En un documento enviado a la Corte Constitucional, el alto representante indicó que podrían crearse escenarios de impunidad.
La ONU sostiene que dar un plazo al Congreso para reglamentar ese tratamiento especial “condiciona la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a las decisiones individuales de los involucrados, creando un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”.