Colombia se enfrenta hoy a una preocupante realidad frente a la seguridad de la comunidad trans y de las personas con identidades de género diversas, donde la violencia y la intolerancia continúan cobrando vidas. El crimen de Sara Millerey González es un recordatorio de la desprotección que vive la comunidad LGBTIQ+ en el territorio nacional. Diego Guauque de Séptimo Día investigó.El caso de Sara Millerey en AntioquiaEn su infancia, se caracterizó por ser alegre, cariñosa y muy cercana a las actividades religiosas de su comunidad. Su tío, Juan Camilo González, recuerda con afecto que en su niñez ella era una persona servicial: "era alegre, le gustaba mucho las cosas de Dios".Desde temprana edad, Sara comenzó a manifestar y afirmar su identidad de género femenina, expresando abiertamente quién era y su deseo de ser llamada como Sara Millerey, de acuerdo con el relato de su tío.A diferencia de muchos otros casos de la población trans en el país, quienes frecuentemente sufren el rechazo y abandono de sus familias, Sara Millerey contó con un apoyo incondicional en su hogar. Su tío destaca que en su familia nunca existió discriminación.El ataque en Bello que indignó al paísUn viernes a las tres de la tarde, una vecina se comunicó con Juan Camilo González para alertarlo sobre el ataque que había sufrido su sobrina. La investigación judicial posterior reveló la gravedad y la premeditación con la que se ejecutó la agresión. Saúl León, abogado penalista de la familia de la víctima, explicó cómo se desarrollaron los hechos dentro del inmueble al que fue conducida por la fuerza.Según el abogado Saúl León, "básicamente quienes asesinaron a Sara Millerey son sicarios en el municipio de Bello, Antioquia". El jurista también señaló que "hay evidencia en el expediente que acredita que cuando los agresores toman a Sara le gritan improperios, vulgaridades. todo derivado de su identidad de género. Y todo esto ocurre mientras la golpean y mientras le quitan la vida prácticamente".Esta agresión estuvo relacionado por prejuicios sobre la diversidad. León señaló que los atacantes ejercían un dominio armado en el barrio y que, "derivado de ello, eh en este control territorial ilegal que hacían estos sujetos en ese municipio, pues consideraban que esto era inapropiado socialmente".Después de golpearla y causarle múltiples fracturas, los cinco agresores trasladaron a Sara Millerey hasta la quebrada La García y la arrojaron a la corriente. Según la denuncia de la defensa, el horror continuó después de que la víctima cayó al agua, ya que los atacantes permanecieron armados en el sitio para impedir que fuera socorrida.Varios vecinos del sector se alarmaron ante la escena. Al ver a Sara atrapada en la corriente, dos habitantes de la zona decidieron intervenir. Los vecinos formaron un lazo humano dentro del agua para sostener a la víctima, impidiendo que el cauce la arrastrara.Poco después, unidades del cuerpo de bomberos lograron ingresar al área a través de una vivienda.Investigación y el reclamo por los implicados prófugosAunque fue rescatada con vida de la quebrada La García, Sara Millerey González Borja falleció el 6 de abril de 2025 en un hospital de Medellín debido a la gravedad de las lesiones internas y las fracturas. Su violento asesinato desató indignación y una rápida movilización de las autoridades competentes.El proceso judicial ha avanzado de forma parcial en la identificación y captura de los autores materiales del crimen. La defensa de la familia confirmó que el expediente penal señala a un total de cinco sospechosos de participar en el homicidio. El abogado Saúl León habló del el estado actual de las detenciones: "Son dos sujetos oriundos de Medellín y de Bello, Antioquia. Están privados de la libertad en la cárcel El Pedregal de Medellín".No obstante, los otros tres implicados en el asesinato de Sara Millerey continúan en libertad. Al ser consultado sobre las razones por las cuales no se ha completado la totalidad de las órdenes de captura, el abogado León indicó que "no ha sido posible su ubicación" por parte de los investigadores judiciales.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó, sacudió a la ciudad de Cali con gran violencia debido a las condiciones de su suelo blando, compuesto por sedimentos de río. El movimiento telúrico destruyó por completo 24 edificaciones de la ciudad y dejó agrietadas a más de un centenar. Los Informantes visitó la zona.Entre todos estos puntos críticos, la estructura que registró el mayor saldo de víctimas mortales fue el edificio residencial Torres del Limonar, ubicado en el sur de la capital vallecaucana. En las labores de remoción de escombros de esta estructura trabajaron de manera conjunta el cuerpo de bomberos, la Armada Nacional, la Policía y un equipo de expertos rescatistas internacionales. Durante las primeras horas, las familias de los desaparecidos mantuvieron la esperanza de hallar personas con vida. Sin embargo, los equipos de rescate se enfrentaron a un obstáculo médico y físico severo conocido como el síndrome de aplastamiento. Diversas víctimas atrapadas lograban entablar conversaciones bajo la estructura colapsada, pero al levantarse las losas de concreto que las presionaban, las toxinas acumuladas en sus músculos ingresaban repentinamente al torrente sanguíneo, provocando infartos fulminantes de inmediato. Según el registro de la emergencia, la gravedad de esta situación llevó a que algunos familiares manifestaran su deseo de que no se removieran las pesadas piedras para poder continuar conversando con sus seres queridos.La mujer que rescata fotos y recuerdos en las ruinasEn medio de esta tragedia, Johana Sánchez, una caleña de 41 años, madre y contratista sin ningún tipo de entrenamiento en labores de socorro, decidió acudir de manera voluntaria a la zona del desastre.A pesar de no vivir en el edificio colapsado ni conocer a ninguna de las víctimas, Johana evadió la prohibición de su familia para ingresar a la zona de impacto. Su llegada se produjo un martes, camuflada en un vehículo de carga pesada justo cuando se agotaban las 72 horas críticas de búsqueda de sobrevivientes determinadas por los protocolos internacionales.Al ingresar a la zona restringida, Johana relata cómo inició su labor voluntaria de apoyo: "Había un militar ahí y yo le dije, 'Buenas.' Y me entré y ahí mismo le dije a una persona, 'Me presta un casco y me puse a a coger piedras y a mirar por los huequitos si encontraba alguien. Yo vine a salvar vidas, o sea, a tratar de sacar la ayudar a sacar la gente, pero no no se pudo".Aunque la misión inicial de rescatar personas con vida no resultó, la atención de Johana se desvió hacia una dimensión diferente de la catástrofe al observar pequeños objetos cubiertos de polvo y escombros. El momento clave que redefinió su labor ocurrió tras observar un peluche entre las piedras. Al ver que otra persona intentaba desecharlo considerándolo inservible, Johana intervino diciendo: "No, señora, eso no es basura. Lo que para usted es basura, para otra persona es lo más importante que le queda, un recuerdo".A partir de ese instante, Johana Sánchez inició un proceso minucioso de clasificación de pertenencias personales que abarcaba zapatos, llaves, diplomas, relojes, carteras y cartas familiares. Ante la gran acumulación de objetos rescatados, diseñó un método de organización basado en los perfiles ocupacionales y profesionales de las víctimas. Al entrevistarse con los familiares que acudían al lugar, Johana indagaba por las profesiones de los fallecidos para ubicar sus pertenencias en sectores específicos.De acuerdo con Johana, la efectividad de su método sorprendió a los sobrevivientes: "Yo se quedan aterrados porque dice, '¿Usted cómo sabía que esto era de mi mamá?' Y yo le dije, 'Porque su mamá, por ejemplo, su mamá, ¿qué era?' Ah, la señora trabaja en estética. Entonces empezaba".De igual manera, logró agrupar todas las herramientas de ferretería correspondientes a un propietario de la Torre A identificado como don Miguel. Entre esos papeles, descubrió una carta redactada en el año 2011, la cual contenía un mensaje íntimo de afecto dirigido a su esposa e hijos que estuvo guardado durante quince años. El documento fue entregado a su hijo precisamente el día del cumpleaños de don Miguel.La maleta de fotos de la familia PatiñoUno de los procesos de identificación más emotivos del desastre fue el del periodista y presentador José Fernando Patiño, quien viajó desde Bogotá tras enterarse del colapso del apartamento de su padre de 78 años, Darío Patiño Rivera, situado en el apartamento 304. El rescate del cuerpo se concretó el martes en la noche tras una ardua labor de los rescatistas. José Fernando identificó a su padre ingresando a un estrecho espacio con la ayuda de un socorrista. El reconocimiento físico se efectuó por partes: la parte trasera de su pierna, su talón, una calva en la coronilla y un lunar en la axila.Tras el funeral, José Fernando regresó a las ruinas del edificio con el propósito específico de recuperar la memoria familiar. En ese momento, relata que recurrió a la ayuda espiritual de su padre: "le dije, 'Pa, entre tantas cosas ayúdame a buscar nuestros recuerdos.' Tú puedes creer que lo primero que encontramos fue una maleta donde dijeron, 'Ahí hay fotos'". Al recibir el equipaje que había sido clasificado por Johana y los voluntarios, José Fernando Patiño estuvo muy agradecido: "Esto es todo. Esto es todo lo que necesito". La recuperación de ese archivo fotográfico devolvió a la memoria de la familia.La clasificación de Johana Sánchez demostró que los objetos de valor estrictamente material perdían toda relevancia para los dolientes frente a la carga sentimental de las imágenes. Tal fue el caso de la hija de una pareja que falleció abrazada bajo las placas de concreto.Al intentar Johana hacerle entrega de joyas de plata y una costosa colección de lentes de sol pertenecientes a su madre, la joven de 30 años las rechazó de inmediato para centrar su petición únicamente en las fotos.La única ocasión en la que Johana Sánchez interrumpió su labor y se quebró emocionalmente ocurrió tras acompañar a una madre que permaneció dos días y dos noches sin dormir en el campamento improvisado, esperando el rescate de sus hijos Valentina y Juan.Cuando los cuerpos sin vida de ambos jóvenes fueron localizados bajo el concreto pesado, Johana se aisló del campamento y se encerró a llorar sola.A pesar de las constantes sugerencias del equipo de profesionales en psicología del duelo que asisten la emergencia, quienes le recomiendan diariamente retirarse para proteger su salud mental ante la saturación de dolor, Johana permanece firme en el lugar.Actualmente, todas las pertenencias, fotos, diplomas, relojes y anillos recuperados por Johana Sánchez y los voluntarios civiles han sido trasladados de forma segura a una bodega oficial para que los familiares puedan identificarlos y reclamarlos.
El avance de la investigación por la muerte de dos niñas envenenadas con talio en Bogotá dio un giro determinante tras el allanamiento al locker de Zulma Guzmán, ubicado en el Club El Nogal. Los Informantes tuvo acceso a los videos del operativo, en el que fueron hallados elementos clave y lo que sería la 'prueba reina' del caso.Las autoridades ejecutaron una orden judicial para registrar el locker asignado a la señalada, donde recolectaron muestras y elementos que, según el abogado de la familia Graham Sardi, David Espinosa, cerrarían el círculo de responsabilidad sobre la mujer, actualmente detenida en el Reino Unido.¿Qué se encontró en el locker de Zulma Guzmán?Un equipo de expertos de la Fiscalía ingresó al vestier de mujeres del exclusivo club bogotano para abrir el locker. El abogado detalló lo que se encontró en ese espacio: “Lo primero que se encuentra son unos guantes de látex. Se encuentran unos frascos como empaquetados que, en ese momento no se sabía qué era. Encontramos unas calcomanías de estos productos de Rappi que precisamente fueran los que se habían utilizado para entregar el domicilio y encontramos una faja que alteraba el cuerpo de una persona”, afirmó.La faja hallada ha cobrado especial relevancia para los investigadores, ya que coincide con los testimonios recogidos por el domiciliario tras el envío de frambuesas envenenadas que cobraron la vida de dos menores en 2025.Espinosa señaló que la publicidad del producto “hizo conectar con la descripción que había hecho el mensajero de la persona que le había entregado el producto...era gordita, tenía una peluca, era una persona que no se correspondía su apariencia física con su vestimenta”.Encontraron la letal sustancia en uno de los frascosLos elementos extraídos del club fueron analizados bajo estrictos protocolos. El dictamen de Medicina Legal sobre las sustancias líquidas encontradas en dos frascos sin etiquetas dentro del locker confirmó la presencia de talio.“Nosotros podemos afirmar con grado de certeza, por lo menos como representante de víctimas, que Zulma es la responsable directa de la muerte de las niñas”, señaló el abogado. Este proceso judicial en Colombia busca la imputación de Zulma Guzmán por la muerte de dos menores de edad y el intento de homicidio de otros dos. Actualmente, la mujer se encuentra en la prisión de Bronzefield en Inglaterra, a la espera de que se defina su situación jurídica y las solicitudes de extradición al país.El antecedente de Alicia Graham, madre de una de las menores muertas por talioLa investigación también se ha extendido al fallecimiento de Alicia Graham Sardi, ocurrido el 17 de agosto de 2021. Aunque inicialmente su muerte fue atribuida a un cáncer de seno, el caso de las menores envenenadas con talio encendió las alertas en la familia Graham.Cristina Graham, hermana de Alicia y tía de una de las niñas que falleció envenenada por esta letal sustancia, relató que le informaron que a su hermana “alguien que estaba con ella de manera permanente la goteó con talio de a poquitos en algo que ella se tomaba”.Antes de fallecer, Alicia presentó síntomas que desconcertaron a sus allegados. El endocrino Julio Portocarrero, quien la trató en su momento, recordó su diagnóstico: “Si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será”.Irregularidades en la historia clínicaLa revisión del caso de Alicia Graham ha revelado inconsistencias en sus registros médicos. El periodista Florencio Sánchez identificó que existen dos exámenes de orina realizados con poco tiempo de diferencia en julio de 2021. Mientras que el primer examen reportó un resultado negativo, el segundo, ordenado tras su ingreso a la Clínica Santa Fe, arrojó un resultado positivo con una alta posibilidad de talio en su cuerpo, “pero esos resultados no ingresan a la historia clínica de Alicia Graham”.Alicia tenía 51 años, tres hijos y toda una vida por delante. Su muerte dejó un vacío inmenso en su familia, que intentaba hacer las paces con su ausencia cuando, cuatro años después, la tragedia volvió a golpear. El 4 de abril de 2025, la hija menor de los De Bedout invitó a dos amigas a su casa para hacer galletas. Sin embargo, las niñas terminaron consumiendo unas frambuesas envenenadas con talio que habían llegado como regalo.Para esta familia, existen indicios contundentes que apuntarían a una presunta responsabilidad de Zulma Guzmán en la muerte de las menores y de la madre de una de ellas. “No es una coincidencia, vamos a seguir investigando qué le pasó a mi hermana... Esperemos que esta señora cumpla su sentencia y se haga justicia... Yo pienso que ella tiene información de qué pasó con mi hermana”, concluyó Cristina.“La muerte de Alicia, que hoy podemos afirmar fue fruto de un envenenamiento, no puede quedar la impunidad”, dijo el abogado de las víctimas.Las autoridades colombianas mantienen el caso abierto, mientras la Fiscalía espera respuesta del Reino Unido para proceder con la audiencia de imputación contra Zulma Guzmán Castro, vinculada sentimentalmente en el pasado con el esposo de Alicia Graham.
La familia de Jaminton Campaz atraviesa uno de sus momentos más difíciles tras la participación de la selección Colombia en el Mundial 2026. El mediocampista ofensivo, quien actualmente viste la camiseta del Rosario Central de Argentina, ha sido blanco de amenazas que surgieron luego del partido contra Suiza el pasado 7 de julio en Vancouver, Canadá.Su hermano mayor, Mike Campaz, relató entre lágrimas en Los Informantes el impacto de las amenazas de muerte que recibió el jugador y que lo obligaron a evitar su regreso a Colombia.¿Por qué Campaz recibió amenazas de muerte?El incidente que desencadenó la situación ocurrió en el encuentro de octavos de final, cuando un remate de Jaminton Campaz no logró concretarse en gol. A partir de ese momento, las redes sociales del jugador se llenaron de advertencias contra su integridad. Mike Campaz, quien ha sido una figura paterna para el futbolista, expresó el dolor que siente la familia ante la discriminación recibida: "Ver mensajes de gente acá discriminándolo como si fuera un criminal...somos del fútbol y sabemos de los comentarios malos y él está preparado para eso, pero que se le metan con la familia no tiene derecho".Debido a la seriedad de las advertencias, el jugador tomó la decisión de viajar directamente desde Norteamérica hacia Argentina para reincorporarse a su club, omitiendo su periodo de vacaciones en Colombia. Sobre la imposibilidad de reunirse, su hermano mayor manifestó: "Tener que decirle que no vinieron fue muy duro. Fue muy duro porque a la fecha nosotros no lo podemos ver, ya tendremos tiempo para para compartir, para darle un abrazo".El recuerdo del asesinato de Andrés EscobarEl recuerdo de Andrés Escobar volvió de inmediato. El futbolista fue asesinado tras regresar del Mundial de Estados Unidos 1994. Aunque nunca se ha esclarecido que su muerte estuviera relacionada con asuntos deportivos, este hecho encendió las alarmas y, por eso, Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia.Una historia de superación desde Tumaco e IbaguéLa trayectoria de este deportista está marcada por el sacrificio de su madre, Betzabet Campaz, y sus siete hermanos, quienes abandonaron la precariedad en el corregimiento de Chontal, en Tumaco, para buscar un futuro en Ibagué a través del fútbol. El hermano del mediocampista recuerda con gratitud la acogida de la capital del Tolima: "Llegamos a una ciudad que nos abrió sus puertas y nos acogió como uno más”.El hermano mayor, quien también fue futbolista profesional, asumió la responsabilidad de cuidar de Jaminton y sus hermanos desde joven. "Cuando a mí me preguntan que si soy el papá, yo digo: ‘yo lo que hice, lo hice de corazón’”, afirmó Mike sobre su rol protector en la familia.Lo que dicen autoridades sobre las amenazasLos primeros indicios de las autoridades apuntan a que las amenazas contra Campaz son serias y podrían provenir de un grupo de apostadores. Sin embargo, la investigación continúa para establecer quiénes estarían detrás de este hecho.Mike Campaz confirmó que la familia mantiene contacto permanente con las autoridades y cuenta con el acompañamiento de un jefe de inteligencia de la Policía, encargado de hacer seguimiento al caso y brindarles seguridad. Mientras tanto, la Federación Colombiana de Fútbol y el entorno del jugador rechazaron contundentemente cualquier manifestación de odio que ponga en riesgo la vida de los deportistas.
El Gobierno Nacional informó que mantendrá sin incrementos los precios de referencia de la gasolina corriente y del ACPM durante septiembre, en solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta decisión busca aliviar la situación de los hogares colombianos, evitar mayores costos en el transporte de alimentos, medicinas y bienes esenciales, y facilitar la movilización de ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas."En coordinación con el Ministerio de Hacienda, desde el Gobierno Nacional actuamos de manera coordinada para que las medidas lleguen a quienes más lo necesitan. Gobernar también es responder con solidaridad, responsabilidad y presencia en los momentos más difíciles", indicó el Ministerio de Minas y Energía. Según esta cartera, la medida fue posible gracias a las condiciones del mercado, y se logró mediante la actualización de los indicadores de precios de los combustibles, lo que permite mantener estables los precios de la gasolina corriente y el ACPM. La decisión también generará un ahorro estimado de 152.600 millones de pesos para la Nación al finalizar 2026, de mantenerse los supuestos actuales en los precios de los biocombustibles y el ajuste de la TRM.“Detrás de esta decisión está el propósito de apoyar, especialmente, a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Mantener sin aumentos los precios de la gasolina y del ACPM durante septiembre evita que el costo de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaiga sobre quienes más perdieron. En momentos como este, debemos actuar coordinadamente. Y no basta con un anuncio, haremos seguimiento para que estos precios se cumplan en el país”, dijo la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda.Estos son los precios de la gasolina y ACPM en septiembreLos precios de referencia son los valores base que fija el Gobierno Nacional y a partir de los cuales se calcula el precio final en cada estación de servicio, que puede variar según los costos de distribución y los impuestos definidos en cada municipio. La medida, cuya aplicación inicia el sábado 29 de agosto, se mantendrá durante todo el mes de septiembre de 2026 y cobija la gasolina corriente y el ACPM.Además, el ministerio resaltó que, durante el gobierno pasado, la no actualización de estos indicadores entre mayo y agosto de 2026 impidió generar un ahorro cercano a los 58.000 millones de pesos. Como resultado de la medida, los precios de venta al público (PVP) de referencia definidos con la CREG se mantendrán sin aumentos durante septiembre en todo el país. El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitan a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales intensificar la inspección y vigilancia en las estaciones de servicio, con el fin de verificar el cumplimiento de estos precios de referencia. En las siguientes tablas se específica el valor de los precios de referencia a nivel nacional: LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El presidente Abelardo de la Espriella dijo tras un consejo de ministros este sábado en Barranquilla que le pidió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que avance en la creación de un nuevo código de tránsito. Horas antes, a través de su cuenta de X, dijo que piensa proponer ante el Congreso de la República que se reduzca hasta en un 50 % el valor actual de las multas de tránsito. "Una infracción debe tener una sanción proporcional; no puede convertirse en una condena económica para una familia colombiana", aseguró, y añadió que planea reducir el costo de las licencias de conducción y aumentar su vigencia de ocho a diez años.Cabe resaltar que el valor de las multas de tránsito en Colombia está regulado principalmente por la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), específicamente en su artículo 131, que define las sanciones en salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). También, esta ley establece que los conductores pueden obtener un descuento de hasta el 50% si pagan la multa los cinco días posteriores a la infracción y si asisten a un curso sobre normas de tránsito. En ese sentido, De la Espriella aseguró que hay "monopolios" alrededor de los cursos, y que buscará que las autoridades de tránsito sea quienes los impartan directamente: "Voy a acabar con el absurdo requisito de la llamada 'casa cárcel' para habilitar los Centros Integrales de Atención y con las barreras que han favorecido monopolios alrededor de los cursos para obtener descuentos en las multas. Buscaré reducir en un 25 % el costo asociado a estos cursos y fortalecer a las autoridades de tránsito para que puedan impartirlos directamente".Inció, además, que busca "ponerle freno al negocio de las fotomultas", por medio del endurecimiento de los controles para su autorización. "Para mí primero están la vida y la seguridad vial, jamás el afán de recaudo. También estableceré parámetros claros para la calibración de los equipos, para evitar que los colombianos terminen pagando multas producto de mediciones defectuosas. Voy a ordenar una revisión integral del RUNT y el SIMIT para identificar duplicidades y buscar eliminar o reducir sustancialmente las tarifas que les cobran a los colombianos", señaló el mandatario.Otra de sus propuestas será "revisar el costo y la periodicidad de la revisión técnico-mecánica, incluyendo la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para los vehículos nuevos. Mi propósito es claro: reducir cargas y costos innecesarios para la gente. No voy a permitir que el Estado se convierta en una máquina de cobrar, multar y exprimir al ciudadano. Donde encuentre monopolios, sobrecostos, trámites absurdos o negocios montados alrededor de la necesidad de la gente, voy a actuar". Para 2026, multas como conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción o con la licencia vencida cuesta 337.385 pesos, y se puede reducir a 168.700 pesos si paga en los primeros cinco días hábiles. Asimismo, estacionar un vehículo en sitios prohibidos o conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida, otras de las infracciones más comunes, genera una multa de 633.232 pesos, que puede quedar hasta en 316.600 pesos con el descuento del 50%. LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El Ministerio de Transporte aplazó la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), un modelo creado para verificar de manera independiente que las personas que buscan obtener o recategorizar su licencia de conducción realmente cuentan con las competencias necesarias para manejar. La decisión fue adoptada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026 y busca revisar, entre otros aspectos, los costos que el nuevo esquema representaría para los ciudadanos.De acuerdo con el Ministerio, actualmente obtener una licencia de conducción puede representar un costo cercano a $1,4 millones, mientras que con la entrada en funcionamiento de los CALE el valor podría llegar a $2,2 millones. Esto significaría un incremento de hasta $800.000 para quienes adelanten el proceso.La cartera señaló que la decisión de aplazar la implementación busca proteger el bolsillo de los conductores, sin desconocer que la Ley 2251 de 2022 continúa vigente y será cumplida. “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.¿Qué son los CALE?Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación fueron planteados desde el 2025 como organismos independientes encargados de evaluar las capacidades de quienes soliciten por primera vez una licencia de conducción o busquen una recategorización.El modelo contempla una separación entre la formación y la evaluación. De esta manera, las escuelas de conducción tendrían como función enseñar a los aspirantes, mientras que los CALE serían los encargados de comprobar si las personas efectivamente cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para conducir.El esquema contemplaba tres pruebas consecutivas. La primera sería una evaluación teórica de 40 preguntas, seguida de una prueba de destreza individual en una pista cerrada y, finalmente, una prueba de maniobras en vías públicas.Para avanzar de una etapa a la siguiente sería necesario aprobar la prueba anterior. En caso de reprobar, el aspirante tendría una segunda oportunidad sin costo en el mismo centro, siempre que la presentara dentro de los diez días siguientes. Si no lo hacía en ese plazo o volvía a reprobar, tendría que asumir nuevamente la tarifa completa del examen.¿Por qué MinTransporte aplazó los CALE?El Ministerio explicó que revisará diferentes elementos relacionados con la implementación del modelo. Entre ellos está la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la legalidad del contrato y si los costos asociados al esquema realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.Uno de los puntos bajo revisión es precisamente el impacto económico que tendría para los ciudadanos. Según la información entregada por la cartera, el proceso para obtener una licencia podría pasar a incrementar en un 57,14%.El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD, cuya operación podría mover cerca de $20 billones durante los próximos 20 años.Además, la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron que cumplían los requisitos y solicitaron participar. Esta situación, según la administración del Ministerio de ese momento, dio lugar a tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.¿Qué pasará ahora con los CALE?La suspensión de la entrada en operación no implica que la Ley 2251 de 2022 haya sido derogada. El Ministerio de Transporte indicó que continuará con la revisión del esquema antes de adoptar las decisiones correspondientes.La cartera señaló que el análisis se realizará respetando el debido proceso y la seguridad jurídica. Una vez concluida esta revisión, informará las determinaciones que correspondan.Mientras tanto, los CALE no entrarán en operación en los términos inicialmente previstos. El Ministerio deberá establecer qué ocurrirá con el modelo después de evaluar su estructura, los costos para los ciudadanos, la capacidad de los centros y los demás aspectos jurídicos y operativos que están bajo revisión.HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRANNOTICIAS CARACOLHcarrenb@caracoltv.com.co
Por medio de una serie de resoluciones firmadas este viernes 28 de agosto, el Gobierno Nacional dio por terminadas las mesas de diálogo con varios grupos criminales, especialmente de las disidencias de las Farc, que habían sido iniciadas por el mandato anterior de Gustavo Petro. También, eliminó los reconocimientos como negociadores a varios miembros de estos grupos, como Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, y Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, quienes además van a ser extraditados a Estados Unidos. Por un lado, la resolución ejecutiva 343 ordena, por ausencia de voluntad de paz, "terminar la Mesa de Diálogos de Paz" entre los representantes del Gobierno nacional y el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes EMBF - FARC EP. Se trata de una facción que se separó del Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco. Asimismo, en otra de las resoluciones se da por terminada la mesa de diálogo con el grupo armado al margen de la ley autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo se formó a finales del 2024 tras la separación de estructuras como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, apartándose de la facción de alias Iván Márquez, conocida como la Segunda Marquetalia.Por último, se elimina el Espacio de Conversación Sociojurídico con la estructura armada organizada de crimen de alto impacto llamada Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Esta estructura, también conocida como Los Pachenca, opera principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta y departamentos vecinos como Magdalena, La Guajira y Cesar, según la página de Insight Crime. Abelardo de la Espriella habló de extradiciones a EE. UU.En una alocución el pasado miércoles 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ha ordenado que se haga efectiva la extradición de cinco criminales a Estados Unidos, acusados de delitos como narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos. Su entrega al país norteamericano permanecía suspendida por los "procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior".“Colombia necesita una paz verdadera no una política que convierta el diálogo en impunidad, la paz total fracasó en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a criminales sin que, en casos como los que hoy nos ocupan, se verificaran aportes y resultados concretos para la consecución de la paz", añadió De la Espriella, haciendo énfasis en que su gobierno se centrará en una política de "seguridad, legalidad y autoridad del Estado". Estos son los nombres de los señalados delincuentes que serán extraditados:Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho OlmedoCarmen Emelio, alias MuñecaGiovanni Andrés Rojas, alias ArañaGabriel Yepes Mejía, alias HHFredy Castillo, alias PinochoEn el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho, quienes aún están prófugos de la justicia, el Presidente indicó que serán extraditados tan pronto sean capturados.LAURA VALENTINA MERCADO NOTICIAS CARACOL DIGITAL
Al cierre de la Convención Bancaria, el evento anual más importante del sector financiero en Colombia, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se dirigió a las entidades financieras resaltando la difícil situación fiscal que enfrenta el país y el rol clave de este sector para el crecimiento económico, teniendo en cuenta también las contingencia de la reconstrucción tras el terremoto y el Fenómeno del Niño. "Nosotros lo necesitamos a ustedes hoy, no mañana, no en 10 años, porque ustedes sí tienen capacidad de reacción, y en el corto plazo es lo que el país está necesitando", aseguró. También, anunció que el Gobierno nacional presentará una ley financiera de reducción de gasto del Estado en vez de plantear nuevos impuestos. Con respecto a proyecto de presupuesto presentado por un monto de 634,9 billones de pesos, indicó que se plantea un recorte del gasto público de $21,9 billones, cifra que pasará a consideración en el consejo de ministros del gabinete de Abelardo de la Espriella, llevado a cabo este sábado 29 de agosto en Barranquilla.Gómez inició su intervención diciendo que, en los pocos días que lleva en su cargo, se ha enfrentado a diversos retos, pues tan solo habían pasado 40 minutos en su oficina cuando ocurrió el terremoto. Además, el Congreso de la República devolvió el presupuesto general presentado por el gobierno anterior, el cual "había consumido el 96% del cupo de emisión de Títulos de Tesorería (TES) en los primeros siete meses del año". En ese sentido, le solicita a las entidades financieras que contribuyan al crecimiento financiero y a incentivar la inversión privada, mientras él se compromete a organizar las finanzas públicas, ante una situación fiscal que califica como crítica. "Está postrada la inversión privada (...) un país que no invierte no puede ser productivo, un país que no invierte naturalmente no tiene un futuro de expansión económica como todos lo desearíamos", dijo. Las alertas por la situación fiscal de ColombiaEn su discurso, el funcionario a cargo de la cartera de Hacienda mencionó que “la verdad cruda es que tenemos una situación fiscal crítica, probablemente, la peor que hemos tenido en nuestra historia. Nuestro balance primario se volvió irónicamente deficitario; eso ha llevado a un aumento de la deuda que se refleja en todas las cifras y sin ninguna duda, si no hacemos nada, es el abismo. Estamos en unos niveles que son absolutamente insostenibles,imposibles de financiar, y que hacen supremamente difícil que la economía pueda operar normalmente. Si no hacemos nada, la deuda llegaría al 82% al final del gobierno”. Con respecto al balance primario, Gómez explicó que la brecha entre los ingresos y los gastos del país es amplia y no se ha reducido desde la pandemia, pues Colombia recibe 29 billones de pesos de ingreso mensual, y se gasta 40 billones. "El gasto público se desvió de la tendencia 3.5 puntos porcentuales, y nunca volvimos a la senda que traíamos antes. En otros países, después de la pandemia, el gasto tendió a disminuir y acercarse a la tendencia que teníamos antes de la pandemia, ese no fue el caso de Colombia. (...) en el ingreso, no nos salimos de la senda. Deberíamos haber aumentado nuestro nivel de ingresos fiscales para poder cerrar la brecha. Seguimos teniendo una diferencia muy grande entre los ingresos y los gastos del Estado", dijo.Resaltó también que la "inflación no sede en nuestro país" y es la "fiebre de la economía". Además, dijo que el crecimiento económico del último año es "muy mediocre, jalonado por el gasto público, una de las peores maneras es cuando depende de lo que hace el gobierno y no de lo que hacen los empresarios".LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
Tras el devastador terremoto que sacudió fuertemente a Risaralda, el presidente Abelardo de la Espriella dio inicio formal a la fase dos de la reconstrucción en Pereira, denominada "Patria Milagro". El mandatario dejó en claro en su discurso que la prioridad absoluta de su gobierno es la ejecución y la entrega de soluciones concretas para levantar los hogares devastados.Desde Pereira, Presidente confirma que se suspenderán cobros del Icetex El anuncio central estuvo dirigido a aliviar de manera inmediata la economía de las familias jóvenes del departamento. El jefe de Estado ordenó la activación automática de alivios financieros para 5.253 estudiantes de Risaralda con créditos educativos vigentes en el Icetex. Durante un trimestre completo, se suspenderá el cobro de las cuotas, se congelarán por completo los intereses corrientes y de mora, y se detendrán todas las acciones de cobro contra los núcleos familiares afectados.El presidente hizo este mismo anuncio en Cali, confirmando que en el Valle del Cauca hay 29.000 damnificados que recibirán el beneficio de suspensión de cobros con el Icetex. La medida busca eliminar una presión financiera asfixiante en medio de la peor crisis que atraviesa la región. "Les quiero decir algo que nace desde lo más profundo de mi corazón: mientras ustedes hagan un enorme esfuerzo por levantar nuevamente sus hogares, no tendrán la carga ni la preocupación de tener que pagar los créditos con el Icetex. Déjenme lidiar con la preocupación esa a mí, ustedes concéntrense en volver a levantar sus casas", manifestó De la Espriella desde Pereira.El compromiso del Gobierno nacional con el sector educativo se extiende también a la seguridad física de los menores. Tras una exhaustiva inspección a las 165 sedes escolares de Pereira, los ingenieros expertos identificaron 13 infraestructuras en inminente peligro de colapso y 48 con restricciones severas de uso, dejando solo 47 declaradas completamente habitables. El mandatario aseguró que no permitirá que se exponga la vida de un niño en edificaciones inseguras. Por ello, anunció que 8.000 estudiantes serán reubicados a partir del próximo lunes en sedes alternas para garantizar la continuidad escolar presencial con plenas garantías.La salud pública y el acompañamiento emocional de los risaraldenses es otra de las prioridades innegociables en esta etapa de choque, señaló el Presidente. El terremoto dejó serias afectaciones estructurales en 34 centros asistenciales en Pereira, obligando a reorganizaciones temporales. Sin embargo, el mandatario confirmó que la red hospitalaria se mantiene plenamente operativa: el laboratorio clínico López Correa ya está reincorporado con éxito y avanza a paso firme la recuperación física del Hospital Universitario San Jorge.De la Espriella confirma apoyo económico de 1.050.000 pesos mensuales a damnificadosParalelamente, De la Espriella aseguró que se vigila de cerca la salud en los siete alojamientos temporales que atienden actualmente a 1.092 personas que perdieron su techo, donde se han realizado jornadas de vacunación y 87 valoraciones especializadas en salud mental para mitigar el trauma emocional. En materia de vivienda, De la Espriella detalló el esquema de desembolsos económicos directos que iniciará el próximo 31 de agosto. Cada hogar damnificado cuya vivienda haya sido destruida o declarada técnicamente inhabitable recibirá un apoyo de 1.050.000 pesos mensuales durante tres meses (un total inicial de 3.150.000 pesos), con posibilidad de prórroga por tres meses más en el caso de los propietariosEl mandatario recalcó que este dinero llegará sin intermediarios, políticos ni particulares de por medio. Además, el Registro Único de Damnificados permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre para asegurar que ningún afectado quede por fuera del censo definitivo. Como plan de choque habitacional adicional, el presidente ordenó a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) evaluar los 925 inmuebles que administra en el departamento —de los cuales 592 están ubicados en Pereira— para destinar las fincas y hoteles incautados a la delincuencia como soluciones de albergue inmediato para las familias damnificadas."Por primera vez van a servir de algo. Lo que los bandidos han hecho y el daño que han hecho, nos quedamos con los bienes en el Estado y se lo damos a la gente que lo necesita", aseveró de la Espriella. Asimismo, destacó que el Plan Departamental de Agua cuenta con casi 19.000 millones de pesos aprobados y que se acelerarán los trabajos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira y Dosquebradas para beneficiar a 730.000 ciudadanos.La reconstrucción sumará también el aporte decidido de la empresa privada, logrando gestionar bajo su liderazgo recursos por más de 2 billones de pesos. En sintonía con esto, el mandatario celebró un acuerdo con la banca nacional que reduce las tasas de interés para créditos de vivienda del 14% al 8%. Con una inflación del 6.14%, esto representa una tasa real de interés de un poco más del 1.8%, cumpliendo con orgullo una propuesta que sus opositores tildaban de inviable durante su campaña electoral.Finalmente, el Presidente afirmó que Pereira se convertirá en el centro operativo regional de la reconstrucción mediante el recién creado "Fondo Milagro", gerenciado por Jaime Uribe y una junta directiva compuesta por ilustres locales. "La reconstrucción tiene que avanzar rápido pero no a ciegas, a toda velocidad pero sin improvisación", concluyó el presidente de la República.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Colombia dio un nuevo paso en materia de protección animal. El Gobierno nacional sancionó la Ley 2627 de 2026, conocida como Ley No Más Zoofilia, una norma que modifica el Código Penal para castigar de manera específica el abuso sexual contra animales y establece sanciones de prisión, multas e inhabilidades para los responsables.La nueva legislación fue impulsada en el Congreso por la senadora Esmeralda Hernández y complementa medidas previas de protección animal como la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel). Uno de los principales cambios es la creación de un delito autónomo que permitirá perseguir penalmente estas conductas de forma directa y con penas expresamente definidas en la ley.Ley No Más Zoofilia: el delito que incorpora al Código PenalLa Ley 2627 de 2026 modifica la Ley 599 de 2000 (Código Penal colombiano) e introduce el delito de “acceso carnal a animales”, una conducta que hasta ahora no tenía una tipificación autónoma dentro de la normativa penal del país. Además, la norma actualiza el nombre del capítulo correspondiente en el Código Penal, que pasa a denominarse “Delitos contra la vida, la integridad física, emocional y sexual de los animales”, ampliando así el enfoque de protección jurídica sobre los animales.Según el nuevo artículo 339D, la conducta sancionada corresponde a quien realice acceso carnal con un animal. Con esta modificación, los casos de zoofilia dejan de depender exclusivamente de otras figuras relacionadas con el maltrato animal y pasan a ser investigados como un delito específico. La legislación también establece excepciones para actividades médicas veterinarias, zootécnicas, procedimientos diagnósticos o acciones relacionadas con el cuidado y la reproducción animal, siempre que tengan justificación profesional o científica.¿Cuál es la pena mínima por zoofilia en Colombia?La nueva ley establece una pena mínima de 48 meses de prisión, es decir, cuatro años de cárcel, para quien sea encontrado responsable del delito de acceso carnal a animales. La sanción base puede llegar hasta los 55 meses de prisión. Adicionalmente, la condena contempla otras consecuencias jurídicas:Multas entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).Inhabilidad de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales.Prohibición para adquirir, tener, cuidar o brindar refugio a animales.Uno de los aspectos destacados por los promotores de la iniciativa es que esta conducta pasa a ser considerada como uno de los delitos más severamente castigados dentro de la legislación de protección animal. La senadora Esmeralda Hernández afirmó en Caracol Radio que se trata del único delito contra los animales que no contempla beneficio de excarcelación.Agravantes: las penas pueden superar los 11 años de cárcelLa Ley No Más Zoofilia también incorporó circunstancias de agravación punitiva a través del artículo 339E del Código Penal. Cuando estas situaciones se presenten, las penas podrán aumentar entre la mitad y las tres cuartas partes. De acuerdo con la norma, los castigos pueden llegar hasta 140 meses de prisión, equivalentes a más de 11 años de cárcel, en determinados casos agravados. Entre las circunstancias que incrementan la sanción se encuentran:Que la conducta sea cometida por dos o más personas.Que involucre a dos o más animales.Que ocurra en espacios públicos.Que se repita contra el mismo animal.Que exista sevicia o crueldad durante los hechos.Que el acto sea grabado, difundido o promovido a través de medios de comunicación o plataformas digitales.La ley también ordena a la Fiscalía General de la Nación elaborar, en un plazo de seis meses, un protocolo especial de investigación para estos delitos. Asimismo, el Ministerio de Justicia, junto con otras entidades del Gobierno, deberá desarrollar estrategias de prevención y sensibilización sobre las implicaciones penales, sanitarias y de bienestar animal asociadas a estas conductas. Con la entrada en vigencia de la Ley 2627 de 2026, Colombia incorpora por primera vez un delito específico para castigar la zoofilia y fortalece el marco jurídico de protección animal mediante penas de hasta 140 meses de prisión para los casos más graves.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que ha ordenado que se haga efectiva la extradición de cinco criminales a Estados Unidos, acusados de delitos como narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, pero cuya orden había sido suspendida debido a que habían participado en distintos procesos de paz con el gobierno anterior. “Han seguido delinquiendo burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”, aseguró en una alocución este miércoles. “Colombia necesita una paz verdadera no una política que convierta el diálogo en impunidad, la paz total fracasó en su propósito fundamental, porque abrió espacios y concedió beneficios a criminales sin que, en casos como los que hoy nos ocupan, se verificaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz", añadió, haciendo énfasis en que su gobierno se centrará en una política de "seguridad, legalidad y autoridad del Estado". En ese sentido, dijo que no permitirá que los procesos de paz sean "refugios frente a la justicia" y un "salvoconducto para mantener privilegios mientras persisten graves requerimientos judiciales. Quien quiera transitar hacia la legalidad deberá demostrarlo con hechos concretos y verificables, y en este gobierno no hay forma distinta que sometiéndose a la justicia".De la Espriella específico que la entrega en extradición de estos cinco criminales ya había sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025, pero su entrega permanecía suspendida, precisamente, por los "procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior". Estos son los nombres de los señalados delincuentes: Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho OlmedoCarmen Emelio, alias MuñecaGiovanni Andrés Rojas, alias ArañaGabriel Yepes Mejía, alias HHFredy Castillo, alias PinochoUno de los nombres que más ha sonado es alias Araña, quien funge como líder de la organización Comandos de Frontera (CDF), considerada un apéndice de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, la cual delinque en la zona de frontera con Ecuador y Nariño. Se había planteado que este criminal fuera llevado a los buques de la Armada Nacional que se volverán cárceles para criminales condenados que siguen delinquiendo desde las prisiones; sin embargo,decidió que sería extraditado. Por otro lado, en el caso de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo, alias Pinocho, el Presidente indicó que serán extraditados tan pronto sean capturados. "Estas personas están siendo solicitadas por autoridades judiciales en los Estados Unidos por graves delitos relacionados, según cada caso, con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. Luego de verificar cada caso con la oficina del consejero comisionado de paz, que no se va a llamar así en nuestro gobierno, no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana", reiteró De la Espriella.LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL
El Pacto Histórico presentó este miércoles 26 de agosto lo que denominó como el ‘Gabinete por la vida’, se trata de un grupo alterno que trabajará en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. El senador Iván Cepeda, por su parte, explicó que este será un espacio que operará de manera coordinada con la bancada parlamentaria y con otros sectores políticos y sociales. Según el excandidato presidencial, la intensión será presentar propuestas y soluciones frente a distintas problemáticas en Colombia y formular alternativas para enfrentar las consecuencias del terremoto del 10 de agosto.En su intervención, el senador Cepeda indicó que, “como movimiento político con la mayor fuerza e influencia, asumimos la oposición con responsabilidad. El ‘Gabinete por la vida’ no solamente señalará lo que está mal, sino que contribuirá para lo que debe venir en el país". Ellos serán los magistrados que conformarán el CNE para el período 2026-2030Agregó el congresista que la iniciativa "contribuirá a formular soluciones para la superación de la situación crítica, generada por la conjunción de dos desastres naturales que enfrenta el país actualmente: el desastre proveniente del terremoto del 10 de agosto y el de la sequía prolongada que amenaza gravemente a poblaciones enteras bajo lo que se ha llamado el fenómeno de El Super Niño”.Además, Iván Cepeda se refirió a los primeros días del gobierno de Abelardo de la Espriella y dijo que “todas nuestras advertencias sobre las graves amenazas que encarna el proyecto de extrema derecha en Colombia, y que está en cabeza del señor Abelardo de la Espriella y su gobierno, comienza lamentablemente a materializarse. Desde el mismo día de la posesión, las actuaciones de De la Espriella han estado marcadas por la política del espectáculo, los rituales religiosos y una preocupante banalización de las actuaciones públicas”.El expresidente Gustavo Petro también se pronunció y dijo que “este es un ‘Gabinete por la vida’ porque hay un gobierno por la muerte, pues está representando un proyecto de esclavitud para la humanidad y toda la esclavitud es oscuridad. Ese proyecto de esclavitud para la humanidad no es exclusivamente de los que gobiernan hoy a Colombia; es una red de poder inmenso que hoy dirige buena parte de la geopolítica mundial, construido sobre la base de un objetivo: cómo controlar la humanidad toda a partir del algoritmo, a partir de las matemáticas”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La publicación de un borrador de decreto por parte del Ministerio de Educación desató una intensa polémica en Colombia. El documento, que busca establecer nuevos lineamientos y modificar las normas que unifican el funcionamiento de los colegios oficiales que operan bajo el modelo de concesión (específicamente modificando el Decreto 1075 de 2015), puso sobre la mesa un debate sensible en torno a la participación de organizaciones religiosas en la educación pública.Aunque la propuesta aborda diversos requisitos técnicos de funcionamiento de los colegios oficiales y privados, el núcleo de la controversia se encuentra en el artículo número cinco, el cual faculta a estas instituciones bajo régimen de concesión a suscribir contratos con iglesias y confesiones religiosas para la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico.El primero en dar un campanazo de alerta fue Fecode, gremio de los docentes de colegios públicos. Desde ese organismo señalaron que el país dio una fuerte lucha por la correcta separación de Iglesia y Estado, en particular, contra el absoluto control eclesiástico de la educación. “Hoy, esa lucha histórica podría borrarse con un solo "decretazo". Llamamos a un gran frente unido contra la reforma al decreto 1075, propuesta por el actual Ministerio de Educación”, indicaron.En entrevista con Noticias Caracol, el reconocido experto en educación, Francisco Cajiao, expresó sus profundas críticas frente a esta iniciativa, calificándola de "tremendamente delicada" y "ambigua". En su análisis, Cajiao sugirió que prácticamente todo el decreto está diseñado para dar cabida a este artículo, debido a que el resto del contenido se limita a aclarar normas y dinámicas que ya existían previamente en el país y no aportan nada nuevo.La ministra de Educación, Viviane Morales, manifestó que el proyecto de decreto publicado por esta cartera reproduce algo vigente desde hace más de treinta años. Según su criterio, “los contratos para el desarrollo de estrategias pedagógicas con iglesias o confesiones religiosas están contemplados en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y reglamentados en el artículo 2.3.1.3.1.6 del Decreto 1851 de 2015”.Añadió que la Corte Constitucional ha declarado constitucional este tipo de colaboración con las iglesias y confesiones religiosas. De hecho, en respuesta a Fecode, insistió en que “nada de decretazo”.En el análisis de Cajiao, su principal preocupación radica en la ambigüedad del término "confesiones religiosas". Advierte que, bajo esta definición tan laxa, cualquier grupo o corriente dogmática —incluso de carácter radical— tendría el derecho de intervenir y diseñar contenidos dentro de colegios oficiales de Colombia.Además, resaltó el peligro latente de adoctrinamiento no solo religioso, sino también político, recordando que muchas iglesias cristianas en el país participan de manera muy activa compartiendo sus intereses entre la fe y el poder electoral.Para Cajiao, el decreto no es claro en establecer si estas acciones pedagógicas y estrategias religiosas serán de carácter obligatorio, convirtiéndose en una "punta de lanza" para ideologizar la educación en un país que, por mandato constitucional, es un Estado laico.¿Privatización de la educación?Frente a los contraargumentos de la ministra de Educación, quien defiende la iniciativa argumentando que la experiencia de los colegios administrados por concesión ha sido muy exitosa y que desde 1994 se permite la colaboración de entidades religiosas en zonas de difícil acceso, Cajiao marca una distinción técnica crucial.En palabras de Morales, “de ninguna manera se trata de privatizar la educación” e insistió que la experiencia en colegios en administración ha sido exitosa, mostrando efectos positivos en las Pruebas Saber 11, eficiencia y llegada a la educación superior.El experto sostuvo que Morales no está respondiendo al artículo en cuestión. Históricamente, organizaciones serias (como Fe y Alegría) o comunidades religiosas han administrado integralmente colegios oficiales bajo rigurosas condiciones del Estado. Sin embargo, explicó, el artículo quinto del nuevo decreto propone algo completamente distinto: contratar a iglesias para "asesorar y hacer promoción doctrinal", sin asumir la administración plena ni la responsabilidad compleja del plantel.Esto permitiría que un alcalde o gobernador proclive a estas ideologías simplemente otorgue un contrato para doctrinar de forma directa. Cajiao calificó este mecanismo como un "negociado infinito" y un grave error de política pública.NOTICIAS CARACOL
El Congreso de la República decidió por votación quiénes serán los nueve magistrados que asumirán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el período 2026-2030. La cuota de los togados queda marcada por una mayoría que viene de partidos de centro derecha. Estaba previsto que para el 25 de agosto se decidieran los nombres de quienes ocuparían el cargo del organismo autónomo. La elección se realizó de manera conjunta entre Cámara de Representantes y Senado.Los nombres de los magistrados del CNEAnte el Congreso se radicaron tres planchas de votación nominal donde figuraban partidos como el Liberal, Conservador, La U, Salvación Nacional, Centro Democrático, Mira, Cambio Radical, Pacto Histórico, entre otros. Solo nueve de 28 quedaron elegidos por los congresistas para ocupar las magistraturas en los próximos cuatro años, durante la administración de Abelardo de la Espriella. Así quedaron:Plancha 1:Nubia Estela Martínez – Centro Democrático y Mira.Silvio Carrasquilla – Partido Liberal.Juan Carlos Wills – Partido Conservador.Juan Felipe Lemus – Partido de La U.José Antonio Parra – Salvación Nacional.Plinio Alarcón – Mira.Plancha 2:Cielo Rusinque - Pacto Histórico y ex superintendente de la SIC.Ana Bautista - Pacto Histórico.Plancha 3:Luis Pérez - Cambio Radical - Bloque Verde y Partido DemócrataLa primera lista obtuvo 169 votos y logró posicionar a gran parte de los magistrados. Por su parte, la lista del Pacto Histórico, En Marcha y Aico se llevó 77 votos y puso dos magistradas en el Consejo. La última lista tuvo 28 votos que vinieron de Cambio Radical y algunos de Alianza Verde.¿Por qué es importante el CNE y la elección de los nueve magistrados?El Consejo Nacional Electoral destaca por ser una de las principales autoridades en el país que se encargan de vigilar y controlar el sistema electoral. Los nueve magistrados son la imagen de un sistema de representación proporcional, que son escogidos a partir del sistema de la cifra repartidora.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El presidente Abelardo de la Espriella designó a Clara Lucía Sandoval como gerente especial de Bogotá. La decisión se enmarca en el propósito que tiene el Gobierno Nacional de iniciar una articulación con el Distrito para avanzar en materia de obras, seguridad e infraestructura. Hasta hace poco, Sandoval se desempeñaba como concejal de la ciudad por la bancada Partido Liberal y ahora pasa a asumir esta nueva figura creada en esta administración.“Hacer que las cosas sucedan” será la premisa principal de esta gerencia, dijo Sandoval, quien asume la tarea de “coordinar, destrabar, articular y avanzar para hacer que las cosas pasen”. Sandoval recordó que la autonomía de Bogotá será respetada, pero que también hay compromisos del presidente que “se verán materializados en la ciudad”. El presidente señaló que la gerencia no llega para competir con la alcaldía ni a crear más burocracia en lo que será una “nueva etapa de articulación” que impulsará grandes obras y proyectos estratégicos como el Metro de Bogotá y la PTAR Canoas (que pretende recuperar el río Bogotá). A esto se le suma la iniciativa de seguridad urbana para reducir los delitos en la capital.¿Quién es Clara Lucía Sandoval? Esta es su experienciaClara Lucía Sandoval estudió un pregrado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, es especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, con más de 15 años de experiencia en el sector público. En su perfil se identifica como una “defensora de la vida, la niñez y la familia”. Ha sido elegida como cabildante de la ciudad en tres ocasiones (2008-2011, 2012-2015 y 2024-2027). En 2022 aspiró a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero no llegó a tener los votos suficientes. Desde su puesto en el Concejo ha impulsado temas en la agenda como lo son el bienestar y protección animal, participación ciudadana, medio ambiente, movilidad, seguridad y desarrollo social. También fue creadora y directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.En su trayectoria en el sector público ha defendido los recursos del Metro de Bogotá, exigiendo su construcción, así como de corredores importantes como la ALO y la troncal de la avenida Boyacá. También ha denunciado temas relacionados como la corrupción en las administraciones en materia de basuras, contracciones, transporte público, presupuesto y abuso de tarifas de parqueaderos.“Nuestra gerencia será muy estratégica, técnica y operativa para mirar dónde están las trabas, problemas e inconvenientes, para tener al día al señor presidente, para que todas estas cosas que han impedido el desarrollo de nuestra ciudad dejen de ser un problema y pasen a ser soluciones concretas”, declaró Sandoval. “La tarea es trabajar en equipo por el bienestar de la ciudad y por eso esta gerencia, porque pasa a ser es prioridad el trabajo articulado con los ministros y diferentes entidades para sacar adelante los grandes proyectos estratégicos donde el gobierno nacional tiene incidencia”.
El presidente Abelardo de la Espriella presentó a quien será la gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, funcionaria que, afirmó el mandatario, “no llega a competir con la Alcaldía ni a crear más burocracia; llega a articular, gestionar y producir resultados”. Según el jefe de Estado, iba a hacer el anuncio “el primer día de su gobierno, pero el terremoto cambió el orden de las cosas”. (Lea también: Ella es Clara Lucía Sandoval, la nueva gerente de Bogotá designada por el presidente De La Espriella)De la Espriella expresó que tras “terminar una muy fructífera reunión de trabajo con el señor alcalde de Bogotá, el doctor Carlos Fernando Galán Pachón”, inicia “una nueva etapa de articulación directa entre el Gobierno nacional y el Distrito alrededor de las grandes obras, de los proyectos estratégicos, del desarrollo del futuro de la ciudad, de la seguridad y, por supuesto, también de la gran inversión social que requiere el Distrito capital. El mensaje es muy claro, Bogotá necesita que trabajemos juntos”, recalcando que "no hay espacio para las diferencias políticas, cuando lo que está de por medio es la movilidad, la seguridad, el medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y la calidad de vida de millones de ciudadanos".Lo que propone De la Espriella para el Metro de BogotáEl mandatario manifestó que “uno de los asuntos centrales sin duda alguna es el metro. Tenemos que garantizar desde el Gobierno nacional, articulados con la Alcaldía Mayor, que la línea 1 del metro continúe avanzando hasta su terminación, y hacer desde el Gobierno nacional lo que nos corresponda hacer para contribuir a que este proyecto llegue a buen término”Sin embargo, dijo que se debe “mirar más allá. Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea 2, avanzar en la factibilidad de la línea 3 y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea 4. Bogotá necesita una verdadera red de transporte masivo planeada con visión de largo plazo, sin ideología, sin sesgos políticos ni ideológicos, con rigor técnico, con cifras como corresponde”. (Lea también: Alerta por estafas con falsas ofertas de empleo del Metro de Bogotá: así puede identificarlas)Además, señaló el presidente, “vamos a articular esfuerzos alrededor del Regiotram, fundamental para mejorar la conexión entre Bogotá y Cundinamarca y, por supuesto, de la PTAR Canoas, una obra que es estratégica y fundamental para avanzar definitivamente en la recuperación del río Bogotá”.El alcalde Galán le agradeció al presidente De la Espriella por “trabajar en equipo con las ciudades de Colombia”, algo que aseguró le han manifestado los otros alcaldes miembros de Asocapitales, que el bogotano preside. También se refirió a lo que expresó el mandatario “de la línea 1, de la línea 2, de la línea 3 y de la línea 4 para Bogotá, es importantísimo. Entonces, me voy muy contento, presidente, para seguir trabajando con su gobierno y listo a iniciar el proceso con Clara Lucía en su responsabilidad de articuladora de la nación para los temas de Bogotá”.Asimismo, le dio “la bienvenida a la doctora Clara Lucía Sandoval, a quien conozco hace ya casi dos décadas. Fuimos elegidos concejales por primera vez los dos hace 19 años en Bogotá. Tiene un conocimiento impresionante de la ciudad institucional y del territorio además de Bogotá. Por eso estoy convencido que será una gran aliada en este en esta responsabilidad que usted le ha otorgado, presidente. Para nosotros será muy importante alguien desde el Gobierno nacional que nos ayude a articular, a destrabar, a hacer seguimiento, eso va a agilizar muchas cosas, va a agilizar decisiones que lleven a esos resultados que usted pide”.Seguridad en BogotáEl presidente también abordó el tema, señalando que “es una prioridad absoluta en mi gobierno. Con el señor alcalde Galán vamos a trabajar conjuntamente para fortalecer el pie de fuerza, la inteligencia, la tecnología y las capacidades de seguridad urbana. Vamos a conseguir que Bogotá vuelva a ser segura y vamos a imponer la ley como corresponde. Los bogotanos tienen derecho a caminar tranquilos por sus barrios, tienen derecho a utilizar el transporte público sin que las mujeres sean acosadas, tienen derecho a abrir sus negocios sin que la extorsión se lleve las ganancias, tienen derecho a estudiar tranquilos, a trabajar y a regresar a sus hogares sin miedo, ese es un propósito insoslayable de este gobierno y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. En seguridad, el Gobierno nacional, la alcaldía y la Fuerza Pública tenemos que actuar como un solo cuerpo, como un solo equipo monolítico para enviarle un mensaje contundente al crimen organizado: aquí hay un estado cohesionado y decidido a enfrentarlos por la razón o por la fuerza”.POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Durante la posesión del nuevo contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, en La Dorada, Caldas, el presidente Abelardo de la Espriella le pidió al funcionario crear un grupo élite que esté enfocado en investigar los manejos de los recursos públicos del gobierno de su antecesor, Gustavo Petro.Poco antes de que el jefe de Estado hiciera la solicitud, el contralor expresó en su discurso que no asumía “únicamente el encargo institucional de vigilar el erario, hoy asumo una deuda de honor con la historia, con la provincia y con más de 50 millones de colombianos que exigen ver el fruto sagrado de sus impuestos reflejados en dignidad, obras y desarrollo”. Según Laverde, “Colombia no puede seguir tolerando que cerca de 50 billones de pesos al año se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia, esa cifra no es un informe técnico y frío; 50 billones de pesos equivalen a más de 10.000 colegios de alta calidad, presidente, que no se construyeron; asientos de hospitales sin insumos vitales; a miles de kilómetros de vías terciarias que dejaron aislados a nuestros campesinos. Cada peso, y perdón esta palabra, que se roba la corrupción es una oportunidad que se le arrebata a un niño en la ruralidad. Eso se acaba hoy”.Añadió que “no puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan cautivos en los bolsillos de unos pocos, y no puede existir orden si no hay justicia fiscal implacable que proteja hasta el último centavo de la patria”.“Que caiga quien tenga que caer”Tras el discurso del contralor, que se posesionó en su tierra natal, el presidente De la Espriella le expresó al nuevo funcionario que “como ya se lo dije antes de su posesión, le solicito respetuosamente que se cree un grupo élite de la Contraloría para identificar el ‘robispicio’, el ladrocinio del desgobierno anterior que sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia”. (Lea también: Contraloría General advierte de contratación excesiva en recta final del Gobierno de Gustavo Petro)Por otro lado, instó a "que el país lo sepa: funcionario del gobierno de El Tigre que resulte envuelto en un escándalo, por pequeño que sea, para afuera y a responder. Aquí no vine a tapar a nadie, que caiga quien tenga que caer, por más cercano que sea, porque yo vine a hacer la política de siempre, yo vine a cambiar la política para siempre".POR SANDRA SORIANO SORIANOCOORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha esta semana operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos -quienes, según anunció, serán deportados-, Noticias Caracol habló con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para aclarar los alcances de esta medida y específicamente a quiénes impacta. De la Espriella adelantó en un consejo de seguridad, cuyas imágenes fueron recogidas en un video divulgado este lunes por su despacho: "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos".De la Espriella aseguró que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados". El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, quien además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.¿A quiénes aplica? Ministro respondeEste anuncio del Gobierno nacional generó alarma en la comunidad migrante. Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró en entrevista con este noticiero que el alcance de las medidas para dar un parte de tranquilidad a la población venezolana que se encuentra bajo esquemas de protección o en proceso de regularización, y señaló que el verdadero objetivo de las autoridades son las redes de tráfico de personas en zonas de tránsito como el Darién.Frente a la preocupación de si las nuevas directrices gubernamentales equipararían a los migrantes trabajadores en situación regular con quienes cometen delitos, Lara fue enfático en diferenciar las situaciones. El ministro recordó el carácter humanitario con el que el país recibió a cerca de dos millones de personas durante los momentos más agudos de la crisis migratoria venezolana de los años 2020 y 2021, y destacó que en su gran mayoría logró acceder a un estatus legal.Al respecto, el jefe de la cartera del Interior precisó: “el presidente no se refiere, digamos, a muchos de estos hermanos venezolanos que incluso algunos ya han optado por regresar, los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente”. Lara insistió en que esta población no debe temer las medidas de expulsión, pues cuentan con un marco de derechos que les permite acceder a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier ciudadano local.Ese llamado de tranquilidad se extendió a los más de 500.000 ciudadanos venezolanos cuyo estatus se encuentra amparado bajo el Permiso de Protección Temporal (PPT), que permite regularizar la situación de estas personas y da vía legal para trabajar formalmente, acceder a servicios y libre movilidad. Al ser preguntado sobre si este grupo podría enfrentar un riesgo de deportación, Lara respondió de manera categórica: “No. Naturalmente que no". El ministro complementó con que “los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”.De hecho, el ministro respondió a versiones que señalan que el Gobierno de De la Espriella, con esta estrategia, estaría creando una suerte de un ICE -la autoridad migratoria estadounidense- en Colombia. Lara descartó de tajo esta versión: “Que yo tenga conocimiento no, no he oído que que eso sea un propósito”. De acuerdo con el ministro, el control de estas redes delictivas específicas puede ser asumido plenamente mediante el fortalecimiento de “las capacidades actuales de la Policía Nacional”, las cuales consideró “más que suficientes” para contener la problemática en los puntos críticos de la geografía nacional.Lara puntualizó que la ofensiva estatal no está dirigida contra quienes residen formalmente en el país sino contra el tránsito clandestino controlado por organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que instrumentalizan a los extranjeros para lucrarse en la frontera con Panamá. “El problema aquí no es de millones de personas que han llegado indocumentadas a vivir en Colombia, no, ese no es el problema”, afirmó el ministro, quien explicó también que el objetivo es evitar que el territorio nacional se consolide como una plataforma de paso para redes transnacionales de trata de personas.De la Espriella afirmó en días pasados que "cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde". Y ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión. El primero fue anunciado este martes, con el traslado de 20 personas privadas de la libertad a otras cárceles del país.NOTICIAS CARACOL
En entrevista con Noticias Caracol, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el Gobierno nacional radicará próximamente en el Congreso de la República un proyecto de Estatuto Antiterrorista. La iniciativa, explicó Lara, busca dotar al Estado de herramientas jurídicas excepcionales para combatir de manera directa a los grupos armados ilegales, en medio de denuncias sobre el supuesto uso de incendios forestales provocados como estrategia de distracción por parte de disidencias de las extintas Farc, por ejemplo, en el departamento del Tolima. De acuerdo con el jefe de la cartera política, el núcleo del proyecto de ley es el establecimiento de un registro formal de grupos al margen de la ley. “Vamos a presentar muy pronto en el Congreso de la República un estatuto antiterrorista, es decir vamos a crear un mecanismo, un sistema de lista de organización terrorista en donde vamos a listar a estas organizaciones”, detalló Lara.El ministro explicó que, aunque en el ordenamiento jurídico de Colombia ya se contempla el terrorismo de manera individual, hay un vacío legal en la tipificación colectiva: “Aquí existe el delito de terrorismo, pero no existe la definición de organización terrorista”. Con esta nueva herramienta, inspirada en los modelos de Estados Unidos y Europa, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca definir y categorizar formalmente a estas estructuras criminales.La inclusión de un grupo armado en esta lista oficial acarreará implicaciones legales severas y diferenciadas. Lara señaló que, bajo esta caracterización, se derivarán “unas normas especiales, por ejemplo, un régimen penitenciario especial para esas organizaciones, unas normas que le permitirán actuar y proceder al Estado conforme al riesgo que ponen estas organizaciones terroristas”. De igual forma, el estatuto contempla la creación de nuevos tipos penales y causales de agravación. Entre ellos, agregó el ministro, se destaca la tipificación de la “gran minería ilegal o el de gran minería criminal ligada a organizaciones terroristas”, una actividad que el Gobierno asocia directamente con la financiación del narcotráfico y el terrorismo en el país.Ante los interrogantes sobre posibles abusos o el riesgo de realizar allanamientos y capturas de forma arbitraria, el ministro Lara enfatizó que la norma estará sujeta a estrictos controles constitucionales y judiciales. “Nosotros somos respetuosos de la Constitución y de la ley. Nosotros no vamos a crear un régimen especial aplicable a cualquier colombiano, sino únicamente al que esté vinculado y que esté debidamente corroborado y probado por la justicia con estas organizaciones criminales”, aclaró, al tiempo que precisó que no se trata de declarar un Estado de excepción generalizado.Aunque la conformación final de la lista dependerá de los mecanismos aprobados tras el trámite legislativo, Lara adelantó que organizaciones como las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco y 'Calarcá', la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) cumplen con los criterios para ser catalogadas como tal. “Son organizaciones que narcotrafican, que se financian del narcotráfico y que cometen acciones terroristas”, afirmó Lara, quien vinculó directamente a estos grupos con las recientes emergencias de orden público e incendios provocados en el departamento del Tolima.Precisamente, La Fiscalía Gen¡erwl investiga si existe una acción deliberada detrás de los incendios forestales que ya han quemado miles de hectáreas en el país. La gobernadora del Tolima, el departamento más afectado, anunció la militarización de los municipios afectados por los nueve incendios activos en el oeste del país, tras "serios indicios" de que los fuegos que recorren montañas y llanuras fueron provocados. Los distintos focos han consumido al menos 20.000 hectáreas de bosques y cultivos de limón, café y mango, según el Gobierno regional.Los incendios se dan en paralelo a la crisis generada por el devastador terremoto del 10 de agosto, que se cobró la vida de cientos de personas y dejó a miles sin vivienda. También en medio de una temporada de sequía y del fenómeno El Niño, que en Colombia provoca una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas.NOTICIAS CARACOL
A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció que le dio la orden al Inpec de poner fin a lo que llamó "las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles". "Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla", detalló el jefe de Estado, quien explicó que 10 de esas personas "se encontraban “detenidos” en estaciones de Policía y otros diez en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla".El presidente explicó que "los traslados se están realizando bajo rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad, con apoyo de la Fuerza Pública, para evitar fugas, rescates o atentados" y que una vez trasladados a Bogotá, durante los 15 días siguientes serán "distribuidos en distintos establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec". "La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen. Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes. Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen", escribió De la Espriella.La medida se produce un día después de que De la Espriella anunció una estrategia integral de seguridad para Barranquilla, que incluye el refuerzo de los operativos contra el crimen organizado y la lucha contra la extorsión. La violencia ha aumentado este año en Barranquilla y su área metropolitana, donde según datos del Instituto de Medicina legal, durante 2025 hubo 725 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 la cifra asciende a 738.El Gobierno nacional ya había ordenado el traslado de 103 presos considerados de alta peligrosidad el pasado 7 de agosto, el mismo día de la investidura de De la Espriella.¿Quiénes son los privados de la libertad trasladados?El jefe de Estado escribió en su publicación que entre las personas privadas de la libertad que serán trasladadas bajo esta orden se encuentran miembros de Los Pepes y Los Costeños, dos de las bandas criminales más peligrosas que se disputan el negocio del narcotráfico y las extorsiones en Barranquilla:- Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o “El Gamo”, de Los Pepes.- Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o “Comandante Gabino”, de Los Costeños.- Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo, de Los Costeños.- Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito, de Los Costeños.- Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de Los Pepes.- Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel.- Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele.- Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate.- José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco.- José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito.- Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño.- Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan.NOTICIAS CARACOL
La Presidencia de la República anunció la nueva estrategia integral de seguridad. El presidente Abelardo de la Espriella presentó los lineamientos, dando un giro en la forma en la que se enfrenta al crimen organizado desde el Estado y aseguró que "todos los grupos criminales serán tratados como terroristas".El Gobierno indicó que "todos los grupos armados ilegales, sin distinción de denominación, serán tratados bajo una sola categoría: terroristas", siendo este el punto de inicio para los lineamientos de la estrategia de seguridad. "Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal", aseguró el presidente a través de un comunicado.De la Espriella también ordenó la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, del que harían parte el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, articuladas con la Fiscalía y la Judicatura. "El presidente fue enfático en que la Fuerza Pública colombiana debe actuar como un cuerpo monolítico y unificado, sin rivalidades entre instituciones, bajo una sola bandera", agregaron desde Presidencia.Entre los otros anuncios en temas de seguridad, el Gobierno también anunció "la creación de cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad, la persecución del cártel de tierras y el combate frontal al préstamo gota a gota, al que describió como una forma moderna de esclavitud que afecta a 12 millones de colombianos".El mandatario ordenó además la reactivación de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), que liderará la exfiscal Marta Lurreyes. La unidad cuento con el acceso a la información bancaria de los últimos cuatro años e integración con la Policía y el sistema financiero. También se reactivará "el sistema de recompensas, los operativos de redadas, la red de cooperantes y los traslados carcelarios urgentes para impedir que las cárceles sigan operando como centros de extorsión".Por último, el Gobierno se refirió al inicio de operativos coordinados por parte de Migración Colombia y la Policía de Barranquilla para enfrentar la migración ilegal y la delincuencia de extranjero. Anteriormente se había conocido de un video filtrado de un consejo de seguridad el domingo en Barranquilla. De la Espriella dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos. "La orden a Migración es clara (....) primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados", dijo.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Durante su visita a Buenaventura, una de las poblaciones afectadas por el terremoto en Colombia del 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que desde el 26 de agosto se hará entrega del subsidio de arriendo para las personas “cuya vivienda fue destruida o quedó afectada” en esta población del Valle del Cauca. (Lea también: Abelardo de la Espriella anuncia de cuánto será el apoyo monetario para damnificados por terremoto)La suma será de 1.050.000 pesos por el periodo de 3 meses, es decir, 3.150.000 pesos que podrían ser prorrogables, según dijo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien sostuvo que “el que tiene daños menores se le va a dar material y arregla su casa” y “el que la perdió completamente se le va a dar una ayuda económica”.¿Cómo entregarán el subsidio?De acuerdo con De la Espriella, se dará desde la UNGRD, a través de un operador logístico o una entidad bancaria, directamente a la cabeza de cada familia, “siempre y cuando figure inscrito en el registro único de damnificados” y “podrá reclamar la ayuda con su cédula”.Asimismo, reiteró que Asobancaria, junto a Davivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia, anuncian una reducción de tasa del 14 al 8 % para vivienda nueva. Además, Argos informó que donará 500 casas para Chocó, Eternil dará 50 para Buenaventura y Constructora otras 50, detalló el ministro de Vivienda, quien también confirmó que a Chocó llegan 480 toneladas de materiales y a Buenaventura 320 toneladas, que se usarán para “arreglos primarios de casas que no hayan tenido mayor afectación”.En las otras regiones afectadas por el terremoto, se dará un subsidio de arriendo por concepto de 875.452 pesos. Como en el caso de Buenaventura, inicialmente se otorgará por tres meses, para un total de 2.626.356 pesos por familia.El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala que el terremoto ha afectado a 16 departamentos y 494 municipios, con 159.924 familias y 324.157 personas damnificadas. En el Chocó, donde se ubicó el epicentro, se contabilizaron 12 fallecidos, 3 desaparecidos, 3.521 viviendas destruidas y 19.412 más averiadas. "No vamos simplemente a reemplazar lo que se perdió. Vamos a reconstruir mejor lo que había, con mayor seguridad, infraestructura más resistente y más posibilidades de trabajo", afirmó De la Espriella. (Lea también: Vacunas prioritarias tras el terremoto en Colombia: ¿cuáles son y quiénes deben aplicárselas?)Reconstrucción previstaEl Gobierno calcula en cerca de 30 billones de pesos (unos 9.500 millones de dólares) el costo de la reconstrucción en Colombia, que será coordinada por el denominado Fondo Milagro, cuya gerencia está en manos del empresario Jaime Uribe. Tendrá a su cargo la coordinación de los recursos públicos y privados y de las empresas constructoras, proveedores, ingenieros, arquitectos, autoridades locales y comunidades que participen en la recuperación. De la Espriella aseguró que la reconstrucción deberá avanzar con rapidez, pero bajo criterios de transparencia y control, y advirtió que no permitirá que la emergencia sea utilizada con fines de clientelismo. (Lea también: "No voy a aceptar migración ilegal": De la Espriella ordena deportaciones en Colombia)"La magnitud de los daños es enorme y reconstruir todo exigirá tiempo, recursos y amor por esta patria", reconoció el jefe de Estado, quien aseguró que liderará personalmente el proceso y supervisará el avance de las obras. Destacó especialmente la situación del Chocó, departamento que, según dijo, ha sufrido durante décadas un "abandono histórico", y aseguró que no permitirá que la reconstrucción se convierta en otra promesa incumplida.NOTICIAS CARACOL*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar a migrantes irregulares en el país.El mandatario llegó al poder el 7 de agosto con una agenda de línea dura que quedó en pausa tras un potente terremoto que deja 329 personas fallecidas, 16 departamentos, 159.924 familias y 324.157 personas afectadas, además de regiones enteras en emergencia.Según un video filtrado de un consejo de seguridad el domingo en Barranquilla (norte), el mandatario dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos."La orden a Migración es clara" (....) primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados", dijo desde la caribeña ciudad, que considera su casa y donde estableció una sede presidencial alterna a la de Bogotá."No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo lo colombianos y tercero lo colombianos, para que le quede claro a todo el mundo", añadió.Colombia ha sido en la última década el principal destino de la migración venezolana que huye de la crisis en su país. Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, estimó en 3 millones los venezolanos en Colombia para 2025.El Permiso por Protección Temporal (PPT) hace parte del proceso de regularización migratoria que Colombia puso en marcha en 2021, con la adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos mediante el Decreto 216 del 1 de marzo de ese año. El mecanismo busca regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos en el país y les permite contar con un documento de identificación expedido por Migración Colombia. El PPT es un trámite de expedición gratuita y no requiere intermediarios. Para acceder a este permiso se deben cumplir las condiciones establecidas en el Estatuto Temporal de Protección y completar las etapas correspondientes del proceso.Tradicionalmente la derecha colombiana promovió políticas de acogida para la diáspora venezolana con un discurso fuerte contra el chavismo.AGENCIA AFP
El presidente Abelardo de la Espriella visitó Chocó, uno de los apartamentos afectados por el devastador terremoto del pasado 10 de agosto. Entre los anuncios que entregó el mandatario está la creación del 'fondo milagro', proyecto en el que se anunció cómo empezará a funcionar la reconstrucción y la inversión de los 30 billones de pesos.De acuerdo con el mandatario, una de las acciones concretas para las familias que perdieron su vivienda o su casa quedó inhabitable es que, a partir del 26 de agosto, comenzará la entrega de un apoyo económico por concepto de 875.452 pesos. Inicialmente, dijo De la Espriella, se otorgará por tres meses, para un total de 2.626.356 pesos por familia.“El dinero llegará directamente a la cabeza de la familia afectada a través de un operador logístico o una entidad bancaria”, anunció De la Espriella. También aprovechó para confirmar a Jaime Uribe como el encargado de liderar el ‘fondo milagro’ para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.Viviendas nuevas para familias que perdieron su hogarEl presidente De la Espriella explicó que para la reconstrucción se sumarán los empresarios más importantes del país y, a través de esta articulación, se han logrado recursos por 2 billones de pesos destinados a los damnificados. “Esta emergencia nos ha demostrado que cuando los empresarios y el Estado trabajan unidos, con un mismo propósito, podemos transformar la solidaridad en soluciones concretas y resultados”, añadió.Destacó la labor del grupo Argos, que entregará 1.000 casas de construcción rápida para los damnificados, de las cuales 200 a 500 serán destinadas a Chocó. También anunció el mecanismo de la “autorreparación” o “autorreconstrucción asistida”. Para este objetivo, mencionó que antes se debe conocer la caracterización de cada casa y destacó que “no se construirá a ciegas”, sino que se desplegará un gran equipo de expertos para determinar que debe hacerse en cada caso particular.“Muchas de estas casas pueden recuperarse con materiales adecuados, asistencia técnica de primer nivel y mano de obra bien organizada”, dijo. Así las cosas, una vivienda con daños menores recibirá materiales, mientras que una vivienda averiada, pero recuperable tendrá acompañamiento necesario para su reparación. “Una vivienda destruida o inhabitable, según el concepto de los expertos, será reemplazada como corresponde”, señaló el mandatario.Entre los anuncios claves está que las familias cuyas casas están averiadas, pero son habitables recibirán kits de materiales de acuerdo con los expertos de determinar el nivel de afectación. “El material será para uso exclusivo de quienes lo reciben”, dijo. De hecho, mencionó que cuando las condiciones lo permitan, las propias familias participarán en la recuperación de las viviendas.“Esta iniciativa no significa que el Gobierno abandone a la gente a su suerte ni trasladarle las obligaciones que nos corresponden, significa que aprovecharemos, en aras de la celeridad, la voluntad del pueblo colombiano de trabajar por su propia recuperación”, aseguró. Añadió que el Estado llegará a todos los rincones, navegará por ríos para llevar ayudas. Hizo un llamado a las autoridades locales para que procedan con rigurosidad y agilidad para atender a los damnificados. Manifestó que la magnitud de la reconstrucción es enorme y requerirá tiempo, recursos y amor.NOTICIAS CARACOL