Demandantes exigían no solo la plata que le dieron a la captadora, sino además los intereses que les prometieron y compensación por el “perjuicio moral”.
Las peticiones fueron desestimadas por el juzgado segundo administrativo del circuito de Popayán. De acuerdo con el fallo, citado por la Superintendencia Financiera, “no puede atribuirse culpa alguna al Estado que, en todo momento y una vez descubierto el fenómeno, empezó a alertar a la población para que no invirtieran en negocios de dudosa credibilidad”.
Las autoridades colombianas hicieron un nuevo llamado a los ahorradores para que no crean en rentabilidades exageradas.