Superintendencia de Industria y Comercio encontró que hicieron acuerdos para eliminar la competencia entre ellos, afectando así los procesos de contratación.
“Los contratistas investigados tenían como finalidad repartirse, entre ellos, las distintas zonas de la ciudad respecto de la contratación del programa de refrigerios escolares en Bogotá, cuyos beneficiarios son más de 780 mil niños”, explicó el superintendente Pablo Felipe Robledo.
Según la Superindustria, estos empresarios, junto con 18 personas naturales, se confabularon desde el 2007 afectando procesos de contratación en la alimentación por más de 1,5 billones de pesos.
Los investigados celebraron reuniones, se cruzaron llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto (SMS), mensajes de Whatsapp y documentos digitales por medio de los cuales coordinaron los acuerdos y las conductas que eliminaron la competencia entre ellos.
Los contratistas, que además tienen otras investigaciones, serían sancionados con multas hasta de 78 mil millones de pesos
“Es una noticia muy triste, estamos hablando de unos recursos que tiene el Estado que se invierten en la alimentación de nuestros niños; niños por lo general de escasos recursos económicos”, agregó Robledo.
Estos contratistas no solo se cartelizaron, sino que además ejercieron presión sobre las entidades contratantes para quedarse con el manejo del programa de alimentación escolar.