Así lo determinó con el fin de continuar la reparación a través de restitución de tierras, entre otras formas.
La corte exhortó al gobierno y al Congreso de la República para que antes del 10 de julio de 2021, cuando finaliza la vigencia de la ley, prorroguen la norma o adopten un régimen de protección de las víctimas para garantizar sus derechos.
Sin embargo, si eso no ocurre, la norma se amplía automáticamente hasta el 7 de agosto de 2030.