El Consejo de Estado negó la tutela interpuesta por el contralor Edgardo Maya Villazón, con la que pretendía seguir con el contrato de arriendo de la nueva sede, suscrito por la excontralora Sandra Morelli.
El contralor pretendía seguir en esa sede, pagando el arrendamiento que corresponde, sin tener que prorrogar el contrato.
Según la decisión del alto tribunal, la solicitud del contralor es improcedente ya que ésta debe resolverse en el ámbito civil.