el país, la Federación Nacional de Educadores (Fecode), que asumió la designación de Morales como parte de la batalla cultural que prometió De la Espriella en campaña. Durante las tres semanas que estuvo en el cargo, Morales enfrentó la crisis derivada por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó sin educación a miles de niños, niñas y adolescentes en las zonas más afectadas, con 4.287 centros educativos dañados. Muchos alumnos siguen aún por fuera de las aulas y sin poder acceder a clases virtuales, como planteó en un primer momento el Gobierno, porque estos menores no tienen equipos ni conectividad.Morales también reabrió el debate sobre lo que algunos sectores consideran como "ideología de género", al manifestar el pasado 20 de agosto que, en el país hay una campaña 'woke' (de carácter progresista en defensa de derechos de grupos vulnerables) que ha intentando apoderarse de la enseñanza, especialmente en el programa de educación sexual.NOTICIAS CARACOL
Viviane Morales renunció al Ministerio de Educación, durando menos de un mes en el cargo. El presidente Abelardo de la Espriella aceptó su dimisión y designó ya a quien la reemplazará: Ilva Myriam Hoyos. “Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, dijo el mandatario sobre la nuevo miembro de su gabinete. (Lea también: ¿Por qué borrador de decreto de Mineducación genera polémica y qué habla sobre las iglesias?)“Al mismo tiempo, despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales”, quien “se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam”, agregó De la Espriella.“Situación familiar inesperada”El presidente publicó la carta de renuncia de Viviane Morales, quien sostuvo que “en estas tres semanas he dedicado todas mis fuerzas a la tarea encomendada, que acepté consciente del significado insustituible de la educación en la construcción de la ‘Patria Milagro’”. Sin embargo, escribió, “la Biblia dice que ‘El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor’. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, por lo que manifestó que le era “imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo siete de septiembre”.El presidente respondió a la misiva y aseguró que, “aunque el tiempo haya sido breve, la entrega fue inmensa. Ese compromiso deja huella, y las huellas que se dejan sirviendo con el corazón no las borra el paso del tiempo”. Asimismo, le expresó que le dolía “profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo. Sé que no ha sido una decisión fácil. También sé que existen momentos en la vida en los que cualquier responsabilidad, por grande y honrosa que sea, debe ceder ante aquello que es verdaderamente irremplazable: la familia, los afectos, la presencia junto a quienes amamos”. Por eso, dijo, “no estás sola. Te acompaño con todo mi afecto, mi solidaridad y mis oraciones”.“Gracias, Viviane. Gracias por tu lealtad, por tu entrega, por tus convicciones y, especialmente, por una amistad que vale mucho más que cualquier cargo público. Hoy dejas el Ministerio, pero no dejas esta causa ni esta casa. Aquí permanecerán las puertas abiertas para ti y, más importante aún, permanecerá intacto el afecto de quienes hemos tenido la fortuna de caminar a tu lado”, expresó el jefe de Estado.¿Quién es Ilva Myriam Hoyos?“Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden”, dijo el presidente sobre la nueva funcionaria, quien fue procuradora delegada para la familia durante el periodo de Alejandro Ordóñez.La nueva ministra es abogada de la Universidad de Navarra y ha realizado estudios de derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Instituto de Derechos Humanos en Costa Rica. Ejerció como decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Asimismo, fue conjuez del Consejo de Estado y presidió el Consejo de Protección de Niños y Personas vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia.NOTICIAS CARACOL
Tras el Consejo de Seguridad convocado en el departamento de Norte de Santander, luego del atentado terrorista en contra de la estación de Policía del municipio de Los Patios, el presidente Abelardo de la Espriella le envió un fuerte mensaje a los mandatarios locales y aseguró que no van a permitir alianzas con grupos criminales."Aquí nadie se rinde. Y aquí nadie se ha acobardado, vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la delincuencia por la razón o por la fuerza. Cuando los bandidos están ganando, es porque están asociados con el gobierno. Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también", aseguró el presidente en un video compartido en sus redes sociales.De la Espriella agregó que en 15 días va a revisar cuáles son los avances en materia de seguridad en el departamento. El hecho que provocó el Consejo de Seguridad la detonación de un carro bomba frente a la estación de Policía del municipio de Los Patios. El atentado dejó una persona muerta y al menos 11 más heridas. El hecho dejó en llamas la estación policial y provocó el pánico entre los habitantes del sector, que quedó sin energía eléctrica luego del ataque.Las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 100 millones de pesos para ubicar a los responsables del hecho, que sería presuntamente el Eln. La comunidad del municipio realizó una velatón y le rindió homenaje a las víctimas del atentado, entre ellos el fallecido, un joven de nacionalidad venezolana. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que van "a ir detrás de quienes ordenaron y ejecutaron este ataque. Las capacidades militares y policiales están desplegadas para ubicar a los responsables, golpear sus estructuras y cerrarles el paso en el territorio. El terrorismo atacó a los colombianos y la respuesta será contundente".MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Al menos tres de los diez muertos en un bombardeo contra una disidencia de las extintas Farc en el departamento del Guaviare, realizado el jueves 27 de agosto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, son menores de edad, confirmaron este domingo las autoridades forenses. Esa información fue constatada este lunes por el Ministerio de Defensa. "Tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos en desarrollo de la operación militar son menores de edad (dos de 15 años y uno de 16 años)", se lee en el comunicado, que da cuenta, además, de una persona capturada y "un menor de edad recuperado y con sus derechos restablecidos" en el operativo."Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad", expresó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un comunicado. El ataque fue ejecutado el jueves pasado en una zona rural y los muertos, según el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pertenecían al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las Farc que lidera Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.Sobre los tres menores de edad, el Gobierno nacional afirmó: "Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan".De la Espriella, que asumió la Presidencia hace tres semanas, ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general. El pasado viernes, su Gobierno emitió unas resoluciones que ponen fin a las conversaciones con tres grupos armados ilegales, entre esos el EMBF, "por ausencia de voluntad de paz".El departamento del Guaviare, ubicado en el suroriente del país entre la Orinoquía y la Amazonía, ha sido históricamente una zona de presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas. En enero de 2026, enfrentamientos entre facciones de las disidencias de las Farc en el mismo departamento dejaron 26 muertos.En el operativo del 27 de agosto, según el Ministerio de Defensa, fueron incautados 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.Desde la Fiscalía habían confirmado el jueves que Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc, cayó en ese operativo. Por 'Urías Perdomo', mano derecha de alias Calarcá, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 400 millones de pesos. Sin embargo, entre los cuerpos aún no aparece el de Agudelo Salazar. De la Espriella, ese día más temprano, anunció que al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) habían muerto en el bombardeo militar en el departamento del Guaviare, cifra que aumentó a 10. El mandatario calificó como "golpe contundente" la operación "contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá", alias de Alexander Díaz Mendoza, jefe del EMBF.Alerta por el aumento de niños y niñas reclutadosLa ONG Human Right Watch (HRW) pidió el lunes pasado a De la Espriella que adopte medidas para acabar con el aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en el país, que calculó son unos 1.500 desde 2021. Entre 2020 y 2025, los grupos armados reclutaron con mayor frecuencia a niños de entre 15 y 16 años, muestran datos de la Defensoría del Pueblo, que recogió un informe publicado ese día por HRW.Según el Ministerio de Defensa, entre enero de 2016 y octubre de 2025 la edad media de reclutamiento fue 15 años tanto para niños como para niñas. Sin embargo, más del 30% de los casos reportados involucraron a niños de entre 10 y 14 años y los funcionarios de protección infantil informaron a HRW de que han tenido conocimiento de un número creciente de niños más pequeños reclutados, incluyendo algunos de tan solo nueve o diez años.La defensora del pueblo, Iris Marín, aseguró durante la presentación del informe que es necesario que el Gobierno "atienda los riesgos de reclutamiento de grupos armados" y que centre la respuesta a esta problemática en la atención a las víctimas.NOTICIAS CARACOL
En la noche de este domingo, Abelardo de la Espriella dio un nuevo informe sobre el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto y los incendios forestales que han azotado al país en las últimas semanas. El mandatario se refirió al trabajo del Gobierno con las miles de personas damnificadas y denunció que los incendios estarían siendo provocados por actores criminales.El jefe de Estado, en cuando al terremoto dijo que “tenemos que comenzar a levantar las viviendas, recuperar las escuelas y hospitales, reconstruir las vías, reactivar el campo y devolverles a cientos de miles de familias la posibilidad de empezar de nuevo”.Gobierno termina mesas de diálogo con grupos criminales y elimina reconocimientos a cabecillas¿Cuántas personas murieron tras terremoto en Colombia?Según De la Espriella, en Colombia “tenemos 452,782 colombianos afectados, pertenecientes a 213,400 familias en 497 municipios de 16 departamentos. Lamentablemente, 331 personas han perdido la vida, 4497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidas. Tenemos 35,987 viviendas destruidas y 198,601 averiadas. Además, han resultado afectados 4,261 centros educativos, 404 centros de salud, 121 acueductos afectados, 89 puentes vehiculares y 482 vías también afectadas”.Agregó que, “en las operaciones de búsqueda y rescate participaron 1849 rescatistas oficiales y 54 grupos nacionales e internacionales. A ellos se sumaron más de 144 rescatistas extranjeros que llegaron desde países amigos para ayudarnos a salvar vidas. Quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros equipos de búsqueda y rescate. Su misión continúa. Mientras tengamos colombianos desaparecidos, mantendremos las capacidades necesarias para encontrarlos. Ninguna familia puede sentir que el estado dejó de buscar a uno de los suyos”.De la Espriella señaló, además, que al país han ingresado más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional procedentes de naciones como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Suecia. Asimismo, destacó que Bogotá “ha liderado la movilización nacional”, con el despacho de más de 2.640 toneladas de asistencia en más de 170 vehículos de carga y aeronaves. Por su parte, Norte de Santander movilizó 105 toneladas de ayudas, mientras que Antioquia coordinó el envío de otras 22 toneladas con destino al Chocó.El mandatario, después de referirse al terremoto, habló sobre los incendios forestales en el país. De la Espriella denunció que “tenemos indicios, información y estudios que dan cuenta que gran parte de esos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales”.Más de 50.000 hectáreas afectadas por incendios en TolimaSostuvo que “tenemos más de 50.000 hectáreas afectadas en el departamento del Tolima. Cerca de 28.000 de esas hectáreas son agropecuarias. Hay 2.660 productores afectados y pérdidas estimadas en más de 134.000 millones de pesos, 163.000 animales en riesgo y afectaciones en 23 municipios y 507 veredas del departamento del Tolima. Por eso vamos a poner en marcha un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para ese departamento”.En cuanto a los planes del Gobierno con Tolima, el jefe de Estado explicó que “vamos a comenzar con 343 subsidios de 65 millones de pesos cada uno para reconstruir viviendas rurales que se han visto afectadas por los incendios y vamos a disponer de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para atender la alimentación de los animales. Vamos a destinar 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y otros 2.000 millones para la compra de 80.000 pacas de 12 kg de Mombasa y Angleton”.De la Espriella anunció que los campesinos tolimenses tendrán un “respiro financiero” después de los incendios que los afectaron: “La cartera agropecuaria de Finagro tendrá un congelamiento por 3 meses en la amortización de las obligaciones de los productores afectados y avanzaremos con un programa de compra de cartera para pequeños y medianos productores. Vamos a reforzar la atención y la vigilancia de las enfermedades respiratorias que están asociadas al humo y la contaminación generada por los incendios, especialmente en nuestros niños, nuestros adultos mayores y la población vulnerable”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
El presidente Abelardo de la Espriella dio detalles de cómo funcionará el bloque anticorrupción que instalará su gobierno, el cual hizo parte de sus promesas de campaña. En una alocución este domingo 30 de agosto, indicó que este bloque operará directamente desde su despacho, y funcionará junto con un grupo élite conformado por la Policía judicial, la Fiscalía, Inteligencia del Ejército, Contraloría, Procuraduría, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), DIAN y cooperación internacional."Hay corruptos enquistados en el Estado. Tenemos información clave sobre eso. Yo personalmente les voy a caer y pronto, queridos compatriotas, les voy a estar informando sobre los resultados. Vamos a iniciar una cruzada como nunca antes se ha hecho contra la corrupción. Que caiga quien caiga. Y quiero reiterar lo que dije en campaña. Voy a perseguir la corrupción venga de donde venga. He prohibido, y lo repito públicamente que cualquier persona de mi entorno familiar o mis amigos acudan al gobierno a intermediar o buscar influir en trámite alguno. No tolero la corrupción y la voy a castigar", aseguró De la Espriella. En otra parte de su discurso, dijo que junto con su equipo "seguimos encontrando corrupción, irregularidades, prácticas repugnantes que durante años se enquistaron en la mayoría de entidades del Estado. Y vamos a seguir buscando, revisando y actuando sin importar quién esté detrás. No llegamos a administrar lo que está mal ni a convivir con la corrupción. Llegamos a poner orden, recuperar los recursos de los colombianos y devolverle dignidad al servicio público. Sé que la tarea es enorme y difícil, pero también sé que vamos a salir de esto. Vamos a limpiar la casa, a reconstruir la confianza y a demostrar que Colombia puede tener un estado que trabaje para su gente y no para los intereses de unos pocos. No vamos a parar hasta lograrlo. Vamos a encontrar todos los robos". El Presidente también anunció la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión. Esta nueva fuerza operativa unificará las capacidades tácticas y estratégicas del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, trabajando en articulación directa con la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.El Jefe de Estado detalló que se exige la integración de labores de inteligencia, investigación criminal y capacidad desplegable para identificar, ubicar, capturar y judicializar a quienes atenten contra la tranquilidad de comerciantes, empresarios, transportadores, campesinos y familias en todo el territorio nacional. “Al extorsionista lo vamos a buscar donde esté. Se acabó convertir el miedo de los colombianos en el negocio de los criminales”, puntualizó. Asimismo, se refirió al fin de la política de la 'paz total' que creó el expresidente Gustavo Petro: "He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo mediante la expedición de nueve resoluciones que terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano relacionada con los denominados Comandos de Frontera y con las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Ante una posible imputación de cargos contra Laura Sarabia por el caso de las interceptaciones ilegales a la exniñera Marelbys Meza, la exdirectora del Dapre se pronunció en sus redes sociales, asegurando que "respeta a la justicia" y que espera que Meza "pueda retomar su vida y avanzar". Este domingo, la revista Cambio publicó un informe en el cual se indica que se habría caído un acuerdo de justicia restaurativa, por lo que ahora la también exembajadora del Reino Unido, al parecer, respondería por tres delitos: abuso de función pública, peculado por uso y constreñimiento ilegal."Este tema siempre lo han manejado mis abogados y son ellos quienes pueden referirse a las decisiones jurídicas. Yo solo puedo decir que respeto a las autoridades y confío en sus decisiones. Mi deseo sigue siendo que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar. Yo también quiero hacerlo", escribió Sarabia en su cuenta de X. De acuerdo con Cambio, la negociación que se cayó consistía en que Sarabia aceptaba responsabilidad mediante un principio de oportunidad y además reparaba el daño ocasionado a Meza mediante una cifra económica. No obstante, con una posible imputación de cargos, la exfuncionaria del gobierno Petro no podría acceder a prisión domiciliaria debido a que dos de estos delitos dan entre 6 y 8 años de cárcel, según el Código Penal colombiano. Esto, entonces, marcaría un nuevo capítulo en el escándalo. Los avances en la investigación contra Laura SarabiaLos hechos ocurrieron a principio del 2023, cuando, presuntamente, Sarabia ordenó que Meza fuera sometida a una prueba de poligrafía por un dinero que se había perdido en su residencia. La Fiscalía, tras conocer el caso, mantuvo una indagación contra ella y llevó a varios uniformados de la Policía a juicio. Justamente, el pasado 30 de julio, el capitán Óscar Leandro Mojica firmó un principio de oportunidad por su participación en las interceptaciones ilegales. Noticias Caracol conoció que el documento del acuerdo es revelador porque el oficial se comprometió a colaborar con la justicia y a señalar directamente a Sarabia en los hechos. En el principio de oportunidad, quedó consignado que Mojica declarará bajo juramento que fue Sarabia quien dio la instrucción de cambiar su esquema de seguridad y de practicar el polémico polígrafo a su empleada doméstica.El documento también reveló el testimonio que Mojica rendirá contra el coronel Carlos Alberto Feria y el mayor Duván Muñoz sobre actuaciones relacionadas con la investigación del presunto hurto en la residencia de la entonces funcionaria. A cambio de esa colaboración, Mojica recibió una inmunidad parcial por uno de los delitos que enfrenta. La Fiscalía General de la Nación determinó que, para el momento de los hechos, Mojica se desempeñaba como jefe del grupo de Hurtos a Residencias de la Sijín Bogotá. El capitán presuntamente, según la investigación, participó en la falsificación de informes policiales y formatos de entrevistas a fuentes no formales. Estos documentos contenían afirmaciones falsas que vinculaban a las víctimas con una organización criminal dedicada al hurto de residencias, con el único fin de obtener ilegalmente las órdenes de interceptación.NOTICIAS CARACOL DIGITAL
El Gobierno Nacional informó que mantendrá sin incrementos los precios de referencia de la gasolina corriente y del ACPM durante septiembre, en solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta decisión busca aliviar la situación de los hogares colombianos, evitar mayores costos en el transporte de alimentos, medicinas y bienes esenciales, y facilitar la movilización de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas."En coordinación con el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno Nacional actuamos de manera coordinada para que las medidas lleguen a quienes más lo necesitan. Gobernar también es responder con solidaridad, responsabilidad y presencia en los momentos más difíciles", indicó el Ministerio de Minas y Energía. Según esta cartera, la medida fue posible gracias a las condiciones del mercado, y se logró mediante la actualización de los indicadores de precios de los combustibles, lo que permite mantener estables los precios de la gasolina corriente y el ACPM. La decisión también generará un ahorro estimado de 152.600 millones de pesos para la Nación al finalizar 2026, de mantenerse los supuestos actuales en los precios de los biocombustibles y el ajuste de la TRM.“Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y del ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron. En momentos como este, debemos actuar coordinadamente. Y no basta con un anuncio, haremos seguimiento para que estos precios se cumplan en el país”, dijo la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda.Estos son los precios de la gasolina y ACPM en septiembreLos precios de referencia son los valores base que fija el Gobierno Nacional y a partir de los cuales se calcula el precio final en cada estación de servicio, que puede variar según los costos de distribución y los impuestos definidos en cada municipio. La medida, cuya aplicación inicia el sábado 29 de agosto, se mantendrá durante todo el mes de septiembre de 2026 y cobija la gasolina corriente y el ACPM.Además, el ministerio resaltó que, durante el gobierno pasado, la no actualización de estos indicadores entre mayo y agosto de 2026 impidió generar un ahorro cercano a los 58.000 millones de pesos. Como resultado de la medida, los precios de venta al público (PVP) de referencia definidos con la CREG se mantendrán sin aumentos durante septiembre en todo el país. El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitan a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales intensificar la inspección y vigilancia en las estaciones de servicio, con el fin de verificar el cumplimiento de estos precios de referencia. En las siguientes tablas se específica el valor de los precios de referencia a nivel nacional: LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El presidente Abelardo de la Espriella dijo tras un consejo de ministros este sábado en Barranquilla que le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que avance en la creación de un nuevo código de tránsito. Horas antes, a través de su cuenta de X, dijo que piensa proponer ante el Congreso de la República que se reduzca hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. "Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", aseguró, y añadió que planea reducir el costo de las licencias de conducción y aumentar su vigencia de ocho a diez años.Cabe resaltar que el valor de las multas de tránsito en Colombia está regulado principalmente por la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), específicamente en su artículo 131, que define las sanciones en salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). También, esta ley establece que los conductores pueden obtener un descuento de hasta el 50% si pagan la multa los cinco días posteriores a la infracción y si asisten a un curso sobre normas de tránsito. En ese sentido, De la Espriella aseguró que hay "monopolios" alrededor de los cursos, y que buscará que las autoridades de tránsito sea quienes los impartan directamente: "Voy a acabar con el absurdo requisito de la llamada 'casa cárcel' para habilitar los Centros Integrales de Atención y con las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas. Buscaré reducir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartirlos directamente".Inció, además, que busca "ponerle freno al negocio de las fotomultas", por medio del endurecimiento de los controles para su autorización. "Para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas. Voy a ordenar una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que les cobran a los colombianos", señaló el mandatario.Otra de sus propuestas será "revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente. No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar". Para 2026, multas como conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción o con la licencia vencida cuesta 337.385 pesos, y se puede reducir a 168.700 pesos si paga en los primeros cinco días hábiles. Asimismo, estacionar un vehículo en sitios prohibidos o conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, otras de las infracciones más comunes, genera una multa de 633.232 pesos, que puede quedar hasta en 316.600 pesos con el descuento del 50%. LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El Ministerio de Transporte aplazó la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un modelo creado para verificar de manera independiente que las personas que buscan obtener o recategorizar su licencia de conducción realmente cuentan con las competencias necesarias para manejar. La decisión fue adoptada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 y busca revisar, entre otros aspectos, los costos que el nuevo esquema representaría para los ciudadanos.De acuerdo con el Ministerio, actualmente obtener una licencia de conducción puede representar un costo cercano a $1,4 millones, mientras que con la entrada en funcionamiento de los CALE el valor podría llegar a $2,2 millones. Esto significaría un incremento de hasta $800.000 para quienes adelanten el proceso.La cartera señaló que la decisión de aplazar la implementación busca proteger el bolsillo de los conductores, sin desconocer que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y será cumplida. “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.¿Qué son los CALE?Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación fueron planteados desde el 2025 como organismos independientes encargados de evaluar las capacidades de quienes soliciten por primera vez una licencia de conducción o busquen una recategorización.El modelo contempla una separación entre la formación y la evaluación. De esta manera, las escuelas de conducción tendrían como función enseñar a los aspirantes, mientras que los CALE serían los encargados de comprobar si las personas efectivamente cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir.El esquema contemplaba tres pruebas consecutivas. La primera sería una evaluación teórica de 40 preguntas, seguida de una prueba de destreza individual en una pista cerrada y, finalmente, una prueba de maniobras en vías públicas.Para avanzar de una etapa a la siguiente sería necesario aprobar la prueba anterior. En caso de reprobar, el aspirante tendría una segunda oportunidad sin costo en el mismo centro, siempre que la presentara dentro de los diez días siguientes. Si no lo hacía en ese plazo o volvía a reprobar, tendría que asumir nuevamente la tarifa completa del examen.¿Por qué MinTransporte aplazó los CALE?El Ministerio explicó que revisará diferentes elementos relacionados con la implementación del modelo. Entre ellos está la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato y si los costos asociados al esquema realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.Uno de los puntos bajo revisión es precisamente el impacto económico que tendría para los ciudadanos. Según la información entregada por la cartera, el proceso para obtener una licencia podría pasar a incrementar en un 57,14%.El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD, cuya operación podría mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.Además, la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron que cumplían los requisitos y solicitaron participar. Esta situación, según la administración del Ministerio de ese momento, dio lugar a tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.¿Qué pasará ahora con los CALE?La suspensión de la entrada en operación no implica que la Ley 2251 de 2022 haya sido derogada. El Ministerio de Transporte indicó que continuará con la revisión del esquema antes de adoptar las decisiones correspondientes.La cartera señaló que el análisis se realizará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. Una vez concluida esta revisión, informará las determinaciones que correspondan.Mientras tanto, los CALE no entrarán en operación en los términos inicialmente previstos. El Ministerio deberá establecer qué ocurrirá con el modelo después de evaluar su estructura, los costos para los ciudadanos, la capacidad de los centros y los demás aspectos jurídicos y operativos que están bajo revisión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Por medio de una serie de resoluciones firmadas este viernes 28 de agosto, el Gobierno Nacional dio por terminadas las mesas de diálogo con varios grupos criminales, especialmente de las disidencias de las Farc, que habían sido iniciadas por el mandato anterior de Gustavo Petro. También, eliminó los reconocimientos como negociadores a varios miembros de estos grupos, como Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, quienes además van a ser extraditados a Estados Unidos. Por un lado, la resolución ejecutiva 343 ordena, por ausencia de voluntad de paz, "terminar la Mesa de Diálogos de Paz" entre los representantes del Gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF - FARC EP. Se trata de una facción que se separó del Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco. Asimismo, en otra de las resoluciones se da por terminada la mesa de diálogo con el grupo armado al margen de la ley autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo se formó a finales del 2024 tras la separación de estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, apartándose de la facción de alias Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia.Por último, se elimina el Espacio de Conversación Sociojurídico con la estructura armada organizada de crimen de alto impacto llamada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Esta estructura, también conocida como Los Pachenca, opera principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y departamentos vecinos como Magdalena, La Guajira y Cesar, según la página de Insight Crime. Abelardo de la Espriella habló de extradiciones a EE. UU.En una alocución el pasado miércoles 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ha ordenado que se haga efectiva la extradición de cinco criminales a Estados Unidos, acusados de delitos como narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. Su entrega al país norteamericano permanecía suspendida por los "procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior".“Colombia necesita una paz verdadera no una política que convierta el diálogo en impunidad, la paz total fracasó en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a criminales sin que, en casos como los que hoy nos ocupan, se verificaran aportes y resultados concretos para la consecución de la paz", añadió De la Espriella, haciendo énfasis en que su gobierno se centrará en una política de "seguridad, legalidad y autoridad del Estado". Estos son los nombres de los señalados delincuentes que serán extraditados:Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho OlmedoCarmen Emelio, alias MuñecaGiovanni Andrés Rojas, alias ArañaGabriel Yepes Mejía, alias HHFredy Castillo, alias PinochoEn el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho, quienes aún están prófugos de la justicia, el Presidente indicó que serán extraditados tan pronto sean capturados.LAURA VALENTINA MERCADO NOTICIAS CARACOL DIGITAL
Al cierre de la Convención Bancaria, el evento anual más importante del sector financiero en Colombia, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se dirigió a las entidades financieras resaltando la difícil situación fiscal que enfrenta el país y el rol clave de este sector para el crecimiento económico, teniendo en cuenta también las contingencia de la reconstrucción tras el terremoto y el Fenómeno del Niño. "Nosotros lo necesitamos a ustedes hoy, no mañana, no en 10 años, porque ustedes sí tienen capacidad de reacción, y en el corto plazo es lo que el país está necesitando", aseguró. También, anunció que el Gobierno nacional presentará una ley financiera de reducción de gasto del Estado en vez de plantear nuevos impuestos. Con respecto a proyecto de presupuesto presentado por un monto de 634,9 billones de pesos, indicó que se plantea un recorte del gasto público de $21,9 billones, cifra que pasará a consideración en el consejo de ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella, llevado a cabo este sábado 29 de agosto en Barranquilla.Gómez inició su intervención diciendo que, en los pocos días que lleva en su cargo, se ha enfrentado a diversos retos, pues tan solo habían pasado 40 minutos en su oficina cuando ocurrió el terremoto. Además, el Congreso de la República devolvió el presupuesto general presentado por el gobierno anterior, el cual "había consumido el 96% del cupo de emisión de Títulos de Tesorería (TES) en los primeros siete meses del año". En ese sentido, le solicita a las entidades financieras que contribuyan al crecimiento financiero y a incentivar la inversión privada, mientras él se compromete a organizar las finanzas públicas, ante una situación fiscal que califica como crítica. "Está postrada la inversión privada (...) un país que no invierte no puede ser productivo, un país que no invierte naturalmente no tiene un futuro de expansión económica como todos lo desearíamos", dijo. Las alertas por la situación fiscal de ColombiaEn su discurso, el funcionario a cargo de la cartera de Hacienda mencionó que “la verdad cruda es que tenemos una situación fiscal crítica, probablemente, la peor que hemos tenido en nuestra historia. Nuestro balance primario se volvió irónicamente deficitario; eso ha llevado a un aumento de la deuda que se refleja en todas las cifras y sin ninguna duda, si no hacemos nada, es el abismo. Estamos en unos niveles que son absolutamente insostenibles,imposibles de financiar, y que hacen supremamente difícil que la economía pueda operar normalmente. Si no hacemos nada, la deuda llegaría al 82% al final del gobierno”. Con respecto al balance primario, Gómez explicó que la brecha entre los ingresos y los gastos del país es amplia y no se ha reducido desde la pandemia, pues Colombia recibe 29 billones de pesos de ingreso mensual, y se gasta 40 billones. "El gasto público se desvió de la tendencia 3.5 puntos porcentuales, y nunca volvimos a la senda que traíamos antes. En otros países, después de la pandemia, el gasto tendió a disminuir y acercarse a la tendencia que teníamos antes de la pandemia, ese no fue el caso de Colombia. (...) en el ingreso, no nos salimos de la senda. Deberíamos haber aumentado nuestro nivel de ingresos fiscales para poder cerrar la brecha. Seguimos teniendo una diferencia muy grande entre los ingresos y los gastos del Estado", dijo.Resaltó también que la "inflación no sede en nuestro país" y es la "fiebre de la economía". Además, dijo que el crecimiento económico del último año es "muy mediocre, jalonado por el gasto público, una de las peores maneras es cuando depende de lo que hace el gobierno y no de lo que hacen los empresarios".LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Tras el devastador terremoto que sacudió fuertemente a Risaralda, el presidente Abelardo de la Espriella dio inicio formal a la fase dos de la reconstrucción en Pereira, denominada "Patria Milagro". El mandatario dejó en claro en su discurso que la prioridad absoluta de su gobierno es la ejecución y la entrega de soluciones concretas para levantar los hogares devastados.Desde Pereira, Presidente confirma que se suspenderán cobros del Icetex El anuncio central estuvo dirigido a aliviar de manera inmediata la economía de las familias jóvenes del departamento. El jefe de Estado ordenó la activación automática de alivios financieros para 5.253 estudiantes de Risaralda con créditos educativos vigentes en el Icetex. Durante un trimestre completo, se suspenderá el cobro de las cuotas, se congelarán por completo los intereses corrientes y de mora, y se detendrán todas las acciones de cobro contra los núcleos familiares afectados.El presidente hizo este mismo anuncio en Cali, confirmando que en el Valle del Cauca hay 29.000 damnificados que recibirán el beneficio de suspensión de cobros con el Icetex. La medida busca eliminar una presión financiera asfixiante en medio de la peor crisis que atraviesa la región. "Les quiero decir algo que nace desde lo más profundo de mi corazón: mientras ustedes hagan un enorme esfuerzo por levantar nuevamente sus hogares, no tendrán la carga ni la preocupación de tener que pagar los créditos con el Icetex. Déjenme lidiar con la preocupación esa a mí, ustedes concéntrense en volver a levantar sus casas", manifestó De la Espriella desde Pereira.El compromiso del Gobierno nacional con el sector educativo se extiende también a la seguridad física de los menores. Tras una exhaustiva inspección a las 165 sedes escolares de Pereira, los ingenieros expertos identificaron 13 infraestructuras en inminente peligro de colapso y 48 con restricciones severas de uso, dejando solo 47 declaradas completamente habitables. El mandatario aseguró que no permitirá que se exponga la vida de un niño en edificaciones inseguras. Por ello, anunció que 8.000 estudiantes serán reubicados a partir del próximo lunes en sedes alternas para garantizar la continuidad escolar presencial con plenas garantías.La salud pública y el acompañamiento emocional de los risaraldenses es otra de las prioridades innegociables en esta etapa de choque, señaló el Presidente. El terremoto dejó serias afectaciones estructurales en 34 centros asistenciales en Pereira, obligando a reorganizaciones temporales. Sin embargo, el mandatario confirmó que la red hospitalaria se mantiene plenamente operativa: el laboratorio clínico López Correa ya está reincorporado con éxito y avanza a paso firme la recuperación física del Hospital Universitario San Jorge.De la Espriella confirma apoyo económico de 1.050.000 pesos mensuales a damnificadosParalelamente, De la Espriella aseguró que se vigila de cerca la salud en los siete alojamientos temporales que atienden actualmente a 1.092 personas que perdieron su techo, donde se han realizado jornadas de vacunación y 87 valoraciones especializadas en salud mental para mitigar el trauma emocional. En materia de vivienda, De la Espriella detalló el esquema de desembolsos económicos directos que iniciará el próximo 31 de agosto. Cada hogar damnificado cuya vivienda haya sido destruida o declarada técnicamente inhabitable recibirá un apoyo de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses (un total inicial de 3.150.000 pesos), con posibilidad de prórroga por tres meses más en el caso de los propietariosEl mandatario recalcó que este dinero llegará sin intermediarios, políticos ni particulares de por medio. Además, el Registro Único de Damnificados permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre para asegurar que ningún afectado quede por fuera del censo definitivo. Como plan de choque habitacional adicional, el presidente ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) evaluar los 925 inmuebles que administra en el departamento —de los cuales 592 están ubicados en Pereira— para destinar las fincas y hoteles incautados a la delincuencia como soluciones de albergue inmediato para las familias damnificadas."Por primera vez van a servir de algo. Lo que los bandidos han hecho y el daño que han hecho, nos quedamos con los bienes en el Estado y se lo damos a la gente que lo necesita", aseveró de la Espriella. Asimismo, destacó que el Plan Departamental de Agua cuenta con casi 19.000 millones de pesos aprobados y que se acelerarán los trabajos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas para beneficiar a 730.000 ciudadanos.La reconstrucción sumará también el aporte decidido de la empresa privada, logrando gestionar bajo su liderazgo recursos por más de 2 billones de pesos. En sintonía con esto, el mandatario celebró un acuerdo con la banca nacional que reduce las tasas de interés para créditos de vivienda del 14% al 8%. Con una inflación del 6.14%, esto representa una tasa real de interés de un poco más del 1.8%, cumpliendo con orgullo una propuesta que sus opositores tildaban de inviable durante su campaña electoral.Finalmente, el Presidente afirmó que Pereira se convertirá en el centro operativo regional de la reconstrucción mediante el recién creado "Fondo Milagro", gerenciado por Jaime Uribe y una junta directiva compuesta por ilustres locales. "La reconstrucción tiene que avanzar rápido pero no a ciegas, a toda velocidad pero sin improvisación", concluyó el presidente de la República.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Colombia dio un nuevo paso en materia de protección animal. El Gobierno nacional sancionó la Ley 2627 de 2026, conocida como Ley No Más Zoofilia, una norma que modifica el Código Penal para castigar de manera específica el abuso sexual contra animales y establece sanciones de prisión, multas e inhabilidades para los responsables.La nueva legislación fue impulsada en el Congreso por la senadora Esmeralda Hernández y complementa medidas previas de protección animal como la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel). Uno de los principales cambios es la creación de un delito autónomo que permitirá perseguir penalmente estas conductas de forma directa y con penas expresamente definidas en la ley.Ley No Más Zoofilia: el delito que incorpora al Código PenalLa Ley 2627 de 2026 modifica la Ley 599 de 2000 (Código Penal colombiano) e introduce el delito de “acceso carnal a animales”, una conducta que hasta ahora no tenía una tipificación autónoma dentro de la normativa penal del país. Además, la norma actualiza el nombre del capítulo correspondiente en el Código Penal, que pasa a denominarse “Delitos contra la vida, la integridad física, emocional y sexual de los animales”, ampliando así el enfoque de protección jurídica sobre los animales.Según el nuevo artículo 339D, la conducta sancionada corresponde a quien realice acceso carnal con un animal. Con esta modificación, los casos de zoofilia dejan de depender exclusivamente de otras figuras relacionadas con el maltrato animal y pasan a ser investigados como un delito específico. La legislación también establece excepciones para actividades médicas veterinarias, zootécnicas, procedimientos diagnósticos o acciones relacionadas con el cuidado y la reproducción animal, siempre que tengan justificación profesional o científica.¿Cuál es la pena mínima por zoofilia en Colombia?La nueva ley establece una pena mínima de 48 meses de prisión, es decir, cuatro años de cárcel, para quien sea encontrado responsable del delito de acceso carnal a animales. La sanción base puede llegar hasta los 55 meses de prisión. Adicionalmente, la condena contempla otras consecuencias jurídicas:Multas entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).Inhabilidad de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales.Prohibición para adquirir, tener, cuidar o brindar refugio a animales.Uno de los aspectos destacados por los promotores de la iniciativa es que esta conducta pasa a ser considerada como uno de los delitos más severamente castigados dentro de la legislación de protección animal. La senadora Esmeralda Hernández afirmó en Caracol Radio que se trata del único delito contra los animales que no contempla beneficio de excarcelación.Agravantes: las penas pueden superar los 11 años de cárcelLa Ley No Más Zoofilia también incorporó circunstancias de agravación punitiva a través del artículo 339E del Código Penal. Cuando estas situaciones se presenten, las penas podrán aumentar entre la mitad y las tres cuartas partes. De acuerdo con la norma, los castigos pueden llegar hasta 140 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años de cárcel, en determinados casos agravados. Entre las circunstancias que incrementan la sanción se encuentran:Que la conducta sea cometida por dos o más personas.Que involucre a dos o más animales.Que ocurra en espacios públicos.Que se repita contra el mismo animal.Que exista sevicia o crueldad durante los hechos.Que el acto sea grabado, difundido o promovido a través de medios de comunicación o plataformas digitales.La ley también ordena a la Fiscalía General de la Nación elaborar, en un plazo de seis meses, un protocolo especial de investigación para estos delitos. Asimismo, el Ministerio de Justicia, junto con otras entidades del Gobierno, deberá desarrollar estrategias de prevención y sensibilización sobre las implicaciones penales, sanitarias y de bienestar animal asociadas a estas conductas. Con la entrada en vigencia de la Ley 2627 de 2026, Colombia incorpora por primera vez un delito específico para castigar la zoofilia y fortalece el marco jurídico de protección animal mediante penas de hasta 140 meses de prisión para los casos más graves.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ha ordenado que se haga efectiva la extradición de cinco criminales a Estados Unidos, acusados de delitos como narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, pero cuya orden había sido suspendida debido a que habían participado en distintos procesos de paz con el gobierno anterior. “Han seguido delinquiendo burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, aseguró en una alocución este miércoles. “Colombia necesita una paz verdadera no una política que convierta el diálogo en impunidad, la paz total fracasó en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a criminales sin que, en casos como los que hoy nos ocupan, se verificaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz", añadió, haciendo énfasis en que su gobierno se centrará en una política de "seguridad, legalidad y autoridad del Estado". En ese sentido, dijo que no permitirá que los procesos de paz sean "refugios frente a la justicia" y un "salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables, y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose a la justicia".De la Espriella específico que la entrega en extradición de estos cinco criminales ya había sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero su entrega permanecía suspendida, precisamente, por los "procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior". Estos son los nombres de los señalados delincuentes: Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho OlmedoCarmen Emelio, alias MuñecaGiovanni Andrés Rojas, alias ArañaGabriel Yepes Mejía, alias HHFredy Castillo, alias PinochoUno de los nombres que más ha sonado es alias Araña, quien funge como líder de la organización Comandos de Frontera (CDF), considerada un apéndice de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, la cual delinque en la zona de frontera con Ecuador y Nariño. Se había planteado que este criminal fuera llevado a los buques de la Armada Nacional que se volverán cárceles para criminales condenados que siguen delinquiendo desde las prisiones; sin embargo,decidió que sería extraditado. Por otro lado, en el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho, el Presidente indicó que serán extraditados tan pronto sean capturados. "Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. Luego de verificar cada caso con la oficina del consejero comisionado de paz, que no se va a llamar así en nuestro gobierno, no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana", reiteró De la Espriella.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL